En un comunicado conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS e H.I.J.O.S. Capital expresaron su repudio a una medida del Gobierno de Javier Milei que consiste en un "desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas". Desde las organizaciones de derechos humanos afirman que se trata de documentos fundamentales para el esclarecimiento y juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Las organizaciones manifestaron su enérgico rechazo ante la reciente decisión del Ministerio de Defensa de desmantelar el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado en virtud de la resolución ministerial 308/2010, un área que aprota a la "reconstrucción de la verdad". Esta resolución también establece el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza.
"El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se tomen medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura", aseguraron en el escrito.
Además, consideraron que el retiro de estos equipos civiles y profesionales "resulta especialmente inquietante en un contexto en el que la conducción del Ministerio de Defensa está en gran parte a cargo de militares retirados" y, en sumatoria, las máximas autoridades políticas manifestaron una visión despectiva hacia la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, considerándola como "una forma de hostigamiento y estigmatización".
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Desde las organizaciones de derechos humanos sostienen que los equipos de trabajo encargados de los archivos desempeñaron "un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar": "Su labor ha sido crucial para esclarecer los crímenes del pasado y contribuir al proceso de reparación y memoria histórica en nuestro país".
En el comunicado, sostienen que "la medida adoptada por el Gobierno nacional no solo obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia, sino que también pone en riesgo la preservación de la documentación necesaria para mantener viva la memoria histórica de nuestro país". "El acceso a los archivos y documentos es fundamental para conocer la verdad sobre los desaparecidos, los casos de apropiación de niños durante la dictadura y otros crímenes de lesa humanidad que aún esperan ser esclarecidos", expresaron.
También repudiaron que desde el gobierno de Javier Milei se cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos que se construyó "rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia": "¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos?".
En la misma carta, destacaron que este desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos se suma a "una preocupante ola de despidos masivos en el Estado". Con respecto a esta medida, indicaron que "está dejando a miles de trabajadores y trabajadoras sin empleo y poniendo en riesgo políticas públicas esenciales para el acceso a los derechos fundamentales".
"Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos", cerraron diciendo en el escrito, que lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS e H.I.J.O.S. Capital.