Un 19 de abril, pero en 1956, Argentina, por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, ingresó al Fondo Monetario Internacional, contrayendo así su primer préstamo con dicho organismo. A partir de ese momento, inició una historia de endeudamiento asfixiante que aún aqueja al país y de la cual busca liberarse de una vez por todas.
La incorporación fue recomendada por el entonces asesor del gobierno Raúl Presbich, quien en su “Informe preliminar acerca de la situación económica”, instó a que el país se endeudara con el exterior.
Posteriormente llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el Fondo. En 1958, el presidente Arturo Frondizi concretó un stand-by. Ese programa implicó unos U$S 75 millones de entonces -equivalente a un 0,5% del PBI- y del 50% de la cuota del país en el organismo.
Según se explicó en ese momento, el objetivo de ese crédito era el apoyo a un “programa de estabilización” que incluía “una reforma del sistema de cambios”, para “terminar con la inflación” y restablecer el balance entre los precios internos y externos. Sin embargo, los objetivos no fueron cumplidos y se firmaron otros tres acuerdos stand by (1959, 1960, 1961), que subieron el monto del programa a U$S 100 millones. Luego, el mandatario de facto José María Guido selló otro stand-by, en 1962.
Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se firmaron dos acuerdos stand-by por U$S 100 millones y U$S 125 millones, en 1967 y 1968. En ambos casos el objetivo era frenar la inflación y “sentar las bases para el crecimiento de largo plazo”.
Más adelante, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se firmaron otros cuatro entendimientos. El primero fue concretado por Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, por un monto de U$S 300 millones. Un año después, en 1977, se firmó un segundo stand-by, para“fortalecer la balanza de pagos” y “reducir la tasa de inflación” a fin de “generar las bases para un renovado crecimiento económico”.
En 1983, ya con Reynaldo Bignone, selló dos acuerdos más: un ‘compensatory financing facility’ por U$S 550 millones de entonces, y un nuevo stand-by, por U$S1500 millones de aquel momento (1,4% del PBI).
Deuda en democracia
Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se firmaron cinco acuerdos, concretados entre 1984 y 1988, mientras que con Carlos Menem fueron otros cinco programas. El último de esta serie fue en 1998, por U$S 2800 millones (0,9% del PBI).
En 2000 y en medio de una terrible crisis económica, el gobierno de Fernando De la Rua acudió al organismo y cerró un nuevo acuerdo stand-by por U$S7200 millones de entonces. Era el más elevado de los firmados a la fecha, por un monto estimado en el 4,8% del PBI.
Sin embargo, se trató de un absoluto fracaso. El FMI retiró su apoyo en 2001 y la crisis derivó en la salida de De la Rua del gobierno.
Ya con Eduardo Duhalde, Argentina firmó un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, que refinanció deudas acumuladas. Ese programa consistió en un esquema de tres años, por un monto de U$S 12.500 millones de entonces.
No obstante, por decisión de anticipo, Néstor Kirchner canceló más de U$S 9.800 millones que el país debía pagar al FMI, utilizando reservas del Banco Central.
Trece años más tarde, el FMI regresó tras la llamada argentina. Fue en junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri acudió al organismo para obtener financiamiento, en un contexto de corrida cambiaria y una extraordinaria fuga de capitales.
En ese momento, se firmó un acuerdo stand-by por U$S 50.000 millones y tres años de duración, que luego se modificó y amplió hasta los U$S 57.000. De ese total, el país recibió 44.000 millones, aunque el programa nuevamente se derrumbó y se abandonó tras la salida de Macri de la presidencia. La cifra es récord histórico para el organismo.
Con la llegada del Frente de Todos al poder, el gobierno de Alberto Fernández llegó a un entendimiento de refinanciación para cancelar pagos a largo plazo. La Argentina se encuentra en el inicio de un largo camino que conllevará postergar pagos a cambio de aplicar un esquema que combina disciplina fiscal y medidas que apuntalen la recuperación económica.
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