La Corte Suprema busca arrogarse el control directo e indirecto de las funciones del resto de los poderes del Estado, no solo obviando o eligiendo caprichosamente artículos y leyes aprobadas por el Congreso en sus argumentaciones sino también irrumpiendo en la gestión de la política económica del Ejecutivo. Las declaraciones del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sobre la política monetaria, enfocándose en una única expresión de un artículo de la Constitución como supuesto argumento, es apenas la cristalización mediática de la injerencia de los magistrados en la economía diaria, limitando -y muchas veces entorpeciendo- decisiones del Ejecutivo.
Independientemente de los "errores" argumentales y las leyes que decidió soslayar Rosatti (como la aprobación de una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central, que le otorga deberes más amplios que velar por 'el valor de la moneda'), la injerencia judicial va desde fallos directos en contra de decisiones del Gobierno y en favor de sectores corporativos hasta avanzar causas con total arbitrariedad, como fue la "causa de dólar-futuro", donde llegó a deliberar sobre el uso de una herramienta que utilizan todos los bancos centrales del mundo. Como entonces, detrás de este accionar está la idea de preparar el terreno para el control empresario/judicial del Estado, deslegitimando las herramientas y las políticas que se aplican desde al Poder Ejecutivo.
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Ante empresarios representantes de empresas estadounidenses reunidos en el Summit 2023 de Amcham, Rosatti sostuvo que "tiene que llamarnos la atención la expansión incontrolada de la emisión monetaria". "En el artículo 75 inciso 19, la Constitución manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el valor de la Constitución que está sobre todos nosotros", apuntó el integrante de la Corte. Con este mismo argumento había desestimado semanas atrás la posibilidad de una "dolarización", para lo cual, sí, debería cambiarse la Constitución.
Pero hablar del "valor" de la moneda es otra cosa. No es un fin sino un instrumento y, como tal, tiene autoridades de aplicación designadas, como el Banco Central, al cual desde estos mismos atriles se busca sea un órgano independiente del Ejecutivo; pero no así, parece, del Poder Judicial.
Discusiones sobre valores y límites al BCRA
Es interesante cómo Rosatti liga "valor" de la moneda con la apreciación o depreciación del signo pecuniario producto de una política económica, cuando en realidad el artículo habla del espíritu que debe prevalecer en las leyes que emanen del Congreso. El inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Establecer como finalidad del "contenido de las leyes que debe dictar el Congreso lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento". En el apartado se expresa, en lo relativo a la moneda, la salvaguarda de la soberanía financiera y económica del país.
Esto no significa que el Banco Central no tenga límites, los cuales están impuestos por leyes aprobadas por el Poder Legislativo. El marco regulatorio, que obvia Rosatti, es la Carta Orgánica del Banco Centrla, que establece los objetivos y obligaciones de la autoridad monetaria. "La Carta Orgánica del Banco Central establece límites a la emisión monetaria, que se respetan. No hay emisión descontrolada", sostuvo a El Destape una alta fuente del Central.
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La Carta Orgánica del BCRA fue modificada en 2012, entrando en vigencia el 28 de marzo de ese año, otorgándoles nuevas funciones y atribuciones en su carácter de órgano de regulación y control del sistema financiero. Pero el cambio más importante estuvo en el espíritu u objetivo superior que debe tener el Banco Central. Precisamente, por vaguedad, se eliminó el corsé de "defender el valor de la moneda" y se amplió a un objetivo supremo: "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".
Más allá de este objetivo directriz, la reforma introduce límites incluso en cuestiones como la emisión monetaria a la que hizo referencia Rosatti. El "Banco" está facultado para, "cuando sea necesario, dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o, cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable a juicio de la mayoría absoluta del Directorio, podrán excederse los máximos por entidad previstos por el inciso b) precedente y en el primer párrafo de este inciso". El inciso b) limita el otorgamiento de redescuentos a las entidades financieras (ampliación de la base monetaria) por razones de iliquidez transitoria, hasta un máximo por entidad equivalente al patrimonio.
Por fuera de las cuestiones técnicas, el sendero de emisión no es el que asegura Rosatti. De acuerdo con el último informe monetario del Central, la base monetaria total, es decir, el dinero circulante en la economía es de 5,2 billones de pesos, con un alza 1,6 por ciento, muy por debajo de la inflación. "Ajustada por estacionalidad y a precios constantes (la base monetaria) habría exhibido una disminución de 4,4 por ciento mensual y una caída real del 29,3 por ciento interanual", según la información oficial.
¿Rosatti no sabe todo esto? Por supuesto que sí. Sus declaraciones, peligrosas en cuanto a la reacción de los mercados, buscaron empatizar con el diagnóstico sobre la emisión y el déficit fiscal que la oposición y un sector económico identifica como los problemas principales. La intromisión del magistrado en la política económica prepara el camino a los intereses que plantean una emisión cero de pesos, como hubo con el macrismo -y desde allí se inició un espiral inflacionario que sigue sin contenerse- y reducir el déficit, lo que se traduce en recortar los gastos sociales.
Los jueces hablan a través de sus fallos
Los antecedentes a esta expresión directa hacia el accionar del Ejecutivo son las sentencias en contra del Ejecutivo, como permitir entregar en un contexto de fuerte restricción externa los escasos dólares de reservas a las importadoras; la cautelares otorgadas contra varias decisiones del Gobierno que intentaron frenar los aumentos de precios o contra el pago de Ganancias extraordinarias de los grupos concentrados.
Sin embargo, el caso más emblemático de injerencia judicial en el política económica fue la causa del dólar-futuro. "Fue la causa más emblemática del 'lawfare'. penosa y absurda causa que armaron para devaluar y endeudar al país", detalló Vanoli a este medio. Los entonces diputados nacionales Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) denunciaron en octubre de 2015 al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su directorio por “defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública”.
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La denuncia apuntaba a una herramienta de uso habitual de los bancos centrales para marcar expectativas sobre, nuevamente aquí, el valor de la moneda. Se trata de un contrato en pesos donde dos partes fijan el valor de un activo, en este caso del dólar, en una fecha futura determinada. Cuando llega esa fecha, el vendedor o el comprador pueden obtener una ganancia o una pérdida, según la cotización oficial de la divisa sea mayor o menor al precio del contrato. Estos contratos se pagan sobre las diferencias y en pesos, lo que evita la intervención con dólares y la pérdida de reservas.
El argumento de Pinedo y Negri, asesorados por quienes fuera luego brevemente ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay, es que el Central ofrecía cobertura del dólar a valores inferiores a los que se negociaba en el segmento informal, lo que, sostenían, le había generado un perjuicio económico al patrimonio de la autoridad monetaria. El caso tramitó en el Juzgado federal N° 11, que ocupó hasta su muerte Claudio Bonadío. En mayo de 2016, el magistrado decidió incluir en el procesamiento a la entonces presidenta, Cristina Fernández, y a otros funcionarios del área económica, como a Axel Kicillof (entonces ministro de Economía), a Vanoli y a Cristian Girard (entonces titular de la Comisión Nacional de Valores).
El Tribunal Oral realizó tiempo después una instrucción suplementaria y, a pedido de los imputados, solicitó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) un peritaje para determinar si la operatoria investigada ocasionó un verdadero perjuicio para el Banco Central. Ese peritaje mostró que no hubo ningún perjuicio para el erario público ni para el Banco Central y los resultados reflejaban la inexistencia de delito. "Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del Banco Central y en dichos años los balances arrojaron ganancias por 147.116.880.000 pesos en 2015 y 67.448.520.000 pesos en 2016". Es decir, incluso le generó ganancias al Central. Recién en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió de cerrar la causa dólar-futuro y sobreseer a los imputados. Pero el daño ya estaba hecho.
La medida no solo abrió la puerta a una feroz depreciación del peso frente al dólar que llevó a cabo el macrismo sino que se acordaran, con intervención de funcionarios de Cambiemos, compensaciones discrecionales para las operaciones realizadas en el mercado a término (sobre los contratos a futuro ya pactados con la divisa estadounidense) frente al salto devaluatorio. "Se buscó provocar una devaluación en 2015, no lo lograron; nos cerraron la mesa de cambio del BCRA con un allanamiento de Bonadío, lo intentaron por todos los medios pero nos negamos a hacerlo. Finalmente, fueron ellos los que devaluaron", explica Vanoli. El terreno ya había sido preparado por la Justicia.
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