Por primera vez, un Estado del Conosur tomará el compromiso de capacitar a más de 20 mil efectivos de seguridad en perspectiva de género por haber desprotegido a dos mujeres víctimas de femicidio, tras una recomendación de la ONU. Argentina este viernes pedirá perdón públicamente con un acto en la Ex Esma a los familiares de Analía Aros y Florencia Albornoz por no haber actuado a tiempo, por haber desamparado a las mujeres cuando se presentaron a pedir que el Estado las cuidara frente a las situaciones de violencia que estaban atravesando.
Los familiares de Florencia, asesinada en 2010, y de Analía, en 2017, juntaron fuerza y concurrieron al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para que quedara plasmada la inacción del Estado ante los crímenes, que ocurrieron en un contexto de violencia de género denunciado previamente. Tras la intervención del organismo como mediador, se llegó a una solución y el Estado argentino asumirá su responsabilidad internacional en ambos casos, en el marco de las denuncias que presentaron la red Atravesados por el Femicidio, junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación en 2020.
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Analía fue asesinada el 21 de marzo de 2017 en Mar del Plata por su pareja, quien intentó hacer pasar el ataque como suicidio. Los investigadores comprobaron luego que la mujer de 37 años había sido ahorcada y que Hugo Gutiérrez había intentado ocultar su crimen. Dos días antes, Analía lo había denunciado por agresiones en el marco de una fuerte discusión. Florencia, por otro lado, fue víctima de un "femicidio uniformado". El agente de la policía bonaerense Miguel Ángel Mazó la mató con su arma reglamentaria el 17 de enero de 2010, a pesar de que ella sí había recibido una restricción perimetral después de dos años de constantes hechos de violencia. Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua, mientras que Mazó fue condenado a 18 años de prisión en 2012.
Funcionarios policiales de todos los niveles ahora deberán estudiar sus casos como ejemplos de todo lo que no se debe hacer cuando una víctima de género se acerca a denunciar. Para el equipo de abogados, las disculpas representan "una luz de esperanza para los familiares", en el país en que mujeres y diversidades mueren por la violencia machista cada 39 horas.
La CEDAW trasladó las denuncias al Estado argentino, que las analizó, observó que no se brindaron las medidas de protección a las víctimas para prevenir los desenlaces fatales y decidió reparar a los familiares a través de un acuerdo de solución amistoso.
El reconocimiento estatal implica un pedido de perdón y compensaciones económicas, pero también se deben llevar adelante una serie de medidas preventivas. En este caso, se definió que haya una "reparación integral, que vaya más allá de las indemnizaciones", según aclaró a El Destape Mario Fernando Candia Falcón, socio fundador de Justicia y Reparación, desde su oficina en Santiago de Chile.
Según explicó Gabriela Kletzel, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, "el Estado hace más que pedir perdón", porque también se compromete a que no vuelva a suceder lo mismo. Esta promesa involucra a distintas áreas del Gobierno e incluye la capacitación obligatoria masiva de los efectivos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
"Una de las cláusulas tiene que ver con la formación de efectivos de PBA. A los cursos que tienen que ver con la temática general de la prevención y el abordaje de femicidios se van a incluir estos dos casos en particular como material de estudio para generar conciencia. Así buscamos brindar garantías de no repetición", amplió la funcionaria y sintetizó: "Trabajamos para evitar una condena internacional pero también para reparar a las víctimas y familiares".
El abogado que logró que ambos casos llegarán a la ONU pidió que se lea además este acto en clave regional. De acuerdo al último informe de la CEPAL, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio en América Latina y el Caribe en 2021, lo que representa aproximadamente 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.
"Es muy significativo lo que pasará este viernes, es único en el Conosur, porque viene a demostrar a todos los Estados de la región que, en casos de femicidios, las reparaciones tienen que ir más allá. De esta forma, queda claro que lo que no haga bien un funcionario público, lo que no se haga correctamente en una comisaría o en un hospital, va a tener aparejado una indemnización social con cargo al Estado. Representa además una luz de esperanza para todas las familias", opinó.
La palabra de los familiares
Ana Soto, mamá de Analía, explicó en ese sentido que las familias de víctimas de femicidio están "eternamente en duelo" por lo que les tocó vivir. "Este no es solamente mi caso, por eso, acompaño siempre a las otras madres que pasaron por esto. Espero de todo corazón que signifique un antes y un después, y que todo mejore", destacó en diálogo con este medio. Ana se cansó de golpear puertas y más de una vez la impulsó a su hija a acercarse a denunciar las agresiones que recibía después de esas peleas que se desataban cuando ella solamente quería usar un bikini en la playa. Analía fue con los moretones a la comisaría, pero el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias.
Más allá del dolor que le genera recordar la ausencia de su hija, cree que el perdón le va a brindar cierto "alivio", aunque tiene muy en claro lo que quiere escuchar por parte de las autoridades. “Quiero nada más que me digan que esto va a cambiar, que se tenga en cuenta a las víctimas cuando denuncian, y con eso sería suficiente. Cuando llegó la medida de restricción de acercamiento hasta mi casa, ese día mi hija ya estaba muerta y enterrada. Ahora estamos viviendo una epidemia", subrayó, con la voz entrecortada. El caso de Analía refuerza la idea de que existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres.
El camino de búsqueda de justicia por el asesinato de su hermana la llevó a Fernanda Albornoz a crear junto a sus familiares la agrupación Atravesados por el Femicidio, la red que creó junto a otros 8 familiares para brindar asesoramiento a otras familias, para transformar así el dolor en lucha colectiva. Ella espera que "sin duda esto marque un precedente para las demás causas en nuestro país" y que las medidas sirvan para "que en todo el país se vean reflejados los cambios para la eliminación de la violencia de género y femicidios".
Fernanda anhela también que las capacitaciones incluyan nuevos protocolos de seguimiento y control "para evitar algún tipo de encubrimiento por parte de policías y comisarios". Las parejas o mujeres cercanas a un miembro violento de las fuerzas de seguridad están expuestas a un doble riesgo: viven amenazadas y sienten que no pueden denunciarlo ante sus propios compañeros. Además, en los últimos cinco años, el 9 por ciento de los femicidios ocurridos en el país fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea activos o retirados, y al menos el 42 por ciento de ellos usaron sus armas para cometer los asesinatos.
Argentina y la violencia machista en la CEDAW
Más allá de las diferencias, en ambos casos el Estado llegó tarde y mal. Para que la CEDAW reciba denuncias por violaciones del tratado, se tienen que cumplir ciertos requisitos, como, por ejemplo, probar que el Estado haya tenido conocimiento del riesgo en el que estaba la posible víctima de femicidio y que no haya actuado en consecuencia. "Se llega aquí cuando hay una falta de servicio de resguardo por parte del Estado a las mujeres que se acercan a pedir ayuda, cuando se hace la vista ciega", sintetizó Candia Falcón.
En 2020, el Estado tuvo que hacer otro acto de desagravio por no haber sabido actuar frente a la violencia machista. Olga del Rosario Díaz fue apuñalada cinco veces por su expareja, Luis Palavecino, pero sobrevivió. Ella sí pudo escuchar el pedido de perdón por parte de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos por haber sido víctima de una tentativa de femicidio a pesar de las múltiples denuncias que había presentado contra su exmarido por reiteradas agresiones y amenazas.
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También detrás de esta "solución amistosa" estuvo la CEDAW. En ese momento, el Estado se comprometió a llevar adelante un control de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces/as por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura, entre otras medidas. La reparación a las víctimas fue tan exitosa que la Defensoría General de la Nación, la parte litigante, ya pidió al Comité que dé por cerrado el caso por el cumplimiento total del acuerdo.
El Comité integrado por expertos independientes de todo el mundo supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, también considerado como la "Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres", ratificada por 189 Estados, entre ellos, Argentina. Es el instrumento internacional vinculante más importante para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Florencia y Analía denunciaron, pero fue en vano. De acuerdo a una de las presentaciones que llegaron a la CEDAW, el femicidio fue consecuencia "del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género". Los funcionarios argentinos analizaron ambos casos y coincidieron en que hubo una serie de violaciones de derechos de tratados internacionales.
"El Estado se hace cargo de que existe responsabilidad porque las medidas que se tendrían que haber tomado para evitar que sucediera, no se tomaron. Esta gestión, encabezada por Horacio Pietragalla, tiene una mirada que tiene que ver con la reparación. Si se estudian los casos en profundidad y observamos la violación, la idea es trabajar para que los familiares se sientan reparados, como en el caso de Olga", subrayó Kletzel.
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