Capital Humano despidió a decenas de trabajadores el viernes por la noche

“Me enteré hace dos horas que estoy despedida”, dijo ante El Destape una de las trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El área pasó a la órbita del Ministerio de Capital Humano, contaba con más de 2400 personas distribuídas en todo el territorio nacional y ya es la tercera tanda de cesantías que atraviesa desde que comenzó la gestión de Javier Milei. Sabrina (su nombre se resguarda para protección personal), ya había salido de la oficina en la que trabajaba desde hacía tres años cuando recibió el correo en el que le informaron que se dio de baja su contrato al 31 de marzo. Junto a ella fueron despedidas más de 25 personas, lo que completa un total de más de 340.

Este viernes por la tarde noche la metodología fue similar a la previa al fin de semana extralargo de Semana Santa. Las y los trabajadores recibieron en sus casillas un correo del remitente RH Notifica con el asunto “notificación no renovación contractual”. El texto dentro anuncia el despido: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este Organismo, en el marco de lo dispuesto por el Ar.9 del Anexo de la Ley N° 25.164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. Debidamente notificado”.

De esa manera, se cumplió la tercera tanda de despidos que desarma la estructura de la Senaf, un organismo cuyo nuevo organigrama no fue publicado aún y que en esta nueva gestión pasó a llamarse Subsecretaria de Políticas Familiares de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, bajo control de la militante antiaborto Ana Belén Mármora.

Según confirmó ante este medio el delegado gremial de la Junta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Adolfo Dardik, entre las bajas que respondían a contratos de 2023, más las notificaciones de bajas al 31 de marzo -antes de Semana Santa- contabilizaron 320 despidos. Hasta el viernes a las 20, sumaron otros 26 más. De las 2436 personas que trabajaban en la Senaf para fines de diciembre del año pasado, 1800 contaban con la modalidad de contrato de artículo 9, de renovación automática. La mayoría de las cesantías se dio sobre ese universo de trabajadores y trabajadoras. Entre las personas que este viernes se quedaron sin trabajo están algunas de la Ciudad de Buenos Aires, otras en la provincia y, algunas más, en Entre Ríos.

Todo ello, para completar los más de 70 mil despidos del Estado que el Gobierno ultraderechista prometió.

“Si bien estuve yendo todos estos días, recibí este mail al rato de haber salido de la oficina”, dijo Sabrina ante este medio. Ella es socióloga, recibida con honores de la Universidad de Buenos Aires y con especializaciones en políticas públicas destinadas, justamente, a niñez y adolescencia y a géneros y diversidad. Y, aunque hace tres años se desempeña en este organismo, ya llevaba siete años en la administración pública nacional. 

Su trabajo en la Senaf era el monitoreo de las políticas públicas, colaboración en la organización de los equipos que están distribuidos a lo largo de todo el país para la realización de diversas tareas y sondeo. El espacio tiene como responsable a Rocío Fraga, pero no está designada formalmente y, según dijeron, se encuentra de vacaciones. “Ella dijo que no despediría a nadie, reconoce que trabajamos, pero dijo que la decisión la baja de Jefatura, no especificó más”, contó.

El trabajo de Sabrina es fundamental para conocer qué es lo que se hizo y lo que resta por hacer. “Lo que hacen es absolutamente contrario al discurso que tienen de la eficiencia que quieren darle al Estado, que tiene que rendir a la sociedad. Sin monitoreo de políticas públicas no se pueden conocer los datos ni saber lo que estamos haciendo”, explicó. Por eso, asume que, “evidentemente lo que quieren es que no haya control”. 

“Lo vi yo, desde el 10 de diciembre no hicieron nada”, sentenció. Sabrina, a continuación, enumeró una serie de efectos colaterales en los despidos: “Hay convenios que las trabajadoras están esperando poder rendirlos, hay pagos que no se hacen”, apuntó. Y mencionó una más: “Esto es gravísimo: hay altas de reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos de víctimas de femicidio que no se están dando pese a que hay solicitudes”, afirmó en referencia al cumplimiento que articula la Senaf con Anses para el pago de la conocida Ley Brisa (27.452).

“Quizá detrás de ese discurso de eficiencia lo que quieren es que no haya nada y que no se sepa”, reflexionó.

En la previa a Semana Santa, una de las despedidas fue Verónica Muller, licenciada en musicoterapia e integrante de lo que era la Subsecretaría de Primera Infancia de la Senaf. La modalidad bajo la que estaba contratada era 048, es decir, planta transitoria de renovación automática cada año. “Lo que vemos es que primero vaciaron las áreas que tienen contacto con la ejecución de las políticas públicas dedicadas a capacitación y formación. Hubo muchísimos despidos en los equipos territoriales de las provincias. Ahora, estamos viendo que despidieron personal administrativo también”.

Verónica tenía como tarea armar espacios de formación y capacitación, incluso, diplomaturas en articulación con universidades nacionales a nivel federal o armar cuadernillos, conversatorios y hasta validar contenidos que generan otros organismos y organizaciones en los distintos niveles del Estado en todo el país. Todo ello también para los 2700 espacios de primera infancia que hay a lo largo del territorio -sobre todo en situación de vulnerabilidad social-, que reciben a 170 mil niños y niñas de entre 45 días y 4 años. 

Las temáticas que se abordaban en esos espacios eran: discapacidad, desarrollo infantil, educación sexual en la infancia, lactancia y soberanía alimentaria, entre otros. “Me preocupa qué es lo que piensan hacer con el Plan nacional de Primera Infancia”, reconoció Verónica, que también hizo alusión a lo “siniestro” de las modalidades que están utilizando para despedir. 

Junto a su compañera coincidió en que “no hay ningún tipo de evaluación” y afirmó que “las autoridades no están yendo a trabajar”. 

“La inexistencia de esta gente en sus despachos es una situación siniestra sumada a la despersonalización que hay”, dijo y apuntó que lo que está puesto en marcha es un “plan de vaciamiento de las políticas públicas, que no responde a una reducción del gasto público. Lo que están haciendo es destruir al Estado, dejando a miles de personas sin derechos”.