El mercado empezó a especular sobre las posibilidades de un canje “atractivo” de deuda que podría llevar adelante la gestión de Javier Milei y Luis Caputo a partir de la modificación por DNU de las condiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado, pero desde la política advierten que esa operación como el Megacanje de 2001 puede terminar con todos los participantes “caminando los pasillos de Comodoro Py”.
“Extender los pagos de capital por un par de años, al tiempo que se mejoran esos cupones bajos, podría lograr un canje atractivo de VPN (Valor Presente Neto) uniforme (o positivo)”, evaluó Portfolio Personal Inversiones (PPI), en un informe que remitió a sus clientes. “Una gestión de pasivos centrada en un enfoque voluntario y extremadamente favorable al mercado podría ser un escenario de ganar-ganar tanto para el Gobierno como para los tenedores de bonos”, consideró.
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El “ganar-ganar” al que se refiere PPI está referenciado en considerar que un canje voluntario sería la única opción a un default de la deuda, que el mercado empieza a considerar posible cuando llegue enero y deba hacer frente al vencimiento de capital por US$ 2.900 millones y pagos de intereses por otros US$ 1.500 millones entre los bonos Globales (con legislación extranjera) y Bonares (con legislación local).
El Tesoro adquirió al Banco Central las divisas necesarias para el pago de los intereses que anunció que girará al Bank of Nueva York (BoNY) que actúa como agente pagador para los tenedores internacionales de los bonos, pero nunca precisó cómo hará frente al pago del capital.
Una de las opciones que trascendió es la de tomar un crédito REPO de bancos comerciales otorgando como garantía el oro de las reservas del Banco Central que fue sacado subrepticiamente del país y trasladado aparentemente físicamente a Londres y acreditados en una cuenta en el Banco Internacional de Pagos de Basilea.
La otra opción que maneja el ministro Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es pagar los intereses y llevar adelante un canje del capital, que resultaba imposible en los términos de la Ley de Administración Financiera, lo que quedaría salvado con la modificación introducida por DNU 846/2024.
“Lo que dispone ese DNU es una catástrofe. La última vez que no se respetó el criterio de mejorar 2 de 3 (monto, plazo o tasa) fue en el Megacanje de 2001 y terminó en una operación ruinosa para el país y con los funcionarios procesados”, recordó una fuente consultada. “Además, es una pésima señal para el mercado que el Gobierno reconozca que no puede pagar respetando la ley”, añadió la fuente.
Pero en el mercado hay otra apreciación y consideran que la modificación permitirá hacer un canje en los términos del mercado. “Es la realidad, salvo canjes en default, no hay forma de que se pueda cumplir con la regla de dos de tres”, afirmó otra fuente consultada por El Destape.
“Las cosas valen lo que dicen que valen. Si el Tesoro tuviera fondos, compraría la deuda, ya que está a la mitad de su valor, y vale la mitad porque el mercado sabe que no tenés los fondos, sino valdría más y no estarías en esta posición de tener que ir a un canje para evitar el default”, sumó.
Los bloques legislativos de Unión por la Patria en Diputados y en el Senado anticiparon que buscarán rechazar el DNU. Por la ley que reglamentó los Decretos de Necesidad y Urgencia se necesita el rechazo de las dos cámaras para dejar sin efecto un DNU. Si solo una cámara lo rechaza y la otra no lo trata, mantiene su vigencia, como ocurre con el DNU 70/2023 de desregulación de la economía rechazado en el Senado pero nunca tratado en Diputados.
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A partir del Decreto 846/2024, el gobierno modifica el marco que regula las operaciones de deuda. En 2025 se aproximan importantes vencimientos de deuda en dólares que, cabe suponer, no podrá atender: las reservas están en terreno negativo, el acceso al crédito internacional sigue prácticamente cerrado (el riesgo país ronda hoy los 1300 puntos básicos) y aún no hay novedades de un nuevo acuerdo con el FMI.
La analista económica Eugenia Aruguete explicó que “al habilitar un canje en condiciones de mercado, exceptuándolo de la obligación de mejorar al menos dos de tres condiciones de la deuda –montos, plazos y tasas-, el Estado podría avanzar en una reestructuración que le permitiera postergar vencimientos, pero aumentando los montos y el costo de la deuda”.
“Una operación tal podría incrementar las obligaciones en dólares del Estado nacional y no necesariamente despejaría el horizonte de un posible nuevo default”, advirtió.
Recordó “la experiencia del mega-canje en 2001, que mejoró el perfil de vencimientos en el corto plazo, pero incrementó el stock de la deuda y los servicios a pagar en el futuro, que aumentaron en más de 50.000 millones de dólares. En diciembre de ese mismo año, el país cayó en uno de los mayores defaults hasta entonces conocidos en el mundo”.
Para PPI lo que hizo el DNU es equiparar las condiciones de canje que rigen para la deuda en pesos con la de la deuda emitida en divisas. “Con esta modificación, se permite estirar plazos ofreciendo a los bonistas mayores intereses y capital sin pasar por el Congreso. Hasta el momento, los canjes con cierta versatilidad estaban excluidos solo a la deuda en moneda local. Con el DNU, la flexibilidad se extiende a la deuda emitida en todas las monedas”, destacó.
Según Alfredo Schclarek Curutchet, profesor Universidad de Córdoba e investigador del Conicet, "pasar por el Congreso siempre es mejor para el largo plazo" mientras "el Gobierno pide discrecionalidad y eso al final termina priorizando el corto plazo, político, electorales o económicos, en lugar de priorizar la sostenibilidad a largo plazo de la deuda externa". Al respecto, afirmó: "El único fin es evitar el default en un año electoral pero a mediano y largo plazo no es beneficioso para el país. Ese es el peligro de actuar con discreción total".
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