El combustible que puede prender fuego a Javier Milei: la clase media

Por primera vez desde que asumió Javier Milei abandonó su postura anti-intervencionista y tomó una decisión política en contra de sus principios libertarios: la regulación estatal en el mercado para retrotraer los precios de las empresas prepagas de salud al valor de las cuotas de diciembre de 2023 y luego aplicar un esquema de actualización mensual. En paralelo, el gobierno redobló la apuesta y acudió a la Justicia para solicitar una medida cautelar contra 18 empresas y asegurar un mecanismo de devolución del dinero a los afiliados. La acumulación récord de más de un 165% de aumento en lo que va del año, como consecuencia del DNU vigente 70/2023 que desreguló el mercado, generó tal nivel de malestar social y ruido, incluso entre sus votantes, que decidió ceder parte de sus principios antes que pagar las consecuencias políticas en medio de una escalada de conflictividad apalancada por los despidos y la llegada de las nuevas tarifas de los servicios a los hogares y empresas.

Quien confirmó la medida de la marcha atrás fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada. Según información oficial,  la disposición del Poder Ejecutivo, que recae sobre los precios de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint, fue tomada luego de que se conocieran los resultados de una investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)  “por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año”, que determinó que “existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país". Al mismo tiempo "las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes". El Estado le exige a las empresas la presentación de información sobre precios del servicio, actualizaciones, y establece la obligación de publicar, en un plazo de 10 días hábiles, "el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web".

Una muestra del impacto del conflicto se puede verificar en las reacciones dentro el universo de alianzas sectoriales que sostienen políticamente a la coalición gobernante: la fuerte tensión con el autor del DNU Federico Sturzenegger; la renuncia de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, a la cámara que representa a las prepagas, quien había celebrado que le quiten "de encima la pata del Estado” al sector;  y la estrategia de contraofensiva de quienes encabezan la medicina privada y acumulan gran parte del mercado que ya se atajaron por la inviabilidad de la medida que según afirman podría “quebrar al sistema”. Además preocupa al gobierno la respuesta en cadena de usuarios y usuarias que podrían acudir a la Justicia ante los aumentos en telecomunicaciones, combustibles, energía, colegios, etc. La compleja realidad social argentina, una vez más, desmintió a la teoría económica que sostiene que el mercado no tiene fallas y desbarató el fanatismo del Presidente quien considera a los empresarios  “héroes benefactores” que pueden sacar a la pobreza del mundo. 

Pero lo que más le preocupa al Gobierno es el inicio de un proceso de desencantamiento social, a solo cuatro meses de la llegada a la Presidencia, tal como anticipan algunas encuestas y observaciones. Fue el propio ministro de economía ,”Toto” Caputo quien llegó a acusar a las prepagas de “hacerle la guerra a la clase media”. Un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que, producto de las medidas de desregulación impulsadas, el costo de la cuota de la medicina prepaga pasó de representar un 11% del salario formal de una persona, entre 2013 y 2019, al 30% en 2024. El impacto de los aumentos en la vida cotidiana se sienten ya que se calcula que cerca del 10% de los afiliados hoy no pueden pagar las cuotas y otros decidieron cambiar de empresa o directamente pasarse al sistema público de atención a la salud. La medida representa una ruptura inesperada en la narrativa inflexible de la gestión actual y al mismo tiempo evidencia un surco posible de acercamiento de la oposición a las clases medias, hoy reacias al peronismo, cuyo humor social suele tener un rol decisivo en la formación de la opinión pública.

Se puede trazar un paralelismo entre esta medida y los vouchers escolares que lanzó el Gobierno nacional para aliviar el bolsillo de quienes mandan a sus hijos e hijas a escuelas privadas con subvención estatal, y ya tiene más de 675 mil inscriptos en todo el país, según información del Ministerio de Capital Humano. El programa está dirigido a familias con ingresos menores a 7 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM), para los niveles inicial, primario y secundario, cuya cuota mensual no supere los $ 54.396. El voucher subsidiará la mitad de la cuota durante mayo, junio y julio. Si bien no es una medida que resuelve la crisis económica generalizada, apunta a reestablecer la confianza y las expectativas de un sector social que entiende el acceso a la educación privada como un elemento de distinción social y consumo que la mantienen con un pie adentro del mundo que representa la clase media.

El discurso estigmatizante de “caer en la escuela pública o caer en la salud pública” aún en el siglo XXI conserva su peso específico y cobra un significado particular en momentos de crisis económica teniendo en cuenta la realidad sociocultural de nuestro país. La posibilidad de “elegir” la escuela fue y es, desde la llegada de los inmigrantes a nuestro país que pudieron con esfuerzo enviar a sus hijos a la escuela y la universidad para lograr la ansiada movilidad ascendente, parte del capital social y cultural de la clase media. Por eso el proceso de selección tampoco basa su fundamento en la calidad educativa o la excelencia académica de una institución. Por el contrario, generalmente está definida  por un relato identitario que conjuga sentidos, imaginarios, cercanías y marcas de pertenencia que no pueden medirse únicamente en términos económicos.

Cómo piensa la clase media

La clase media se caracteriza por ser una categoría tan amplia y diversa como imprecisa. Sus límites se van corriendo según los momentos históricos y las oportunidades de ascenso asociadas a los vaivenes de la economía. Justamente por eso producen constantemente mecanismos legítimos de autopreservación y autosegregación a través de la conservación de consumos que establecen criterios de distinción con la vieja idea de la clase trabajadora, y esto hace que la actividad política busque particularmente dar respuestas a esas demandas.  El acceso a determinados bienes y servicios es lo que permite todavía a ciertas familias considerarse parte de la clase media, más allá de los ingresos o las deudas acumuladas con las entidades bancarias que seguramente la emparenten con los de abajo, incluso a costa de forzar un ajuste extremo en otras dimensiones de la vida familiar. Este tipo de tendencias se verifica sobre todo en las zonas de clase media y media baja de las ciudades capitales, o en el conurbano bonaerense, donde la cercanía con “caer en la pobreza” se sienten más a flor de piel.

Según un informe presentado en 2012 por el Banco Mundial, la clase media argentina se duplicó en el período 2000-2010, lo que representó un hito del Kirchnerismo en la historia moderna de nuestro país. Según el documento este sector social pasó de 9,3 millones a 18.6 millones, lo que representaba un 25% de la población total. Esto también se vio reflejado en la aceleración de la migración de alumnos del guardapolvo al uniforme, proceso que, como afirma un trabajo de los investigadores de la Universidad Torcuato Di Tella Mariano Narodowski y Mauro Moschetti, se triplicó con respecto a los años 90. Si pensamos en dicho escenario y lo que vino después del 2015, podría pensarse al triunfo del PRO en Nación como un intento, impulsado por las clases medias y altas, de reestablecer esas desigualdades que los gobiernos de Néstor y Cristina habían desdibujado (como se expresa en el coeficiente de Gini que llegó a los niveles más bajos desde 1974) y con el deseo de recuperar cierto status asociado a la idea aspiracional de la clase media, tanto la vieja como la nueva.

De forma paradójica el empobrecimiento generalizado que se inició con la pandemia y que el anarcocapitalismo de Milei exacerba termina igualando, para abajo, las condiciones de vida de gran parte de la población. En este marco el gobierno decide acudir a medidas que apuntan a garantizar el status a través de ciertos consumos.  En medio de una crisis que agrava la enorme desigualdad y los procesos de empobrecimiento sostenido de los sectores de medianos ingresos, que cada vez son más acotados, el Gobierno evalúa estrategias simbólicas pero efectivas que apuntan, desde la protección estatal, a la reproducción de la posición social de esas familias, las instituciones y los individuos. Para este gobierno el peligro del estallido social no se mide por el aumento del hambre, las movilizaciones en la calle o la reacción de las clases populares. Por el contrario, el material combustible es la vulnerabilidad y el miedo de las clases medias a dejar de pertenecer.