En la última semana, el Gobierno salió con la motosierra a anunciar cierres de instituciones públicas para justificar su política de ajuste sobre las cuentas públicas. Pero detrás de los anuncios se hallan los fríos números de una maniobra tan inútil -y cruel- como ineficiente. El ahorro anual estimado por cerrar la Casa de la Moneda, el hospital público Bonaparte y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) es de apenas 60 millones de dólares.
El martes pasado, además, el Gobierno anunció la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y despidió a 1.388 empleados, como parte de su plan de ajuste y reducción del gasto público. Esta medida busca un ahorro anual de $ 42.000 millones.
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A su turno siguió la noticia acerca de la disolución de la Casa de la Moneda. Según el informe interno del 2022, el último dato registrado en su página web, la entidad tuvo un déficit estimado para ese año de unos 3.732 millones de pesos.
No satisfecho, el Ministerio de Salud anunció el último viernes que “inició el plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte”, para “priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”. Según consignaron en un comunicado de la cartera liderada por Mario Lugones, “para avanzar con la reorganización del Centro de Salud, la cartera sanitaria inició la derivación de los pacientes a otras instituciones”.
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Desde el Gobierno fundamentaron la decisión en la “reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución”. Según el Ministerio, “el establecimiento de salud recibe un presupuesto de $ 17 mil millones anuales y cuenta con una muy baja ocupación". El centro cuenta con "una internación promedio anual de 19 de pacientes diarios, los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, considerando las dimensiones edilicias, y la cantidad de recursos humanos asignados”, agregó el documento oficial.
Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo clave en la expansión y mejora de los servicios de agua potable y cloacas en Argentina. Según el Presupuesto 2023, el dinero destinado a financiar esta partida fue de 82 mil millones de pesos.
El "ajuste para la tribuna" de Caputo
Si se suman los ahorros anuales que implican los cierres mencionados, el resultado del ajuste es de 62 millones de dólares medidos bajo cotización oficial. Para comprender el costo miniatura en términos fiscales que pretende agrandar el Gobierno, es pertinente establecer algunas comparaciones.
Por ejemplo, el Banco Central compró 111 millones de dólares el miércoles 3 de octubre en el Mercado único y Libre de Cambios. Es decir que la autoridad monetaria se hizo de un monto mayor en solo un día que al ahorro anualizado que representaría el cierre total del Bonaparte, de Trenes Argentinos y del ENOHSA.
Pero se pueden fijar otros parámetros. Las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025. En dólares, son 762 millones que pierde recaudar el Estado. El cierre de los tres institutos públicos anunciados equivale al 8,1 por ciento.
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Según la web oficial del Ministerio de Economía, el Presupuesto en Seguridad social en 2024 es de 30.928 millones medido en dólares. Para Energía son 4.817 millones; Educación y Cultura 4.790 millones; Promoción y Asistencia Social 4.025 millones; Transporte 2.736 millones y en Salud 2.576 millones. En nada contribuyen los cierres anunciados por el Gobierno para reforzar ninguna partida estatal de peso en más del 2%.
Otra de las vías de financiamiento que adulan los funcionarios de La Libertad Avanza es la privatización de empresas públicas. Hace una semana, el Ministerio de Economía, a través de la secretaría de Coordinación de Producción, que conduce Juan Alberto Pazo, llamó a la licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de IMPSA. El plazo para la presentación de ofertas está abierto desde el 1 de octubre y se cierra el 31 de octubre.
Según especulan fuentes cercanas a la compañía, la empresa norteamericana ARC Energy presentará una oferta de compra de la mayoría accionaria de IMPSA. Lo curioso es que la descapitalización -adrede- por parte del Estado nacional asfixió las cuentas de la empresa hasta el punto de prever que la oferta de compra podría ser cero, o tal vez un puñado de millones de dólares. Esto se debe a que IMPSA era requerida por distintas áreas estatales para concretar trabajos que ahora son inexistentes por el fuerte ajuste que ejecuta el Gobierno en todas sus dependencias de influencia.
Por ende, una oferta debería ser ajustada al peso de pagar la deuda preexistente, la cual está valuada en 500 millones de dólares. De esta forma, el saldo positivo para el Estado no significaría ningún tipo de salto cuantitativo en las reservas.
El juego de cálculos sería hasta risueño si el "mega ahorro" que milita el Gobierno no derivara en los 230 despidos en ENOHSA y el drama intrafamiliar que representa que una persona se quede sin trabajo. Peor es el caso de una persona internada en el Bonaparte, como también el futuro de los empleados del hospital.
Según la RAE, la frase "vender humo" significa "tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido". A ciertas medidas oficiales podría caberle esta descripción.
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