A contramano de la literatura económica, como las políticas que aplica el Gobierno, en un escenario de una fuerte recesión económica la conflictividad laboral crece exponencialmente. El Índice de Conflictividad Laboral del CEPE de la Universidad Torcuato Di Tella indica que la conflictividad en el primer trimestre de 2024 aumentó un 201,4 por ciento respecto del mismo período del año 2023. A esto se suma el informe de la Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos Facultad de Ciencias Sociales, UBA , que incluye abril y detalla que el nivel de conflictividad se mantiene en los mismos niveles de marzo, cuando se alcanzó un pico en ese tipo de protestas. Los principales colectivos que realizaron algún tipo de acto fueron los trabajadores estatales, con el 54,6 por ciento de los casos; multisectoriales, con 11,2 por ciento y trabajadores de pymes y cooperativas, con 9,9 por ciento.
Los evidencia histórica demuestran que la conflictividad aumenta durante los años de prosperidad económica. Esto se debe a que, cuando la economía crece, aumenta la puja distributiva porque todos los actores que forman parte de ese proceso de creación de valor buscan obtener una mayor parte de la torta. El Índice de Conflictividad Laboral (ICL) que realiza trimestralmente el Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, cuyo último dato se remonta a noviembre del 2023, y coinciden con este diagnóstico otros estudiosos laboralistas que dan cuenta de ese correlación entre crecimiento y puja.
El hecho de que la conflictividad haya aumentado no implica una mejora en la actividad económica. Muy por el contrario, la economía atraviesa uno de los procesos recesivos más intensos y se encamina a una etapa de depresión. Sin embargo, eso no quita que no haya puja distributiva. Por el contrario, esa pelea por el reparto estructural de la torta es todavía más salvaje que en otros contextos históricos, lo que es impulsado por las medidas que toma el gobierno de La Libertad Avanza que favorece a las grandes empresas y licúa los salarios de trabajadores y jubilados a un ritmo inédito. Esta puja el empresariado la incentiva, pese a que en el corto plazo esté "perdiendo" plata con una economía que no arranca, para marcar el futuro y definitivo reparto de la torta.
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Sin embargo, la conflictividad laboral no se circunscribe a esa distribución entre capital y trabajo, ya que el recorte del Gobierno toca otros resortes de la vida cotidiana. "En la Marcha Federal en defensa de la universidad pública se empezó a dibujar un gran frente social y político que se volverá a expresar en el futuro", destaca Daniel Cieza, director del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos Facultad de Ciencias Sociales, UBA. "La tesis de Milei es totalmente inmoral. Héroes son los que luchan por el pan para sus hijos. Pero, además, podría considerarse como apología del delito ya que lo que técnicamente se denomina formación de activos en el exterior es un delito cuando no se informa a la autoridad tributaria para no pagar impuestos", agrega Cieza.
En abril se mantuvo un ritmo sostenido en los conflictos laborales y sociales ya que en marzo fueron 152, señala el estudio. Pero hubo un salto cualitativo con la Gran Marcha Federal por la Universidad Pública que se constituyó en la mayor movilización popular de los últimos 40 años al movilizarse más de un millón de personas. En la última semana hubo paros y marchas en repudio a la Ley Bases. En este proyecto de ley, que perjudica a jubilados y trabajadores y favorece al gran capital, el Gobierno logró madia sanción.
Por un decreto de necesidad y urgencia, herramienta prevista para una emergencia extraordinaria y puntual, el gobierno de Milei pretende modificar las reglas de juego de toda la convivencia social, alternando profundamente las normas que rigen el mundo del trabajo y la economía nacional. Esto es complementado por el proyecto de Ley Ómnibus que afecta importantes aspectos económicos, políticos y culturales de nuestra vida cotidiana, y que pretende ser aprobada sin el debate y la participación necesarios de los legisladores y la sociedad civil.
El Índice de Conflictividad Laboral del CEPE (UTDT) indicó que la conflictividad en el primer trimestre de 2024 aumentó un 201,4 por ciento respecto del mismo período del 2023. "Anteriormente, el ICL para el periodo diciembre 2019-noviembre 2023, es decir, el período presidencial anterior, incluida la pandemia de COVID-19, se destacó por una relativamente baja incidencia de la conflictividad laboral en promedio. A pesar de una considerable caída de la capacidad adquisitiva del salario promedio durante 2023, la conflictividad laboral estuvo contenida", destaca el informe de la Di Tella. Aún así, si bien hubo un cierto crecimiento del ICL a mediados de 2023, su valor promedio no tuvo un movimiento significativo.
Sin embargo, en el primer trimestre de 2024 muestra un cambio de tendencia, con un notable crecimiento del ICL. El pico se dio en enero de 2024. "Para encontrar el nivel del ICL de enero de 2024 en la serie histórica tenemos que retroceder al período entre septiembre y octubre de 2018. A su vez, el pico de ICL registrado en enero de 2024 es 309,7 por ciento mayor que el promedio del periodo diciembre de 2019 a noviembre de 2023. Los valores de los próximos trimestres indicarán si se está generando un cambio de nivel promedio de la conflictividad laboral o si se trata de un pico con regreso a nivel promedio anterior", señala el informe del CEPE.
El Observatorio de Sociales realiza un exhaustivo seguimiento de cada manifestación o conflicto. Siguieron predominando los conflictos en las regiones metropolitana y centro, especialmente en el sector servicios donde ATE se mantiene muy presente. También se destaca el Alto Valle de Río Negro. Mención especial merece el conflicto universitario que fue muy bien preparado con actividades previas a la Gran Marcha Federal. El sector más activo estuvo en el conurbano bonaerense donde en las últimas décadas se crearon nuevas universidades. "En la última semana hubo paros y marchas en repudio a la Ley Bases. Este proyecto perjudica a jubilados y trabajadores y favorece al gran capital, pero luego debe ser aprobado por el Senado", señala el informe..
En enero hubo 76 conflictos; en febrero, 130; en marzo, 163 y en abril, 152. El acumulado del año reúne 521 movilizaciones de algún tipo. Por región, en abril en AMBA hubo 51 conflictos (33,55 por ciento); Centro, 35 (23,03); Patagonia, 30 (19,74); nacional, 11 (7,24); en NOA, 13 (8,55); en NEA, 9 (5,92) y en Cuyo, 3 (1,97).
Las protestas tuvieron distinto tinte. En el cuarto mes del año hubo 41 marchas y movilizaciones, 39 jornadas de protesta, 33 huelgas y paros, 18 asambleas, 13 festivales, 5 quites colaborativos y 2 cortes de puentes o rutas. El 42,76 por ciento de las medidas fueron en repudio al ajuste del Gobierno, el 30,26 por ciento por paritarias y el 15,13 por ciento por despidos. El grupo más afectado por los despidos fueron los estatales, con 54,61 por ciento de los colectivos que hicieron alguna medida, en reclamo de derechos económicos, sociales y culturales (90,79 por ciento).
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