En columnas previas afirmamos que una reestructuración exitosa de la deuda bajo legislación extranjera, tal como ocurrió contra varios pronósticos pesimistas, le permitía al Gobierno iniciar una nueva etapa de su gestión centrada en la recuperación económica. Los acontecimientos de la última semana ratifican lo dicho.
Los anuncios del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas durante la conmemoración del Día de la industria plantean el objetivo del Estado de comprometerse con el devenir productivo de la Argentina en los próximos años.
Con la convicción que la estabilidad -apoyada en los equilibrios externo y fiscal y acompañada de un programa financiero viable- es condición necesaria pero no suficiente para la expansión, el Gobierno no deja la asignación de recursos pospandemia en manos del mercado, sino que interviene con un programa de respaldo a la oferta productiva centrado en agentes económicos de menor porte como lo son las pequeñas pero sobre todo las 120.000 empresas medianas que actúan en todo el país, base -no articulada políticamente- de la verdadera burguesía nacional argentina.
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Un paquete crediticio inicial de alrededor de $460.000 millones que abarca desde el financiamiento de capital de trabajo -demanda inmediata de las PyMes ante el aumento de sus ventas, que cobran a 90/120 días frente a insumos que a veces pagan de contado y nómina salarial a 30 días- hasta el refinanciamiento de pasivos acumulados en esta etapa y también para la inversión y ampliación de capital, con énfasis en la constitución de cadenas de proveedores para evitar importaciones en sectores estratégicos. El ministro Kulfas reintrodujo el concepto de “Banca de Desarrollo”, entendido como la decisión gubernamental de acompañar el desenvolvimiento empresario con crédito no sujeto a la volatilidad del mercado financiero.
Esto ocurría en el marco de que el Presidente decidía declarar servicio público esencial al sistema de comunicaciones digital -genéricamente conocido como TelCo-, incluyendo sus tarifas en la regulación estatal y ratificando así el rol de la empresa pública ArSat como propulsora de la inversión en el sector.
A su vez, el bloque oficialista de diputados nacionales presentaba el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas a la crisis desatada por el coronavirus, en procura de avanzar en la obtención de recursos que prioricen la equidad tributaria y el cierre de la brecha fiscal.
Esta apretada síntesis de acontecimientos define que el Gobierno ha retomado el programa inicial desplegado por el ministro de Economía Martín Guzmán en el comienzo del año -y que fue interrumpido por la invasión viral que soportan la Argentina y el mundo-, consistente en crear condiciones para un ciclo de crecimiento económico potente y sostenible.
El cumplimiento tenaz, a pesar de la herencia macrista y de la pandemia, del plan que llevó al Frente de Todos al Gobierno en primera vuelta acompañado por 13 millones de ciudadanos, ha crispado a la oposición política y empresarial.
Mientras el Presidente Alberto Fernández anunciaba el 99% de aceptación de la oferta argentina para los tenedores de bonos acompañado por el conjunto institucional del país y los líderes de la coalición de gobierno, se produjeron episodios de cuño antidemocrático en la sesión de la Cámara de Diputados ,que incluyeron amenazas a su presidente Sergio Massa (con quien nos solidarizamos desde esta columna) y la horrible escena de un grupo de exaltados apedreando el edificio del Parlamento.
La oposición ha perdido la calma y ha permitido que gane terreno la acción golpista, porque percibe que un proceso de recuperación económica acompañado de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 el primer trimestre del año próximo consolida a un Gobierno que en condiciones históricamente adversas ejecuta políticas públicas -es decir, gobierna- y además lo hace cumpliendo sus promesas electorales.
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