Crimen del empresario descuartizado: el comisario imputado está cada vez más complicado

El comisario Horacio Mariano Córdoba quedó a un paso de ser exonerado de la Policía de la Ciudad tras ser detenido en el marco de la investigación por el brutal crimen y posterior descuartizamiento del empresario Fernando Pérez Algaba, luego de agravarse su situación procesal. Según informó Noticias Argentinas, se tomó la decisión de pasarlo de disponibilidad preventiva a servicio pasivo mediante la Orden del Día Instituciónal (ODI) N° 179-

"Mediante Resolución número 2023-130, el subsecretario de Emergencias dispuso a partir del día 20 de septiembre de 2023 el cambio de situación de revista a Servicio Pasivo", indicó el documento publicado en las últimas horas. De esta manera, se trata del último escalón antes de ser echado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que en los próximos días quede, finalmente, exonerado.

Según indicó la misma agencia de noticias, en diálogo con una fuente policial, "todavía no lo echaron porque en una fuerza policial se espera el procesamiento, con el cierre de instrucción de una causa" que coincide con la elevación a juicio. Una vez que Córdoba vaya a juicio, será echado.

El comisario Córdoba se encuentra imputado por el brutal crimen de Pérez Algaba, junto a otros cinco detenidos: Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras y Fernando Gastón Martín Carrizo. Todos ellos están acusados del delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia". 

Todos ellos seguirán detenidos con prisión preventiva tras la medida dictada por el juez de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, el pasado domingo 17 de septiembre. Por su parte, la gestora Flavia Bomrad fue excarcelada por decisión del mismo magistrado, a cargo de la causa.

Cabe recordar que el cuerpo del empresario fue hallado descuartizado en una valija desechada en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, entre el 22 y el 24 de julio pasado. De todas formas, su desaparició fue denunciada el 19 de julio por la dueña del departamento que alquilaba la víctima -de manera temporal- en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El juez dictó preventiva para los detenidos

El pasado 17 de septiembre, el magistrado Monelos dictó la prisión preventiva de los seis imputados. En un fallo de 58 páginas señaló que, a esta altura de la investigación, "no impera duda respecto de la relación reinante entre la totalidad de los sujetos intervinientes en el infame homicidio" y aseguró que "existía una empresa criminal previa, donde cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones".

Por otra parte, el juez atribuyó a Vargas y Pilepich un "rol preponderante" en el accionar del grupo aunque destacó que las conductas de todos los detenidos estuvieron "dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial".

Entre las principales pruebas valoradas, Monelos contempló: registros de cámaras de seguridad, impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y las comunicaciones de textos entre sospechosos y víctima. También tuvo en cuenta que Pilepich y Contreras tenían antecedentes por robo y hurto de un automotor, en la misma causa de 2004.

"La relación de conocimiento anterior entre ellos no es un detalle menor teniendo en cuenta la presencia de Pilepich el día 19 de julio a la madrugada en la zona de Ingeniero Budge, específicamente en donde impacta la antena correspondiente al domicilio de Luis Alberto Contreras, de la calle Euskadi 4450 de ese medio; sobre todo cuando la víctima ha sido hallada sin vida en el 'Arroyo del Rey', a escasas cuadras del domicilio aludido", indicó.

Por último, el juez sostuvo que la prisión preventiva se debe a su sospecha de que traten de "eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación", sumado al "posible monto de pena en expectativa". De esta forma, aceptó "parcialmente" el pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Lomas, Marcelo Domínguez, quien también había pedido la preventiva para la gestora.