Con su marcha atrás en la suba de tarifas y monotributo, el gobierno comienza a atender al sector social sobre el que había impuesto el mayor peso de las correcciones macroeconómicas.
Al igual que la marcha atrás en el proyectado aumento tarifario, la retracción en el intento de cobrar un retroactivo por el monotributo expuso, no sin desprolijidades, que la política está regresando a las decisiones económicas vinculadas a las clases medias y bajas.
Sucede que, tal como había acontecido con la población en general, este sector había tenido una relativa protección durante la primera ola del Covid 19, fundamentalmente con los programas IFE y ATP de ayuda a empleados informales y pequeños y medianos empresarios, respectivamente. Sin embargo, a la falta de renovación de estos programas, desde la cartera económica se buscó imponer además tanto un aumento del 15 por ciento en las tarifas como una actualización, retroactivo incluido, en los pagos de sus monotributos, con lo que la ayuda estatal de 2020 viró a una mayor carga, incluso frente a la actual y más cruenta segunda ola.
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Así, con las expuestas internas de un Frente que agrupa en su seno tanto a un sector alineado al establishment económico como otro vinculado a trabajadores y medianos empresarios, la diferencia se zanjó en favor de estos últimos, lo que posiblemente preanuncie un giro de la política económica hacia el sector medio, en un esquema donde, al igual que sucedió durante el kirchnerismo, la política se imponga sobre consideraciones técnicas que en más de una ocasión han desatendido las necesidades sociales.
Política económica y protección estatal
El factor político no había estado ausente de las decisiones económicas, pero el mismo había estado enfocado a las clases bajas y altas.
En relación a la primera, fue de vital importancia la ampliación de la Tarjeta Alimentar, que de acuerdo a la Universidad Nacional de Avellaneda representó una inversión superior a los 20 mil millones de pesos mensuales, es decir un incremento de más del 100 por ciento en relación a seis meses atrás, gracias a la extensión de sus montos y a un alcance que pasó de 1,9 a 3,7 millones de niños y adolescentes. De la misma forma, tuvo un importante peso los gastos de capital, esto es obras públicas, que se duplicaron en relación al año anterior e incluso subieron un 15 por ciento en términos reales en relación a 2019, algo que explica en parte el proceso virtuoso que están experimentado dos rubros mano de obra intensiva como industria y construcción, que según el Indec crecieron 21,3 por ciento y 70,9 por ciento durante el primer cuatrimestre.
De la misma forma, y con muchos menos logros que exhibir, desde el gobierno se tomó la decisión de entablar negociaciones políticas con los grupos económicos para reducir el alza en la inflación, en lugar de establecer otras medidas que, aún con su costado político, resultaban mucho más solventes desde el aspecto técnico para el logro de estos objetivos, como el establecimiento de retenciones o cupos de exportación.
Sin embargo, trabajadores y pymes parecían ser el sujeto sobre el que la decisión económica de impulsar un ordenamiento de las cuentas fiscales y monetarias había prevalecido por sobre el político. De hecho, el actual programa Repro II solo se limita a sectores empresarios críticos, como gastronomía, hotelería o teatros, y su inversión de 70.000 millones de pesos dista de los más de 200.000 millones ejecutados por el ATP ´para todo tipo de empresas, mientras que en relación a los trabajadores la única intervención parecía haber sido el alineamiento de sus paritarias al 29 por ciento de inflación proyectada, lo que a la luz de los hechos posiblemente asegure un tercer año consecutivo de derrota salarial frente a la inflación.
Por eso, tanto la reducción en la inicial suba proyectada de tarifas de luz y gas, como la marcha atrás en los aumentos retroactivos por monotributo, exponen que la política ha regresado también a los sectores medios, dentro de una estrategia que se alinea con la llevada adelante durante los años iniciales del kirchnerismo, donde los altos precios de las exportaciones y un atrasado nivel salarial, demostraban que el ajuste era tan inefectivo para las elecciones como para el desarrollo del país.