El Poder Judicial de Estados Unidos ordenó a la provincia de Buenos Aires a que les pague U$S 124,8 millones a los dos fondos buitre que no entraron en el canje de deuda que en 2020 realizó la gestión de Axel Kicillof. Desde La Plata le restaron importancia al fallo y defendieron el proceso de quita de compromisos que implicó la negociación.
Los fondos Glacial Capital (Aurelius) y a TRSE Holdings (Paloma) recurrieron a los tribunales del Distrito Sur de Nueva York porque rechazaron los nuevos bonos que ofreció el gobierno provincial, que además dejó de pagar a quienes, con actitud especulativa, no aceptaron las nuevas condiciones.
"Es importante recordar que el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires concluido en 2021 permitió canjear el 98% de los bonos, y resolver de esa forma el problema de insostenibilidad de deuda existente. Dado ese alto porcentaje de aceptación, sólo Glacial Capital y TRSE Holdings iniciaron demandas", remarcaron desde el comando de Kicillof. Desde el inicio de la gestión, "la Provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de su deuda con acreedores bajo ley extranjera, y lo seguirá haciendo de una manera acorde al contexto económico provincial actual", agregó esta misma fuente.
En La Plata consideran que la respuesta a los fondos buitre es que seguirán "trabajando para regularizar en un 100 por ciento de forma sostenible la situación de la deuda con acreedores bajo ley extranjera, de una manera acorde al contexto económico provincial actual". La sentencia contra la provincia de Buenos Aires es apelable, pero es poco probable que la provincia lo haga porque el costo de representación legal de una operación prolongada es más caro que el fallo en sí”.
El festival de deuda macrista
El conflicto entre los acreedores de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof tuvo varios episodios y demandó 15 meses de negociaciones entre 2020 y 2021. La oferta inicial presentada por el gobierno bonaerense no había sido aceptada por los acreedores y, en medio de la discusión, habían quedado impagos intereses por unos U$S 100 millones correspondientes a uno de los bonos a reestructurar.
Fuentes provinciales apuntaron que al momento del canje, la reestructuración implicaba un alivio financiero de aproximadamente U$S 4.600 millones hasta 2027, triplicación de los plazos de repago y reducción permanentemente el costo de la deuda en bonos bajo legislación extranjera.
La operación logró destrabarse cuando GoldenTree Asset Management, el principal acreedor de la Provincia de Buenos Aires, dio su apoyo a la enmienda a la oferta presentada por la administración Kicillof.
Los plazos de pago se extendieron hasta el 2037 y los acreedores recibirán una parte en efectivo equivalente a un 10 por ciento de los intereses vencidos y no pagados. El 90 por ciento restante es capitalizable y se acordó pagar con los nuevos bonos que entregó la provincia. Se entregaron dos bonos en dólares y en euros, con vencimiento en 2037, que comenzarán a pagar capital en 2024 y 2028. Las tasas de interés que pagarán los bonos serán escalonadas hasta alcanzar valores del 5 al 6 por ciento en los cupones.
Tras la “fiesta de emisión de deuda” de María Eugenia Vidal, Buenos Aires aumentó su pasivo medido en dólares desde los U$S 9.300 millones a los U$S 11.300 millones. Si se compara en pesos, se quintuplicó gracias a las devaluaciones de Cambiemos.
Desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8 por ciento. En el caso de Buenos Aires, la deuda pública de la trepó 435 por ciento. Sólo entre 2016 y 2018 la administración de Vidal pagó 100 mil millones de pesos en intereses.
En dólares la deuda aumentó un 28 por ciento, mientras que en relación a sus recursos aumentó en un 56 por ciento y respecto al tamaño de su economía subió 58 por ciento. En diciembre de 2015 la deuda de Buenos Aires representaba el 5,9 por ciento de Producto Bruto Geográfico, mientras que en 2019 llegaba al 11,4 por ciento (según los datos oficiales). También cambiaron los deudores. En 2015 casi un tercio de la deuda era con el gobierno nacional (34,5 por ciento), pero ese porcentaje en 2019 bajó al 5 por ciento”. El resto es con privados, con quien hay actualmente un principio de acuerdo.
En 2015 el endeudamiento público representaba el 5,9 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG) bonaerense. Esa deuda estaba nominada entonces en un 58 por ciento en moneda extranjera (5419 millones de dólares) y un 42 por ciento en pesos (equivalentes a otros 3943 millones de dólares), lo que totalizaba una deuda –entre ambas monedas—por el equivalente a 9362 millones de dólares.
En 2017 el total de la deuda provincial alcanzó a 13.649 millones de dólares, al 7 por ciento del PBG. Su composición se modificó significativamente: la deuda en moneda extranjera se elevó al 75 por ciento del total. Hasta el mediados del año pasado, al menos, este aumento tenía como correlato un incremento en la inversión pública en infraestructura, lo cual no sucede en la actualidad.
A fines de 2018 la deuda provincial era de 10.523 millones de dólares en moneda extranjera, hasta que se cerraron los mercados voluntarios para Nación y provincias y las nuevas colocaciones se frenaron. Otros 206.593 millones de pesos de deuda está en moneda local. Al tipo de cambio de fin de mandato de Cambiemos, el total del endeudamiento público alcanzaba a 11,4 por del PBG, con una composición cada vez más dolarizada (86 por ciento en moneda extranjera).
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