Quienes esperaron más de 10 años para ver al femicida de sus familiares en la cárcel, como Daira Sayavedra (cuya madre Sabrina González fue asesinada por su expareja), jamás se imaginaron que en 2025 estarían acompañando a otros que viven con muchísima incertidumbre el anuncio del Gobierno del Presidente Javier Milei contra la carátula del femicidio, consagrada desde 2012 en el Código Penal. Abogados consultados por este medio alertaron que la llamada "Ley de igualdad ante la ley" puede generar una ola de pedidos de condenados por femicidio con prisión perpetua para que se les aplique una reducción de su pena con algunos tecnicismos legales. La palabra final la tendrá el Congreso, más allá de las intenciones del oficialismo. Por su parte, Ana Carla Carrizo, diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), advirtió a El Destape que la eliminación de la figura es inconstitucional. Su aprobación había sido acompañada por todo el arco político al calor de la marea verde y violeta.
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El oficialismo va a presentar un proyecto en el período ordinario de sesiones para eliminar la figura de femicidio y los cupos de géneros y discapacidad, después de los aberrantes dichos del mandatario en el Foro de Davos contra la comunidad LGBT+ y los feminismos. Milei aseguró ante los empresarios que esa tipificación "legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre", minimizando la violencia de género, que en su caso más extremo se cobra la vida de mujeres y diversidades.
Los femicidios existen. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Ahora que Si Nos Ven, cada 27hs asesinan a una mujer, si se toman en cuenta los datos de lo que va de 2025. También los transfemicidios y travesticidios. Según la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), entre los años 2015 y 2022 se iniciaron investigaron 167 homicidios dolosos de mujeres cis, mujeres trans y travestis ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. El 62% de este total de homicidios dolosos fue clasificado como femicidios, transfemicidios o travesticidios (103 víctimas en 100 causas). El reclamo de los familiares de las víctimas hacia el Congreso es concreto: "No voten a favor". Las calles le responderán a la misoginia y homofobia del mandatario con la masiva marcha antifascista de este sábado.
De acuerdo al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la iniciativa busca eliminar del Código Penal el artículo 80, inciso 11, que establece la pena de prisión perpetua para hombres que maten a una mujer mediando violencia de género. Es lo que en derecho se considera un "agravante", una figura que establece que las penas de los homicidios simples, de 8 a 25 años, no son suficientes, justamente por la violencia ejercida por un hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer y por la asimetría de poder que existe entre uno y otro. "Si se elimina, quienes cumplen penas a perpetua por ese delito van a pedir la reducción penal por la aplicación del principio de ley penal más benigna, que se aplica en forma retroactiva", alertó la abogada Sabrina Cartabia, quien acompaña a víctimas de violencia, sobre los alcances que podria tener la eliminación de esta tipificación. No serían así solamente los femicidas que aún no fueron juzgados los que se verían beneficiados.
"Si se elimina, quienes cumplen penas a perpetua por ese delito van a pedir la reducción penal por la aplicación del principio de ley penal más benigna, que se aplica en forma retroactiva", alertó la abogada Sabrina Cartabia
El femicidio no es el único agravante que define penas altas en casos de asesinatos de mujeres. Sin embargo, cuando no median otras figuras como la "alevosía" o la "premeditación", el inciso 11 es la herramienta clave y el único recurso que tiene la Justicia para dictar penas ejemplares a los femicidas. "La eliminación del tipo penal transformaría esta iniciativa del Ejecutivo en un Proyecto de Ley desincriminatorio para femicidas. El Ministro de Justicia y el Presidente amenazan a la población con liberar a asesinos de mujeres porque eliminar el agravante permitiría además a los femicidas la libertad condicional que hoy no está permitida por la existencia del agravante", amplió Cartabia en diálogo con El Destape.
Por otro lado, la abogada puso el acento en que la figura del femicidio iguala el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres, estén casadas o no. Podría eliminarse esa otra corrección que se votó en 2012 por unanimidad, mientras las marchas del Ni Una Menos transformaban a la lucha contra las violencias en una cuestión transversal a toda la sociedad. "Hoy la mayoría de las personas no se casan por lo que el gobierno propone dejar a las mujeres solteras o divorciadas sin protección", remarcó. Y puso el acento también, como tercer punto, en que la decisión generará una "pérdida de las fuentes estadísticas públicas", debido a que si no existe la figura de "femicidio", entonces no se van a registrar los asesinatos de mujeres.
El cambio social y el debate del que participaron también los ahora libertarios
Melisa García, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas, puso el acento también en el "valor simbólico" que tuvo esta iniciativa, en tanto no solamente sanciona a femicidas. También impulsó un cambio cultural y político. Después de esa conquista se consiguió en 2019, con la ampliación de la Ley 26485, que el Estado "sancione y erradique de alguna forma en diferentes políticas no solamente en lo punitivo, sino también en lo preventivo". Y, contrario a lo que plantea el oficialismo, subrayó: "¿Por qué existe y hablamos de la violencia de género? Porque la violencia de género es la ejercida, lo que hace referencia a la ley, de la que realiza el varón hacia la mujer por su condición de género, ¿por qué? Porque hay un montón de cuestiones específicas que contribuye la sociedad para colocarnos en un pie de desigualdad". Esa que hoy niega el Gobierno de turno.
"El femicidio es un término político de denuncia y visibilización de la manera más extrema que cobra la violencia machista. Fue a costa de décadas de lucha que logramos incorporarlo como un agravante del homicidio en el Código Penal", indica la placa de Ahora que Si Nos Ven en respuesta a Milei. Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad, también explicaba en 2012 la importancia de esta iniciativa. Además de haber votado a favor del proyecto como diputada, remarcó por esos años que se aprobó para poner "el énfasis en las mas débiles, que son las mujeres, o las personas de identidad sexual distinta o religión distinta". Hoy ella, junto a otras diputadas y senadoras que impulsaron las conquistas feministas desde sus bancas, no condenan los ataques del presidente.
Para la diputada radical Carrizo, con la ley se envió un "mensaje contundente a todas las mujeres del país", porque más allá de las denominaciones representó "el reconocimiento a las formas de violencia de género al contemplar la máxima instancia de violencia de género en el país". Sin embargo, considera que ahora están planteando "una involución", a partir de "un capricho". "Cuando se votó en Diputados acompañaron 44 bloques, incluidos obviamente integrantes del PRO como Laura Alonso, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Soledad Martínez, que son referentes fuertes, como Patricia Bullrich. Hoy tendrían que decir por qué se oponen a decisiones que rigen las democracias consolidadas del mundo", planteó al asegurar que 16 países de América Latina incorporaron este delito especial, menos dos países."¿Por qué tendrían que posar la mirada que tienen sobre el femicidio Cuba y Haití? No creo que la ministra de Seguridad se deje llevar actualmente por este tipo de paradigma, ¿no? Pero bueno, por eso es contraintuitivo lo que están haciendo, porque esas grandes coaliciones no tienen que ver con los partidos, tienen que ver con las personas", sumó y aclaró en particular esa diferenciación: "A veces desilusiona ver algunas personas que estaban más por la foto que por la política. Pero bueno, eso ocurre en todos lados. Lo importante es que somos más quienes están más allá de si esto es una moda o no".
Un proyecto que va en contra de la Constitución
Carrizo no tiene dudas de que el proyecto es anticonstitucional, porque todas esas leyes que "de alguna manera el Gobierno quiere volver atrás, en el ámbito penal con el femicidio pero también la idea de la ley de identidad de género, la idea de la ley de promoción de empleo formal para las personas trans, la paridad, el grupo sexual" están enlazadas y protegidas en la Constitución por el artículo 37 de la Constitución Nacional.
Ese apartado dice que "justamente los congresos y los países democráticos tienen que avanzar desde la igualdad formal a la igualdad real o a la equidad. Por eso la palabra equidad es muchísimo más fuerte que la palabra igualdad. La palabra equidad es la palabra que define la evolución de las democracias del siglo XXI. Tiene un andamiaje constitucional. Habría que reformar la constitución nacional para poder volver atrás con los avances que la propia constitución indica", amplía la diputada.
García, en la misma línea, pidió no caer en la trampa discursiva que proponen los libertarios al intentar revertir la idea de igualdad para adjudicarle un tenor discriminatorio. "Cuando Cúneo Libarona plantea que el inciso podría ir en contra de un principio de igualdad hay que tener en cuenta que justamente la equidad refiere a construir la solución justa entendiendo las desigualdades que existen, ¿por qué? Porque yo no puedo tratar entre iguales si no somos iguales. Si mi vida vale menos que la vida de un varón, obviamente que nunca vamos a estar en un pie de igualdad". De esos supuestos "privilegios" habla el oficialismo, que niega desigualdades históricas. "Lo único que busca es correr del foco el copromiso del Estado a eliminar violencias cuando dice que la mujer está en un lugar de privilegio. "Si yo salgo a la calle y el riesgo que corro es que me violen y que me maten porque existe y lo hemos visto, no es un privilegio que haya una sanción para quien perpetra ese hecho, que casualmente siempre son varones", explicó.
Para Carrizo, "Argentina no está fuera del clima mundial que exalta la idea de la crueldad, la maldad, como de vinculación social". "La política hoy ocurre en muchísimos lados fuera de los partidos tradicionales del país. Así que esa vitalidad va a compensar todo lo que es moda dentro y fuera del Congreso Nacional", consideró.
Los familiares de víctimas de femicidios están atentos a lo que pueda pasar allí. "La Ley 26485 no se toca", afirma el afiche de convocatoria de la organización Atravesados Por el Femicidio. Este sábado marcharán para recordar que "los femicidios existen". "Por nuestras mujeres asesinadas víctimas de femicidio alzamos nuestra voz y nos manifestamos", es la consigna. "Esperemos que el Congreso no vote a favor de esto", pide Daiara, en recuerdo de su madre Sabrina.
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