En medio del ahogo financiero que sufrió por el inevitable derrumbe de su modelo, Mauricio Macri corrió al FMI en 2018 para naufragar al menos hasta las elecciones del año siguiente. En su apuro por volver a alimentar la máquina de fuga de divisas ni siquiera se ocupó de respetar la ley argentina que dictan cómo debe contraerse deuda. Así fue denunciado en la justicia por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la fiscalía planteó que merece ser investigado.
El 10 de octubre, el fiscal federal Fabián Canda dictaminó que la causa por la nulidad del acuerdo con el Fondo debe ser admitida y que el MNER tiene legitimación para llevar adelante el proceso iniciado en diciembre de 2019. De este modo, le pasó la pelota al juez Pablo Cayssials para que decida sobre la admisibilidad del proceso.
El planteo de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal 8 llega después de la ampliación de la demanda de este año para presentar el informe sobre fuga de capitales realizado por el Banco Central, en el marco del pedido del Juez de encuadrar el caso como un proceso colectivo. Patrocinado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público, el MNER pretende obtener la declaración de nulidad del crédito por U$S 50.000 millones contraído con el FMI en 2018, así como de su incremento a U$S 57.000 millones pocos meses después.
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Finalmente, el Fondo giró U$S 44.000 millones y esto tuvo serios perjuicios en la sociedad, argumentan los denunciantes, razón por la cual se presentaron en el fuero civil. En caso de que la justicia eventualmente falle a favor de su reclamo, el objetivo perseguido es obtener consecuencias a futuro, ya que el dinero transferido no puede ser omitido. Caberá en ese caso que se determinen responsabilidades patrimoniales sobre los firmantes, como Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger e incluso su jefe máximo, Mauricio Macri.
Tal como había revelado El Destape el año pasado, la documentación del propio Ministerio de Hacienda y el Banco Central respalda la acusación de que la gestión de Cambiemos hizo caso omiso a las normas legales y reglamentarias que determinan cómo debe tomarse las decisiones administrativas, en particular las de toma de deuda por montos inéditos.
Entre las falencias más graves se presenta que el préstamo se produjo sin procedimiento administrativo ni expediente previo. Esto resulta inconcebible dentro del Estado incluso para cualquier operación insignificante, por lo que debería repararse aún más cuando se trata de un crédito multimillonario.
Tampoco existieron dictámenes jurídicos previos, completos y emitidos por el órgano competente, de acuerdo a los archivos que el MNER pudo compilar en diversos pedidos de acceso a la información pública.
Uno de los puntos más relevantes hoy consiste en que no existió dictamen previo del BCRA, exigido por la ley 24.156. La autoridad monetaria debe calcular cómo se devolverá cada uno de los billetes que el Estado toma de deuda para, justamente, opinar si el acuerdo le conviene o no a Argentina.
El papel firmado se realizó en base a memorandos que no se apoyan en informe, estudio o dictamen alguno que los sostengan. Por último, tampoco existió decreto presidencial que autorice la firma de los funcionarios que suscribieron las cartas de intención.
Es decir, Macri pasó por encima de toda la reglamentación legal argentina a la hora de mendigarle al FMI un crédito que le sirva de salvavidas que le dé un nuevo aire a su gobierno. Ni siquiera generó el efecto deseado y todos los dólares ingresados se fueron por la misma puerta giratoria ante la implosión de su modelo. Por eso, en la recta final, el expresidente impuso nuevamente el cepo cambiario, lo que sí le permitió llegar al 9 de diciembre de 2019.
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