Este martes 1 de diciembre es un nuevo día mundial de respuesta al VIH, ya pasaron casi 40 años de las primeras notificaciones de VIH en el mundo y los derechos de las personas con VIH no pueden seguir esperando: en nuestro país seguimos teniendo una ley con perspectiva biomédica. Hace treinta años la ley era un buen antecedente, una herramienta fundamental, era de vanguardia, pero hoy, necesitamos una nueva.
Por eso, desde las organizaciones que integramos el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hace seis años venimos trabajando en un nuevo proyecto de ley. El 25 de septiembre lo volvimos a presentar, por tercera vez, (esperemos que sea la vencida) en el Congreso de la Nación el proyecto revisado para una nueva ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e ITS. y ya hace más de dos meses que esperamos que sea tratado en la comisión de Acción Social y Salud Pública, insistimos #NoHayMasTiempo, en estos casi 5 años 7500 personas murieron por enfermedades asociadas al VIH.
El proyecto fue redactado por el Pueblo del VIH y las Hepatitis, ya que fue un ejercicio y un ejemplo de democracia y participación plural desde el 2014, hecho con la representación de las organizaciones de la sociedad civil y las redes nacionales de personas afectadas o con trabajo en VIH y Hepatitis, además de las sociedades científicas y la academia, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud. Pero parece que no siempre los representantes del Pueblo en el Congreso defienden los intereses de sus representados.
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El proyecto implica un abordaje desde una perspectiva integral e interseccional de géneros y Derechos Humanos. Pero también, es un proyecto que promueve la producción pública de medicamentos, que permite garantizar el acceso y la competencia de precios, así como también insta a ejercer la soberanía sanitaria a través del uso de las salvaguardas de Salud que incorpora nuestra Ley de Patentes para impedir el abuso del sistema de patentes por parte de las compañías farmacéuticas transnacionales, que a través de monopolios sobre las tecnologías médicas necesarias para tratar las enfermedades proyectan sus negocios. La gran transferencia de recursos del sector público al sector privado es posible porque seguimos teniendo en nuestra legislación nacional a las patentes farmacéuticas, instrumentos neoliberales que las empresas utilizan para generar y acumular ganancias.
Según un estudio que hemos llevado adelante a en nuestro Observatorio de Acceso a Medicamentos, el 84% de los recursos asignados al presupuesto para Vih-Sida se destina a la compra de medicamentos lo que impacta en detrimento del financiamiento para la implementación políticas complementarias relacionadas con la prevención, la atención integral adecuada, el seguimiento de tratamientos y la contención social, entre otras necesidades que han quedado insatisfechas.
En el día de ayer el Ministerio de Salud de la Nación organizó un evento para la presentación del boletín epidemiológico del año 2020 desarrollado por la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis virales e ITS. Las autoridades sanitarias de una manera deliberada omitieron dar lugar a la participación de las organizaciones de personas afectadas por las enfermedades. Seguramente la excusa será la virtualidad y la tecnología, pero lo cierto es que ni siquiera nos habilitaron el chat para poder preguntar o comentar. Resulta llamativo al menos que se presenten datos sobre nosotrxs pero sin nuestras voces, y en su lugar una exagerada y relatada realidad presentada por seis funcionarios del Ministerio de Salud y dos referentes de las agencias de Naciones Unidas. Esta situación nos remonta 40 años para atrás, momento en el cual, se destacó la importancia del aporte fundamental de las personas afectadas por la pandemia en la construcción de políticas públicas de las que somos destinatarixs. ¿Dónde quedaron las docenas de compromisos mundiales tomados desde 1994 en la cumbre de París y las restantes reuniones y asambleas de la ONU para el sida donde nos comprometimos al involucramiento y plena participación de las personas afectadas en las definiciones de las políticas públicas de respuesta al VIH?
¿Saben cuándo fue la última gran campaña masiva que vimos en los medios de comunicación sobre prevención del VIH? En el 2008, con “Sin Triki Triki, no hay Bam Bam”. Casualmente, en ese tiempo la sociedad civil y las personas afectadas estábamos sentadas a la par en mesas de diálogo y definición de políticas con los distintos ministerios y agencias.
La tasa de infecciones de las ITS aumenta, particularmente la escandalosa duplicación de la tasa de Sífilis, en los últimos 4 años y de cómo se mantiene la meseta de casos notificados de VIH año a año en números absolutos, que es alrededor de 5000, cuando esos números absolutos en el resto del mundo han descendido. La transmisión vertical aumentó: eso habla de falta de controles y de acceso a la salud en las diferentes etapas del embarazo de las personas con capacidad de gestar. Que aumenten las transmisiones verticales da cuenta de un Estado con escasas políticas públicas destinadas a la prevención. Prácticamente no hay asignación presupuestaria para iniciar campañas masivas de información y difusión destinada a la comunidad. También es cierto que lo presentado en el nuevo boletín epidemiológico corresponde a la sistematización de datos del año anterior e inclusive al 2018.
Desde el Observatorio de Acceso a medicamentos de Fundación GEP analizamos el presupuesto de la Dirección y las compras públicas: mientras que la inflación entre 2019 y 2020 fue de un 75%, los precios de los medicamentos aumentaron, en promedio, un 84%. Hay 6 medicamentos que aumentaron por encima de ese promedio. Además, escandalosamente, terminamos comprando un tratamiento que usa un elevado porcentaje de personas con VIH, Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg a la empresa farmacéutica argentina Elea S.A., que pasó de costar $20,04 por unidad en 2019 a ser pagada $280,72 en 2020. Es un aumento mayor al 1300%. Es que no solo las farmacéuticas multinacionales son un gran poder abusivo; las grandes farmacéuticas nacionales privadas están demostrando estar a la par. Por eso se vuelve tan esencial la producción pública de medicamentos que termine con la especulación y la extorsión.
Es cierto que, a pesar de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud mejoró la planificación y previsibilidad de las compras de tratamientos con respecto a la gestión macrista, que no solo nos dejó sin Ministerio de Salud, sino que nos había literalmente sentenciado a muerte, dejándonos sin medicamentos, sin leche de fórmula, sin reactivos, sin preservativos. Sin embargo, nos preocupa que la Dirección de respuesta al VIH hoy no cuente con stock suficiente de algunos medicamentos clave para garantizar la continuidad de los tratamientos de miles de personas. Sin stock, los tratamientos y terapias entran en riesgo. Es necesario sostener una estrategia de previsión de las compras para que no haya faltantes ni cambios en la medicación para evitar fallas en la adherencia.
Por todo eso, este es otro 1 de diciembre sin nada que festejar en lo colectivo, aunque sí celebrar en lo personal la vida, con mas de 26 años de tener VIH, aunque en parte debe ser gracias al inescrupuloso poder farmacéutico transnacional que nos mantiene crónicxs, pues así, medicadxs por siempre, les resultamos más rentables. Entonces ahí es cuando volvemos a levantar la bandera y gritar que exigimos #LaCuraYa y, claro, más que nunca exigimos el tratamiento del proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e ITS. ¡Nada de nosotres sin nosotres!
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