Tres años sin Cristina Vázquez, la mujer que estuvo 11 años presa siendo inocente: "Le robaron la juventud"

Nada cambió desde que a Cristina Vázquez la acusaron de un asesinato que no cometió y por el que pasó 11 años presa. Las injusticias que atravesó se acumularon como un peso pesado: recién en el 2019 la Corte Suprema de Justicia dijo que era inocente y la absolvió. Ninguno de lxs operadores judiciales que la condenaron fueron procesados. Y como nada cambió, esa vida azotada de injusticias terminó de apagarse. 

"A Cristina le frustraba mucho no haber podido estudiar. A nosotras nos robaron toda nuestra juventud y eso la hacía sentir muy mal. Éramos dos jóvenes rebeldes como cualquier joven rebelde de hoy día que está en contra del mundo. La sociedad y el patriarcado nos juzgaron por las condiciones de vida que llevábamos. Hace 20 años atrás no te podías parar con cinco chicos en una esquina a tomar un té, un mate o fumarte un cigarro porque te decían que eras una puta", recuerda su amiga Cecilia Rojas, quien estuvo 14 años presa, acusada injustamente por el mismo crímen.

A Cristina y Cecilia las detienen por primera vez a los 19 años. Entran y salen de la cárcel tres veces por falta de pruebas hasta que en 2010, la justicia de Misiones las condenó a cadena perpetua por un crímen que no cometieron. Les jueces Marcela Leiva, Fernando Verón y Selva Raquel Zuetta las encontraron culpables de asesinar a Ersenilda Lelia Dávalos el 28 de julio de 2001 y la fiscal Liliana Mabel Picazo basó su investigación en conjeturas y prejuicios sobre la vida privada de las jóvenes. La justicia las criminalizó y el Estado las abandonó. Cristina nunca recibió una contención integral, no pudo rehacer su vida, no conseguía trabajo, sufría depresión y el 26 de agosto de 2020 se quitó la vida.

Los hechos

El 28 de julio de 2001 Cristina estaba en la casa de su amiga Celeste en Garupá, una localidad ubicada a ocho kilómetros del domicilio donde vivía con sus padres. Como no había servicio nocturno de colectivos, Cristina se quedó a dormir en lo de su amiga. Esa noche, su vecina Ersenilda fue asesinada y le habrían robado joyas. Según la justicia, una mujer se habría presentado a declarar en la causa y dijo que había un hombre que estaba vendiendo joyas que pertenecían a la víctima. Ese hombre sería Ricardo Jara, la pareja de Cecilia, amiga de Cristina. 

Lxs tres fueron incriminadxs, la testigo no volvió a declarar en la causa, ni fue convocada por la justicia en el juicio, las joyas jamás aparecieron y tampoco se investigó si realmente esa versión era real. Nunca se encontró ningún rastro de Cristina en la casa de la mujer, no había ninguna prueba contundente que demuestre que ella había estado allí en el momento del crimen y el examen de ADN también dio negativo. Celeste, quien estuvo esa noche y hasta el día siguiente con Cristina, declaró pero su testimonio nunca se tuvo en cuenta. Tampoco se investigó el entorno familiar de Ersenilda, ni a un hombre que esa noche estuvo realizando arreglos de electricidad en su casa y que fue la última persona que la vio con vida. 

La crueldad del sistema judicial

“En 2001, los derechos humanos no existían y el modo de interrogación preguntándome por mi compañera de causa, Cecilia Rojas, era el de tortura. No sabía realmente dónde estaba, llegaba reventada a la Comisaría Segunda y los y las policías no decían nada. Cuando me estaban torturando, me preguntaban todo el tiempo por mi compañera de causa, creí que el problema lo tenía Cecilia y no yo. Estaba aterrorizada, nunca en mi vida me habían levantado la mano”, contó Cristina a la periodista Irupé Tentorio en enero del 2020.

La abogada Indiana Guereño dedicó años de trabajo para lograr la libertad de Cristina desde el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal junto con Proyecto Inocencia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Mujeres Penalistas y el Instituto Nacional de las Mujeres, llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia. En 2019 ambas mujeres recuperaron su libertad luego de que la Corte las absolviera. 

“El tribunal y la fiscal que condenaron a Cristina no sólo no tuvieron ningún procesamiento, sino que la fiscal fue ascendida, pasó a integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Tampoco hubo ninguna especie de autocrítica por parte de quienes integraron el tribunal y muchísimo menos de la fiscal. Creo que se las condenó porque se las juzgó en base a estereotipos de género y porque tenían que encontrar a los culpables de esa muerte, que al día de hoy todavía está impune porque las personas que fueron condenadas no fueron las autoras, ni Cecilia ni Cristina ni Ricardo. Cuando hechos de estas características conmueven a lugares como Posadas la necesidad es resolverlo y rápido, por más que se lleven inocentes en esas causas.Toda la falta de pruebas fue suplida por prejuicios basados en estereotipos. Tampoco hubo alguna reparación y eso es muy grave”, asegura Guereño.

Cecilia recuerda que mientras estaban privadas de su libertad se enteraron que la fiscal Picazo fue convocada a un evento sobre derechos humanos para representar a su provincia y hoy les jueces que las condenaron siguen en el mismo lugar. “Así como nos condenaron a Cristina y a mí, condenaron a un montón de gente que es inocente porque cuando uno ve los expedientes no hay pruebas. Condenan por la apariencia, eso es racismo y una cuestión de clase, si fuéramos rubiecitas y ‘las hijas de’, no íbamos a ir detenidas por tener contactos o podíamos salir después de pagar una fianza”, asegura.

En un fallo unánime, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el tribunal de Misiones revisó la condena a prisión perpetua que se les había aplicado con un “análisis parcial y sesgado de la prueba” y lo señalan como ejemplo de un “proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del beneficio de la duda debido al prejuicio con que fue analizado el tema”. La condena se basó en conjeturas que ponían el foco en que Cristina tenía un “estilo de vida promiscuo y marginal”, que “consumía drogas” y no había terminado el secundario.

Un daño irreparable

Cecilia tiene ahora 41 años y está estudiando la licenciatura de Trabajo Social. Recuerda que los días previos a su muerte, Cristina se había quedado sin celular, pero vivía al lado y se veían todos los días. El 26 de agosto de 2020 Cecilia golpeó la puerta de su amiga para tomar unos mates antes de irse a trabajar como era costumbre, pero Cristina no salió. Cecilia se preocupó porque el día anterior la había notado mal. Cuando pudieron abrir la puerta de la casa, recién al día siguiente con la llegada de su hermana, encontraron a Cristina sin vida. 

"Después del contexto de encierro Cristina siguió yendo al psicólogo y al psiquiatra. Yo creo que la suicidaron, porque había mucho conflicto. En una ciudad como esta que es chica el prejuicio es mayor, cuando nos liberaron nadie nos ayudó, fui al patronato de liberados y no tenían ni herramientas para que podamos hacer un oficio", repasa Cecilia. Y recuerda sus tiempos en prisión y los prejuicios que llegaron después: "Nosotras estuvimos mucho tiempo detenidas y la pasamos muy mal. Además, a Cristina en la Iglesia la hostigaban, se sentía muy discriminada porque se había casado con una mujer"

Según Cecilia, el cura Alberto Barros, titular de Cáritas de la diócesis de Posadas, la manipulaba para que se separe de su pareja si quería continuar trabajando. Impulsada por esa presión, Cristina terminó solicitando el divorcio: "El cura le dijo que estar casada con una mujer iba en contra de la moral de la Iglesia y que una integrante de Cáritas no podía ser lesbiana. Cristina no tenía ni siquiera una heladera, solo tenía una cama y un ventilador chiquito, cobraba muy poco por su trabajo y encima la amenazaban con que la iban a despedir”. 

Los medios de comunicación contribuyeron a esa estigmatización que destrozó la vida de Cristina. En las noticias la llamaron “La reina del martillo”, hubo una condena social y mediática que ni la justicia ni los medios revirtieron jamás. “No tenía conocimientos de mis derechos”, dice Cristina en el documental “Fragmentos de una amiga desconocida”, dirigido por Magda Hernández Morales. Lo dice con un rostro agotado, se puede ver la tristeza en sus ojos, cuenta que le faltaba un libro para terminar el secundario y que iba a seguir estudiando porque quería ser chef.

"Creo que tenemos que cambiar muchas cosas de la sociedad, no juzgar, ni prejuzgar, primero tenemos que conocer a las personas. Cuando salimos de la cárcel nos siguieron juzgando porque acá todo el mundo se conoce. Nos miraban y parecía que querían salir corriendo. Creo que esto es una batalla cultural que hay que ir cambiando para que no haya otra Cristina. Son muchos los jóvenes que se sienten discriminados por el género o por una discapacidad y llegan a suicidarse, entonces tiene que haber un cambio cultural y social en todo esto”, concluye Cecilia.