En medio de la discusión por cambios en coparticipación, el gobierno nacional entregó a la ciudad de Buenos Aires una propuesta integral sobre el traspaso de la policía, que incluye fijar un nuevo monto, el método para efectivizarlo y su actualización. Si bien hubo avances en los últimos dos puntos, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta rechazó el monto propuesto y adelantaron a El Destape que enviarán una contrapropuesta la semana que viene para ser analizada.
En la cuarta reunión entre las partes, desarrollada en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada. Por Nación participaron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, mientras que por la Ciudad lo hicieron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Hacienda, Martín Mura.
La ciudad de Buenos Aires ya reconoció que el monto se discute por fuera de la coparticipación, aunque diseñarán una nueva oferta porque consideran insuficiente lo propuesto por Nación. En el encuentro de la semana pasada, la Ciudad había admitido que "la coparticipación no era la herramienta adecuada para esa transferencia, por lo que asumieron la ilegalidad", deslizaron fuentes nacionales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió el 26 de abril como plazo para que las partes busquen una solución al conflicto que se generó tras la decisión de Fernández de redireccionar parte de los fondos extra, según señalan en Casa Rosada, que la gestión de Macri entregó a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.
La ley especifica que ese monto se compone en un 80% con la variación salarial y un 20% por la inflación, y la Ciudad propone una modificación menor en este punto. El gobierno nacional advirtió que la negociación del monto tiene algunos límites, como no pagar por la Policía de la Ciudad más de lo que cuestan las fuerzas federales.
Al respecto, desde Nación ejemplificaron que si estuviese vigente el decreto del expresidente Mauricio Macri, del 3,5% de la coparticipación federal de impuestos, que surgió del 1,4% de la coparticipación original y un 2,1% que otorgó el exmandatario, la Ciudad recibiría 160.000 millones de pesos, que es el presupuesto para todo el país de la Policía Federal Argentina ($ 73.000 millones) y Gendarmería ($ 87.000 millones).
El origen del conflicto
El 9 del septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso ese porcentaje nuevamente en el 1,4%. La Policía Federal tenía antes de la reforma 50.000 agentes y ahora cuenta con 30.000, y los otros 20.000 pasaron a la Policía de la Ciudad.
El Estado nacional paga a la ciudad por su Policía, que comenzó a operar el 1 de enero de 2017, y el año pasado le dio más de $ 29.000 millones. Ambas partes tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Macri.
A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles para alcanzar un entendimiento, plazo que vencerá el 26 de este mes. Allí se expedirá la Corte, con tres escenarios: un acuerdo antes de esa fecha, un llamado a las partes o una prórroga.
Presión de los gobernadores
La semana pasada, el Gobierno entregó una nota a la Corte Suprema con el planteo consensuado por los gobernadores sobre los fondos que el expresidente Mauricio Macri le giró a la Ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito. Los mandatarios provinciales sostuvieron que "se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional" y le metieron presión a la Corte por las consecuencias de un hipotético fallo a favor de los porteños.
Nación citó a las provincias y logró que se sumen a su criterio, para lo cual los gobernadores dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en el pleito como amicus curiae (amigo del tribunal). En la misiva, los gobernadores señalaron que "el Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales previsto en la Ley N°23.548 ha sido fruto de un proceso político-jurídico complejo del que emergen los porcentuales de distribución que corresponden a cada distrito".
En tanto, expresaron que "en el esquema de distribución de recursos vigente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una participación de la parte que le corresponde a la Nación que deberá ser compatible con los niveles históricos, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°23.548. A partir de su autonomía, el porcentual se había establecido en 1,40% (cfr. Decreto N°705/03)". Señalaron que "sin embargo, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri, mediante los Decretos Nros.194/16, 399/16 y 257/18, la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la Nación".
Así, el Decreto N°194/16 elevó su coeficiente al 3,75%, sin brindar mayor justificación que permita desentrañar las razones por cuales gozaría de ese beneficio". A su vez, remarcaron que "apenas un mes más tarde, por el Decreto N°399/16, se indicaría que tales recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales allí ejercidas, tras la celebración del Convenio entre la Nación y la Ciudad sobre el particular".
"No obstante, tampoco se desprende de las actuaciones por las que tramitaran los decretos o de otra fuente de información, los motivos, cálculos o estimaciones realizadas para a determinar esa masa de recursos; todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo tales actos", agregaron.
Según los gobernadores, "esta circunstancia se vio agravada por la omisión palmaria de someter a consideración del Congreso de la Nación el convenio de traspaso que nos ocupa y su financiamiento, conforme lo establece el artículo 75 inciso 2, párrafo 5°, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos".
"La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo", agregaron.
Para los gobernadores, "se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución Nacional y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas".
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