Los hogares en los que el principal sostén de familia son mujeres enfrentan una situación económica más crítica y se ven obligados, en mayor medida, a recurrir a financiamiento para hacer frente a los gastos corrientes. En relación, un 45% del endeudamiento se destina al pago de impuestos, lo segundo en orden de importancia luego de la compra de alimentos y medicamentos, según un informe de CEPAL. Por eso, el escenario de subsistencia diaria de estas familias está atravesado por demoras tanto en el pago de impuestos y servicios como de tarjetas de crédito, fiado en comercios, préstamos bancarios e informales. Frente a ello una investigación reciente de especialistas tributarios asegura que las mujeres son “las perdedoras de la estructura tributaria regresiva” del país y señala que es necesario desterrar el mito que plantea que “la política tributaria es neutral en términos de género”.
Las políticas públicas pueden reducir o ampliar desigualdades y se debe poner el foco en la situación particular de las mujeres que son cabeza de familia, ya que “para todos los niveles y fuentes de ingreso la situación más desventajosa es la de la mujer que conforma un hogar monomarental con hijos o hijas a cargo. Estos hogares son los que enfrentan, en términos relativos, la mayor carga tributaria”, indicó el documento del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y profundiza sobre la posibilidad de aplicar alícuotas diferenciales en el impuesto al consumo para productos de la canasta básica.
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Los impuestos tampoco son neutrales
Las estructuras de los sistemas tributarios afectan de manera particular a las mujeres y pueden profundizar, sostener o achicar las desigualdades de género existentes.
En el país y en la región hay dos razones que explican lo anterior. “La primera tiene que ver con el carácter regresivo que mantienen las estructuras tributarias, cuando en términos relativos, los impuestos les pesan más a las personas u hogares que tienen menor nivel de ingreso, y menos a quienes tienen más ingreso o riqueza. Tal regresividad engloba en sí misma una dimensión de género, ya que las mujeres están sobrerrepresentadas en la población que no percibe ingresos propios, con menor nivel de ingresos laborales, que padece pobreza por ingresos y que es perceptora de transferencias asistenciales”, se detalló en el informe Mitos impuestos, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). Es decir que en los sectores de menores ingresos, en los que predomina la presencia de mujeres (creciente feminización de la pobreza), recae la mayor carga de los impuestos indirectos, como los que se aplican al consumo y las transacciones, y que tienen una participación del 50% en el total de la recaudación nacional, con especial incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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La segunda razón que planteó el equipo tributario encabezado por la economista Corina Rodríguez Enríquez se enfoca en el tratamiento diferencial en los impuestos que recaen sobre los ingresos personales como el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo. “La evidencia muestra que la situación de las personas asalariadas registradas es la más beneficiosa, principalmente por contar con la posibilidad de deducciones por cargas familiares y por gastos de consumo. Esta situación de inequidad horizontal tiene a su vez un sesgo de género, dada la subrepresentación de las mujeres en el trabajo asalariado y su sobre-representación en el trabajo por cuenta propia”, explicaron en la investigación.
Además se agregó que “para todos los niveles y fuentes de ingreso la situación más desventajosa es la de la mujer que conforma un hogar monomarental con hijos o hijas a cargo. Estos hogares son los que enfrentan, en términos relativos, la mayor carga tributaria manera en que operan las deducciones personales y especiales”.
Cómo reducir las brechas
Un aspecto interesante que se plantea en el mencionado informe tiene que ver con el análisis de la efectividad de la política que propone reducir las alícuotas del IVA para determinados bienes y servicios, por ejemplo, los de la canasta básica alimentaria.
Se sostiene que “un problema con esta ‘solución universal’ es que en términos absolutos la medida beneficia más a los sectores de mayores ingresos que tienen mayor nivel de consumo”. Para ejemplificar, “un ejercicio realizado en el 2010 mostró que el 64% del ahorro producido por la alícuota diferencial (10,5%) sobre los gastos de salud había sido apropiado por los hogares del octavo al décimo decil en la distribución del ingreso. Lo mismo ocurrió con el 37% del ahorro producido por la alícuota diferencial a la leche, y el 40% del ahorro producido por la alícuota diferencial de algunos alimentos (carne, pan, fruta y verduras)”.
Por eos, sobre dicha alternativa se propone “aplicar un IVA personalizado” que tiene como antecedente la medida de reintegro de una parte del IVA (15%) para los consumos en tarjetas de débito de personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUH), vigente hasta el 31 de diciembre de este año. “La iniciativa tuvo un impacto positivo en el poder adquisitivo de esta población. Para el caso de las personas beneficiarias de la AUH, si se utilizaba la totalidad del beneficio, representaba el 24% de la asignación”, señalaron las especialistas.
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Por su parte, el estudio La política fiscal con enfoque de género en países de América Latina, de la CEPAL sostuvo que “la política fiscal no es neutra, tiene un impacto diferenciado en hombres y mujeres, dados los roles, responsabilidades y oportunidades que tradicionalmente se asignan a cada género en la sociedad”, y resalta la necesidad de incorporar el enfoque de género con propuestas como “generar estadísticas tributarias desagregadas por sexo, esto facilitaría la obtención de información importante para diagnosticar los sesgos de género y avanzar en la toma de decisiones de políticas públicas para el cierre de brechas de género” .
Se destacó que “en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se debe prestar especial atención al tratamiento diferenciado que se da a los ingresos no laborales y los relacionados con la sociedad conyugal, así como a las desgravaciones tributarias relacionadas con el cuidado y que fomenten la incorporación de las mujeres al mercado laboral formal. En el caso de los impuestos indirectos, es preciso evaluar la posibilidad de otorgar tratamientos preferenciales a los bienes y servicios relacionados con la economía del cuidado”.
La riqueza está masculinizada
A diferencia de lo que sucede con los impuestos vinculados al consumo, al observar los tributos directos que se aplican sobre las rentas y propiedades, es posible detectar que la riqueza está masculinizada.
Sobre ello, un informe del Observatorio de Género del CEPA indicó que en el caso del Impuesto a los Bienes Personales, que se aplica sobre la valuación total del patrimonio (bienes inmuebles, automotores, naves y aeronaves, títulos y acciones en el país y en el exterior, entre otros) para el ejercicio fiscal 2020 del total de las personas alcanzadas el 34,5% corresponde a mujeres y el 65,5% a varones, por lo que “se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose, aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones”.
Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2020, sobre el valor total de los bienes declarados, el 72% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28%. Es decir que “no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del Impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. En otras palabras, los bienes de las mujeres en promedio valen menos que los de los varones”, detallan desde el centro de estudios.
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En cuanto al Impuesto a las Ganancias, con datos al 2020, los varones explican un 76,2% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres apenas un 23,8%. El centro de economía explica que “la brecha de ingresos que observamos en el mercado laboral en su conjunto se replica en aquellos ingresos alcanzados por este impuesto”. De cada 10 personas asalariadas registradas en empresas privadas, 7 son varones y 3 son mujeres, a lo que se suma la dificultad de las mujeres para insertarse en actividades económicas que se encuentran históricamente masculinizadas y que ofrecen mejores salarios promedios.