La Ley Ómnibus enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional sigue con rechazos de diversos sectores que se ven afectados por lo que propone. En este caso, fueron más de 120 organizaciones socioambientales de todo el país las que expresaron nuevamente su rechazo al proyecto de ley. Según las mismas, de aprobarse, Argentina se vería despojada de la mayoría de sus leyes de protección de la naturaleza.
Si bien la ley es extensa, se conocieron en estos días detalles que preocuparon a quienes velan por la protección de los recursos y los ambientes naturales. En este artículo, todas las modificaciones que encendieron las alarmas.
La ley que preocupa
Las principales preocupaciones de los ambientalistas se centran en la exclusión del capítulo ambiental de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. También alertan sobre las modificaciones propuestas a leyes clave, como la Ley de Control de Quemas, la Ley de Protección de Bosques Nativos, la Ley de Protección de Glaciares y la Ley de Régimen Federal de Pesca.
Según las organizaciones, estas leyes no están relacionadas con las necesidades y urgencias actuales del país, y su inclusión en este paquete de reformas carece de justificación. Además, argumentan que los cambios propuestos representarían un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados hasta el momento, vulnerando el principio de no regresión ambiental.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino, señaló en diálogo con los medios que, a pesar de algunas modificaciones introducidas, las leyes ambientales continúan en peligro y los cambios propuestos afectan directamente la legislación ambiental argentina. María Eugenia Testa, Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, coincidió que las modificaciones no mejoran la propuesta inicial y mantienen puntos objetables sin cambios.
Ejes centrales
En relación con la Ley de Quemas, las organizaciones expresan su preocupación por el aumento del plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, así como por la posibilidad de que las quemas sean habilitadas automáticamente en caso de falta de respuesta gubernamental. Advierten que esto pone en riesgo los humedales y pastizales, que han sido afectados por incendios recurrentes en lugares como el Delta del Paraná y los Esteros del Iberá.
En cuanto a la modificación de la definición de "aprovechamiento productivo" de la tierra, las organizaciones alertan sobre el riesgo de avance sin control de quemas para diversos fines, como el desarrollo de infraestructura y plantaciones. Además, se señala la derogación de modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego introducidas en 2020, lo que según la FARN empeoraría la problemática de los incendios forestales.
En el caso de la Ley de Protección de Bosques Nativos, si bien se logró retroceder en la autorización de desmontes en bosques protegidos, las organizaciones advierten sobre la desfinanciación continua de esta ley, lo que afectaría la capacidad de control de desmontes ilegales e incendios forestales.
Respecto a la Ley de Protección de Glaciares, se alerta sobre la reducción drástica de la protección del ambiente periglacial, lo que permitiría la actividad minera e hidrocarburífera en estas zonas. Se critica el recorte en la definición de glaciar y su restricción a una protección limitada.
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