El Gobierno nacional se muestra desesperado por conseguir divisas. “En breve, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos", lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, a los pocos días de la reglamentación oficial del nuevo blanqueo de capitales. En la versión del Presidente Javier Milei sería “sacar los dólares del colchón”. Bombas de humo. Detrás de las diversas iniciativas oficiales vinculadas al capital financiero, subyace la entrega de los principales recursos y activos del país bajo la lógica de una economía de enclave, tal como lo definió la organización Fundar.
El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade, lo definió de una manera mucho más taxativa: “Hacer del país un gran casino internacional para el lavado de dinero”. De ahí la conjunción en tiempo y espacio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones comprendido en la Ley de Bases, junto al generoso blanqueo de capitales.
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En este escenario económico-político, se añadió un elemento más: la reciente reglamentación por parte de la AFIP del Registro de Beneficiarios Finales. Este resulta un instrumento clave para la lucha contra la criminalidad económica, pensado para conocer la trazabilidad de los verdaderos dueños del poder económico y las complejas mamuschkas de empresas usualmente utilizadas para la opacidad fiscal.
¿Se presenta un escollo para la estrategia de La Libertad Avanza en su afán de entregarle al capital privado mucho más de lo que le piden?
La resolución 5529/24 de la AFIP sobre el Registro de Beneficiarios Finales dejó cierto sabor amargo al decir de María Eugenia Marano, abogada y especialista en temas vinculados a la criminalidad económica. “Para seguir la ruta del dinero es indispensables conocer a quienes se encuentran detrás de las personas y estructuras jurídicas. Pero el acceso quedo muy limitado a pocos agentes y de una manera compleja”, sostuvo Marano en diálogo con El Destape.
Los alcances del Registro
De acuerdo con la organización Tax Justice Network, “el abuso fiscal por parte de multinacionales e individuos sigue siendo un problema importante que afecta los ingresos estatales y la garantía de los derechos humanos básicos”. La criminalidad económica es otra de las formas de control social por parte de los grandes grupos de poder diseminados por todo el globo y escondidos detrás de “prestigiosas fundaciones”, ampulosos estudios contables, y mamuschkas de empresas.
De acuerdo al informe “El estado de la justicia fiscal 2020”, los países de todo el mundo pierden cerca de 427 mil millones de dólares en impuestos cada año “debido al abuso de impuestos corporativos internacionales y la evasión de impuestos privados”. Tal guarismo para Latinoamérica se ubicaría en torno a los 43.000 millones de dólares anuales.
El documento Vulnerabilidades y exposición al riesgo de los flujos financieros ilícitos sostiene que “el comercio, las inversiones y los flujos de la banca comercial son los principales canales a través de los cuáles fugan estos flujos”.
En la lucha contra la criminalidad económica y las planificaciones fiscales nocivas por parte de las grandes multinacionales, resulta relevante contar con los Registros de Beneficiarios Finales, instrumento que permitiría poner blanco sobre negro a los verdaderos dueños del poder económico.
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De ahí que resulte relevante la reciente reglamentación de este instrumento por parte de la AFIP, aunque aún permanezcan algunos sinsabores.
“Resulta imprescindible comprender que conocer a quienes verdaderamente se encuentran detrás de las empresas pequeñas o grandes, de las partes de un fideicomiso o de cualquier otra forma jurídica nacional e internacional resulta sustancial para descubrir lavadores de dinero, empresarios y políticos corruptos, terroristas, traficantes de armas, traficantes de drogas, evasores de impuestos, entre otros, ya que son ellos quienes utilizan estos canales societarios para mover su dinero obtenido de la comisión de delitos o bien para evadir el pago de impuestos en sus Estados de residencia”, explicó Marano.
La reglamentación realizada por la AFIP estableció una suerte de umbral sobre las personas –jurídicas o humanas – sobre las cuales informar dentro del Registro: solo aquellas que tengan un 10% de la participación o derecho a voto. El órgano de control será la propia AFIP.
“El registro lo lleva AFIP pero el resto de las entidades obligadas y los sujetos obligados deben continuar pidiendo la información y documentación de respaldo para poder verificarla. Las normas internacionales exigen la verificación, es decir, un control cruzado de la información para detectar inconsistencias”, explicó Marano.
Los sujetos que podrán consultar el registro son el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), los registros públicos y los organismos representativos de la fiscalización y del control de las personas jurídicas.
¿Qué pasa con el resto de la población y organizaciones de la sociedad civil? El espíritu de la norma que dio creación al Registro era mucho más amplio; el ejemplo era Ecuador, donde su Registro es de acceso gratuito, online y en tiempo real. De ahí las dudas que generó la reglamentación del organismo de fiscalización local al establecer determinados umbrales.
“¿Se podrá pedir información por debajo del umbral fijado en la reglamentación? O, mejor dicho, ¿puede la reglamentación ser más restrictiva que la propia ley? Siguiendo el texto de ley y la excepción prevista en el inc. h del art. 101 antes citado, ¿toda otra persona humana o jurídica podría pedir la información incluida en el Registro Público?”, se preguntó Marano, compiladora del libro “Registro de Beneficiarios Finales. Una demanda transversal”, junto a Juan Argibay y Adrián Falco.
Los ojos de la sociedad civil
En medio de la sanción de un régimen de regularización de activos (blanqueo de capitales) o del de regímenes de grandes y especiales incentivos fiscales, podría resultar trascendental conocer quiénes serán los beneficiarios finales de las empresas que hagan uso de los beneficiosos instrumentos comprendidos en la Ley de Bases. Para la Tax Justice Network, “contar con programas de transparencia y anticorrupción como así también de rendición de cuentas a la toda la sociedad debe ser prioritaria en momentos donde las desigualdades sociales y económicas se profundizan cada vez más”.
Sin embargo, para Carlos Del Frade, el escenario luce mucho más complejo y desafiante donde no solo deberían incluirse los peligros detrás del blanqueo o la puerta hacia la economía de enclave del RIGI.
“El anuncio de las sociedades anónimas deportivas, el Pacto de Mayo que exige que las provincias pongan a disposición de las multinacionales sus recursos naturales, la exigencia de las exportadoras de echar al estado en cualquiera de sus formas del río Paraná y creer que el narcoterrorismo se resuelve militarmente, es un conjunto de anuncios, medidas y leyes que solamente traerán más lavado de dinero con un mínimo control de parte de las grandes empresas. La Libertad Avanza a favor de los flujos de dinero ilegales y legales como resultado de una política que reconstruye el estado al servicio de las minorías”, analizó en diálogo con El Destape.
En todo Estado democrático, el acceso a la información debería ser la llave constitucional para el ejercicio pleno de los derechos y la rendición de cuentas ante la sociedad. El dinero que se evade, son recursos que pierden los Estados para invertir en políticas públicas de salud, educación, producción y crecimiento económico y también para reducir el déficit fiscal, por ejemplo.
En este escenario, un Registro de Beneficiarios Finales – también auditado por la sociedad civil - podría ser un escollo dentro de los planes de Milei y su política de cooptación del Estado para ponerlo al servicio de los cada vez más concentrados grupos financieros globales.
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