“Contrato social de ciudadanía responsable”. Así definió la vicepresidenta CFK la necesidad de articular a los sectores productivos del país para enfrentar la grave crisis socioeconómica producida luego de la gestión de la alianza Cambiemos, algo que volvió a poner sobre la mesa en su último discurso, al hacer referencia a un “gran acuerdo nacional argentino, un GANA”. Para fundamentar esta necesidad, Cristina había hecho referencia oportunamente al Pacto Social que llevaron adelante Perón y su ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973. Entonces, por medio de un acuerdo empresario y sindical, Argentina logró en el siguiente año y medio un crecimiento del PIB del 10 por ciento, un aumento en la participación de los trabajadores en la renta del 33,0 al 42,5 por ciento, y un descenso de la desocupación del 6,1 al 4,4 por ciento, además de un incremento de 800 millones de dólares en las reservas incluso después de desendeudarse con el FMI.
Recogiendo el guante, tanto en diciembre de 2019, como en noviembre de 2020, e incluso en febrero de este año, Alberto Fernández se mostró junto al entonces presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el líder de la CGT, Héctor Daer, anunciando la convocatoria a un nuevo “Pacto Social”, cuestión que ante numerosos desentendimientos finalmente llevó adelante por decreto en marzo de este año, mediante la creación del Consejo Económico y Social (CES).
Durante su lanzamiento en el CCK, se dio cuenta de la necesidad de llegar a acuerdos para lograr elementos como "la estabilización macroeconómica y la reducción de la inflación". Por caso, quien poco tiempo después sería electo como titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, señaló que “nos sentamos a escuchar sin prejuicios y creyendo que podemos construir no solo el país con inclusión social y consumo sino también la exportación que Argentina necesita” mientras que el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, planteó en representación de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace que esperaba que "este consejo sea el ámbito adecuado para generar la confianza que necesita la Argentina para reducir la inflación, consolidar la moneda y evitar la volatilidad cambiaria, que son condiciones fundamentales para avanzar hacia un verdadero desarrollo nacional".
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En representación de las pequeñas y medianas empresas, el presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA) Marcelo Fernández, señaló que "la creación del consejo era un viejo anhelo de las cámaras pymes para tener un espacio para hacer oír nuestra voz y nuestros aportes". Mientras que desde los sectores laborales, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, remarcó que el Consejo Económico y Social debía ser "la llave para terminar con pobreza", agregando que “entre nosotros tenemos que realimentar este Consejo para que sea la llave de lo que necesitamos para terminar con la desocupación".
Lo cierto es que, sin mayores repercusiones, el CES presentó, en un evento desarrollado en el Teatro Cervantes el pasado 14 de diciembre, los acuerdos alcanzados durante el año, que consistieron en una serie de intenciones futuras y proyectos de ley. De hecho, durante el evento, Alberto Fernández pidió “redoblar los esfuerzos” para los próximos tiempos, dando cuenta que las coincidencias programáticas eran “indispensables” e incluso “posibles”. En este sentido, hizo referencia, en tiempo futuro, a “un nuevo Pacto Social”, que “debe estar fundado en la solidaridad, nuestra patria tiene todo por delante para encaminarse a un horizonte de despegue. Necesitamos de todos y todas, sin exclusiones, para lograr un renacimiento que deje atrás la cultura del descarte”.
Por su parte, el presidente del CES, Gustavo Beliz, sostuvo que “Estamos procurando crear un poder distinto, modesto, transformador y sobrio, que entiende que el poder sin amistad social es temerario y abusivo. Se trata de construir otra Política, con mayúscula, una política de la comunidad organizada y fraterna. Una política que nos libera de las polarizaciones, el nuevo nombre del colonialismo mental. De eso se trata: de saber que la unidad es superior al conflicto”. Mientras, los resultados del Pacto Social de 1973, parecen ser aún los grandes ausentes.
Proyectos futuros
Durante el evento de cierre, se expusieron algunos de los acuerdos más importantes alcanzados en el primer año de existencia del CES:
En materia de transición energética, se detalló la propuesta para sancionar una ley de “Promoción de la Movilidad Sustentable”, que busca atraer inversiones por más de 8 mil millones de dólares y crear 21 mil puestos de trabajo, y la convocatoria para construir de manera colaborativa una estrategia nacional de Hidrógeno 2030, con el objetivo de elaborar un régimen de fomento a las exportaciones (15 mil millones dólares anuales) y de empleo en el sector.
En cuanto a la cuestión del equilibrio territorial e impulso al sector agro-bio industrial, se comentó el alcance de la convocatoria de desarrollo armónico, que contó con amplia participación de proyectos para estimular el arraigo en el interior del país, y del proyecto para la creación de un régimen de fomento para el desarrollo agroindustrial, cuyo horizonte es el de aumentar las exportaciones del sector a 100 mil millones de dólares y crear 700 mil puestos de trabajo. Por otra parte, se presentaron los avances en la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo de la bioeconomía, que busca triplicar las empresas biotecnológicas en 10 años.
En el plano educativo, se expusieron los alcances de la estrategia nacional para potenciar el trabajo con solidaridad, en torno a la economía digital, bioeconomía, cuidado, Industria 4.0, empleos verdes, productividad pública y privada y programación. Además, se repasaron las convocatorias para la transformación de planes asistenciales en empleos de calidad y el incremento de la inclusión laboral, con el eje en el trabajo del futuro.
Sobre la planificación de la obra pública y acceso a la vivienda, se comentó el impacto del Consejo de Políticas e Infraestructura y de la Ley de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario, dos iniciativas trabajadas en conjunto entre el mundo del trabajo y el sector privado, en la búsqueda de consolidar la planificación estratégica y la solución de problemas estructurales en la materia.
Asimismo, se anunció la creación del Programa de Innovadores de Gobierno, que tiene como misión dotar al Estado en los próximos cinco años de 1000 jóvenes profesionales que dinamicen la gestión pública, capaces de coordinar proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
Además, en materia de Estado innovador, se dio cuenta sobre la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas, que trabaja con múltiples organismos para implementar acciones que mejoren de forma inmediata la efectividad de las políticas públicas en temáticas como salud, educación y energía.
Sobre el fortalecimiento de la democracia y entornos digitales, se brindaron detalles sobre la redacción colectiva y colaborativa de un Código de Ética Judicial, y los alcances del programa Redes para el Bien Común, que tiene en marcha una ambiciosa investigación nacional sobre el impacto de las redes sociales en múltiples ámbitos de la vida.
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