La administración de Javier Milei llegó a un entendimiento el miércoles con el Fondo Monetario Internacional para recibir en los próximos días cerca de 4.700 millones de dólares que serán utilizados para pagarle una serie de vencimientos al mismo organismo. En los hechos, ambas partes acordaron retomar el acuerdo que había dejado el FdT/UP con el objetivo de evitarse un nuevo escollo parlamentario. Sin embargo, en esta oportunidad, los representantes del FMI no tuvieron que poner cara de perro ni de gendarmes de las finanzas globales para cuidar la macro local. Las metas de ajuste y reformas estructurales, alabadas al extremo por el organismo, fueron servidas en bandeja directamente por la administración libertaria. El FMI solo tuvo que apretar el botón de la motosierra.
El ajuste para este 2024 será más drástico del informado inicialmente por las autoridades nacionales. El compromiso sería alcanzar un superávit del 2% del PBI, con los recursos de la ley ómnibus. De no aprobarse, Caputo prometió un mayor ajuste “que generará sufrimiento a los argentinos”. Lo dijo son eufemismos.
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En concreto, lo único que consiguió la actual administración, jaqueada por los deseos del mercado de concretar a pleno el programa de miseria planificada, serían tres meses de gracia hasta la llegada de los dólares de la cosecha gruesa. Luego, se verá. Las cerealeras, por su parte, jugarán su juego: presionarán por una nueva devaluación.
Al Fondo solo le interesa el ajuste fiscal y las reformas estructurales. Por eso manifestaron su aval a la quita de subsidios, el fin de la obra pública y el recorte de la asistencia social vía “la eliminación de intermediarios”. Como si fuera poco, se reservaron un espacio para la ironía. O quizás no fueron tan irónicos.
El Fondo parafraseó una vieja frase de Carlos Menem. “Del estamos mal pero vamos bien”, expresada por el riojano en épocas de hiperinflación, ahora la “onda” sería “el camino hacia la estabilidad será desafiante, con algunas condiciones que empeorarán antes que mejorar” (Dixit)
Los dueños
La dupla Caputo–Bausili, uno ministro de Economía y el otro titular del Banco Central, presentó en conferencia de prensa los alcances del entendimiento con el Fondo. En concreto, la administración libertaria ganó tiempo hasta abril. El organismo enviará 4700 millones de dólares para pagar los vencimientos de enero, abril y cubrir lo abonado en diciembre del año pasado. Para esa fecha, ya deberían ingresar los dólares de la cosecha de la soja, aunque existe un pequeño detalle. Las cerealeras ya se plantaron por la posible suba de retenciones.
El conflicto se resolverá. Siempre ocurre. Massa tuvo que implementar las distintas variantes del dólar soja para conseguir la buena predisposición de este sector económico. Por ende, no sería extraño que, para entonces, los sojeros nucleados en la CIARA – CEC jueguen su poder de fuego con nuevas presiones para una devaluación. Es decir, su compartimiento habitual. Se creen los dueños de los dólares, solo porque son tratados como tales.
Pero el Gobierno consiguió algo más que el puente hasta abril. El aval político del Fondo fue total. De hecho, adoptó letra por letra el programa de ajuste libertario, al ponderar el fin de la obra pública, los recortes en las transferencias hacia las provincias, y la quita de subsidios. Otra muestra más de cogobierno explícito; aunque en esta oportunidad, las metas parecieran haberse escrito en los despachos del Poder Ejecutivo. El FMI aceptó gustoso. El único reparo sería que Milei pueda pasar por el Congreso lo que el organismo denominó reformas estructurales.
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Tal como había publicado El Destape, los fondos de inversión que esperan ansiosos el inicio de las privatizaciones para desembolsar dólares en forma de deuda, necesitan la estructura jurídica de la ley ómnibus y el DNU. Su autor, Federico Sturzennegger es hoy lo que en los ´90 fueron Roberto Dromi, Juan Carlos Cassagne y el mismo Rodolfo Barra, arquitectos jurídicos de la reforma del Estado y las privatizaciones.
“Sin la concreción de las reformas, no habrá dólares”, había esbozado un lobo de Wall Street en diálogo con este portal. El Fondo ratificó lo publicado por El Destape.“Si la ley (ómnibus) no sale, tendremos que tomar medidas más duras. Los argentinos van a sufrir más”, aclaró Caputo. El mensaje llegó al poder económico. Quizás, este jueves haya alguna respuesta, cuando el Banco Central concrete la nueva licitación de los bonos para cubrir las deudas comerciales de los importadores, a través de instrumentos que se suscriben en pesos y pagan en dólares. Una suerte de privatización de la deuda comercial adquirida, en un 50%, con sus propias casas matrices.
Los principales interesados en conseguir este instrumento de salvataje, remunerado por el propio Gobierno, fueron las empresas de los Estados Unidos a través de la Cámara que las nuclea (AmCham). Dicha maniobra de endeudamiento entre empresas de un mismo grupo económico había sido señalada por Cristina Fernández de Kirchner, como un posible mecanismo de fuga de divisas.
En venta
El comunicado del Fondo dejó entrever un interés geopolítico de los Estados Unidos en relación a los recursos naturales del país. La historia sería la siguiente.
A los tres días de haber asumido el nuevo Gobierno, Caputo–Bausili recibieron en la Casa Rosada a una delegación del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, cuyos representantes estaban interesados en dialogar sobre las potencialidades económicas del país. Por entonces, la embajada estadounidense destacó: “Se discutió la manera en que Estados Unidos y Argentina pueden fortalecer sus lazos de cooperación, en especial lo vinculado a las energías verdes”.
Y el Fondo respondió: “Existe cierto compromiso para impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina, incluso aumentando la competencia y simplificando la burocracia. Las recientes iniciativas legislativas representan un paso importante en esta dirección, para el cual se está buscando apoyo político”. BlackRock y Elon Musk, junto a otros fondos de inversión, aguardan para lanzarse sobre el litio, Vaca Muerta e YPF.
Más shock
El ajuste de shock será más brutal de lo que ya habían anunciado desde el Gobierno. Lo curioso es que el Fondo no tuvo que exigirles nada. El acuerdo anterior, cerrado por Massa, exigía alcanzar un déficit fiscal del 0,9% del PBI. Ahora se comprometieron a un superávit fiscal del 2%, sin tomar deuda. Esto implicará, probablemente, mayores recortes que caerán sobre los trabajadores y trabajadoras y la clase media. Y una posible reestructuración de pasivos en pesos.
“El Fondo está cómodo con las metas”, sostuvo Bausili. No es para menos. El libreto del cogobierno fue escrito en el quinto piso del Palacio de Hacienda y en las oficinas de Sturzennegger. Los autores intelectuales fueron las empresas nucleadas en la AmCham, la Unión Industrial Argentina, la Copal y los fondos de inversión que aguardan la liquidación del FGS y las privatizaciones. Un Estado cooptado, tal como lo definió el CEPA. Y lo expresan sin eufemismos, y con cierto tono amenazante.
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“La gente votó estas reformas. ¿Los políticos estarán a la altura?”, lanzó Caputo, antes de vaticinar el sufrimiento de los argentinos en caso de no aprobarse el nuevo corpus jurídico (legalidad fraguada).
¿Estarán construyendo un escenario de caos, una suerte de estado de excepción como anticipó Barra en sus declaraciones en el Congreso?