La contra-oferta extorsiva de los principales grupos de acreedores extranjeros tiene diferencias técnicas y legales respecto de la propuesta de canje oficial, pero principalmente políticas. Los tres principales grandes fondos tenedores de deuda argentina a reesctructurar (autodenominados Ad Hoc, ACC y Exchange) unieron posición para presentar un rechazo conjunto a la última propuesta de canje presentada por el Gobierno. Como excusa presentaron una contra-propuesta, que ya había sido discutida con el equipo económico que conduce Martín Guzmán. Las condiciones económicas, que podrían sintetizarse en subir el valor presente en otros tres centavos por dólar de deuda nominal en default, se discutieron incluso antes del envío de una nueva oferta por parte de la Argentina a la Comisión de Valores estadounidense, la cual anoche se encargó de ratificar el presidente Alberto Fernández que es la última posible y que no se modificará.
Desde Economía reconocen que la presentación la estaban esperando, pese a que la "contrapropuesta" ya se había analizado y no era viable para la situación económica que atraviesa el país; la que heredó y la que dejará la pandemia. La oferta de los bonistas reagrupados, impulsada por Blackrock, está valuada a fines prácticos a 56,5 centavos por dólar. "Representa importantes concesiones económicas y legales", señalaron en su declaración conjunta. Ni una ni otra.
En el caso de los términos técnicos, la "concesión" fue de 3 centavos por dólares respecto de la oferta original que habían hechos los acreedores en la primera parte de la negociación (59,5 centavos). Por su parte, la mejora en la propuesta oficial de la deuda, que el Gobierno se encargó de ratificar como la única sostenible, fue de más de 15 centavos (cinco veces la concesión de los fondos) al pasar de una valor presente de la oferta original de 38 centavos a 53,5 centavos por dólar.
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Pero no es la única variable a tener en cuenta. La propuesta de los bonistas eleva rápidamente los intereses a los que sería obligado a pagar al país. Ya en el 2023 se ubicaría por encima del 3,4 por ciento anual, un rendimiento que no ofrece actualmente ningún país en desarrollo. La estructura de la oferta mantiene una quita promedio de capital inferior al 2 por ciento y los plazos del menú de bonos, al que se suma título extra que capitalice los intereses devengados hasta el cierre del canje.
El mayor obstáculo es que pretenden además un fuerte aumento de los cupones del bono a 2030 para "compensar a los intereses corridos". Esto hace que haya una mayor presión de los bonos en el corto plazo. En el caso de los Globales, para la serie mas corta (2030) se pretende un valor presente de 62,5 centavos por dólar, mientras que el Gobierno asegura poder pagar hasta 51,3 centavos. Entre los títulos canjeables que nacieron con el canje de deuda 2005/2010, la serie más corta está valuada en 64,8 centavos par la propuesta de los fondos frente a 59,5 de la oferta oficial.
La otra supuesta "concesión" de los acreedores más beligerantes es el legal. El comunicado hace referencia a las cláusulas de acción colectiva que estipulan los umbrales legales de aceptación que se necesitan en estos procesos. En esta discusión se dirimía el tamaño de la ventana que se dejará abierta a acciones judiciales de fondos. Del total de deuda canjeable, 24.100 millones de dólares corresponden a deuda emitida en 2005 y 2010 con cláusulas de acción colectiva que obligan un nivel mínimo de adhesión del 85 por ciento para universalizar la operación; y 41.700 millones de deuda macrista que se lanzó bajo la estructura internacional actualizada, con un piso de adhesión del 66 por ciento.
Los fondos pretendían que se utilice el criterio previo (piso de 85 por ciento) para todo el canje. Esto era imposible legalmente, ya que se rige por recomendaciones de Naciones Unidas para reestructuraciones de deuda; y, ahora, en el comunicado lo pretenden promocionar como una mejora o concesión "para abordar ciertas preocupaciones de los tenedores de bonos, al mismo tiempo de permanecer fiel a la arquitectura financiera internacional para la deuda soberana que fue respaldada por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y G20". El propio documento reconoce la imposibilidad de ir contra toda la comunidad internacional, al menos en materia legal.
Sobre esta falsa concesión los bonistas van un paso más en su intención de trabar el proceso de reestructuración de la deuda. Piden que se elimine el mecanismo de “re-designaciones”, que el Gobierno podría utilizar para avanzar en canjes parciales sucesivos. Los Contratos (Indenture) 2016 otorgan también mayor margen de maniobra al realizar canjes parciales por serie de bonos. En resumen, los acreedores no quieren un acuerdo y, como el representantes de Blackrock le esputó a Guzmán en el inicio de las conversaciones, tienen espalda para presionar y seguir obstaculizando el proceso y, si es necesario, cargarse una administración como ya lo habían hecho con Grecia.
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