La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska le ordenó a la Argentina pagar 142 millones de dólares a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país (2006, 2010 y 2016). La magistrada se pronunció en el expediente iniciado por 12 Fondos (buitres), entre los que sobresale Bybrook Capital.
El grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por 142 millones de dólares por la deuda defaulteada en 2001. Entre este remanente de litigantes se encuentra el fondos buitre Bybrook Capital, quienes recibirán un pago ajustado a una tasa anual de 9%.
Los canjes de deuda de 2006 y 2010 habían obtenido una aceptación superior al 93% de los bonistas defaulteados. Por entonces, un grupo de fondos buitres obtuvo una sentencia favorable para que se les pague el total de la deuda defaulteada. El juez Thomas Griesa falló a favor de NML Capital (Paul Singer) y Aurelius; la sentencia luego fue confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la administración Macri les pagó al contado 9000 millones de dólares. Tras la Muerte de Griesa, la magistrada Loretta Preska tomó su lugar.
La magistrada es la misma que condenó a YPF a pagar 16.100 millones de dólares por el supuesto trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la expropiación, el grupo Eskenazi. Este holding vendió sus derechos sobre el juicio al fondo buitre Burford.
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Van por todo
El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51 por ciento de las acciones de YPF que posee el Estado desde que expropió la compañía en 2012. El pedido se sustenta en la presión de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones por la nacionalización de la petrolera.
Los demandantes (Buford Capital y Eton Park) iniciaron la demanda por la forma en que el Estado nacionalizó la petrolera al comprar el 51 por ciento de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Como parte de este proceso, los buitres amenazan con impulsar el embargo de diferentes activos del país y empresas del Estado nacional.
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