A nueve meses de haber suspendido la fórmula de movilidad jubilatoria ideada por el macrismo en el marco de la Ley de Emergencia Social, el Gobierno ultima los detalles para presentar una propuesta para establecer un nuevo cálculo de actualización automática. El proyecto será discutido en una comisión especializada durante octubre para luego pasar a una votación definitiva en el Congreso, lo cual se darían en noviembre.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó en la semana que se enviará en las próximas semanas el proyecto de ley para modificar el cálculo de movilidad jubilatoria. En la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 en Diputados, aseguró que "será una fórmula basada en crecimiento, solidaridad y sustentabilidad". Concretamente, detalló que en la ley de leyes se proyecta que las jubilaciones aumentarán el 30,5% el año próximo, por encima de la inflación.
Días atrás, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, había asegurado que "deberá estar discutida y sancionada para diciembre". Claro, el Gobierno había prorrogado por 180 días (hasta el 31 de diciembre) el lapso de tiempo para que la Comisión de Previsión y Seguridad Social- conformada por representantes del ámbito legislativo y ejecutivo - elabore un nuevo índice de actualización para los jubilados. El plazo original que plantearon los artículos 55 y 56 de Ley de Emergencia Social vencía el 31 de junio.
El argumento esgrimido en su momento fue que la pandemia había distorsionado la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor. Además, se tornaron inciertos los parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo para determinar la movilidad previsional.
En el oficialismo se había remarcado que los regímenes jubilatorios “tienen que balancear dos objetivos: mantener la suficiencia de las prestaciones y asegurar su sustentabilidad”. Ambas metas, según precisaron, no podían llevarse a cabo ante “las condiciones macroeconómicas inestables, el aceleramiento de los cambios demográficos y las crecientes transformaciones en el mundo del trabajo y las relaciones laborales”.
Cuándo se discutirá
Según pudo saber El Destape, los tiempos indican que la propuesta debería ser presentada a mediados de octubre y recién en noviembre sería elevada al Recinto para ser puesta a consideración de todo el cuerpo legislativo. Primero, la comisión tendrá que consensuar si los términos de la fórmula son los adecuados. Este espacio es integrado por los diputados Marcelo Casaretto, Carlos Heller, Carlos Caserio, Daniel Lovera (FDT), Miguel Baelo y Luis Goñi (Ministerio de Trabajo), Roberto Arias (Ministerio de Economía) y Fernanda Raverta (Anses). Del lado de Juntos por el Cambio, representan al espacio los legisladores Esteban Bullrich, Alejandro Cacace, María Tapia y Luciano Laspina.
Desde el Gobierno especulan con que previamente se sancione la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), la cual tendrá su tratamiento en el Senado dentro de dos semanas, con media sanción en Diputados. Uno de los puntos centrales del proyecto introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta los activos del FGS.
La nueva fórmula
Aunque no se conocen los detalles, en las últimas semanas se dejó entrever que la actualización se aplicaría cada seis meses y no por trimestre. Otro factor determinante será el diseño de la estructura de ponderación, que tendría en cuenta la evolución de los salarios, la recaudación y la inflación. Justamente, el haber elevado el grado de impacto del Índice de Precios al Consumidor durante el macrismo puso en jaque a las cuentas nacionales a la hora de establecer los aumentos.
Otra de las alternativas la ley es el FGS, que incluye títulos públicos y acciones de empresas. Expertos que disertaron en las reuniones de comisión plantearon que estos fondos podrían ser utilizados para cubrir los hipotéticos desfasajes que pueda haber en la actualización de los haberes.
Cabe recordar que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, no sólo el haber jubilatorio promedio cayó un 18,2% en términos reales, sino que también cayó el poder de compra de los salarios (RIPTE), un 21,5%.
Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, con el último incremento anunciado en septiembre, la jubilación media se incrementó un 24,6% en el año, mientras que la inflación estimada será cercana al 22%. En tanto, la jubilación mínima, acumula un incremento del 28,9% en el año.
Así, el haber mínimo en septiembre fue estimado en $18.128,9, mientras que con la fórmula elaborada por Cambiemos, hubiese sido de $ 15.099,1, más de 3.000 pesos menos, es decir un 16,7% de diferencia.
Cerrar sesión