El 2022 se presenta como el año del reingreso a una nueva normalidad postcovid, alejada de la crisis sanitaria, que le permitirá a los Gobiernos Nacional, provincial y municipal abrirse a profundizar los avances en materia de igualdad de género. Hace ya varios años que las conquistas políticas, económicas, sociales y culturales orientadas a las mujeres y disidencias constituyen un eje central en el camino hacia una sociedad más inclusiva y democrática, y dicha tendencia se consolidó en el período 2019 – 2021 gracias al acompañamiento del Gobierno de Alberto Fernández. Se pueden identificar logros fundamentales como la aprobación de la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela, el Cupo Laboral Trans, o el DNI no binario, que demuestran una fuerte decisión y voluntad política. Sin embargo que una demanda se haya convertido en Ley o política pública, o que un tema esté presente en la conversación social no significa que se cumpla o sea irreversible. Los niveles de igualdad y los nuevos derechos alcanzados no son, sino que se hacen día a día.
La historia nos presenta evidencias suficientes para entender que la política, pero sobre todo la cultura, son una construcción dinámica y dialéctica, y que ningún logro feminista o de cualquier minoría social puede ser dado por hecho. Por eso los objetivos para 2022 y en el mediano plazo en materia de género no pueden ser pensados exclusivamente ligados al efectivo cumplimiento de las leyes, o mayores avances. Tenemos, además, el gran desafío y la obligación de sostener lo conseguido frente a una contraofensiva patriarcal y el avance de sectores ideológicamente reaccionarios. Cómo hacerlo y con quiénes también será parte del debate. Pero no alcanza con que seamos las mujeres y disidencias empujando. Es fundamental la incorporación y articulación política con otros sectores, y sobre todo el diálogo sobre una idea clave: los varones y masculinidades deben verse interpelados como víctimas del patriarcado.
Objetivo N’1: garantizar el efectivo acceso a la IVE
Desde la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del embarazo, en Argentina se realizaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras en el sistema público. Además se registró un aumento en las consultas al 0800-222-3444, que es la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud: en un año se realizaron 19 mil comunicaciones, un volumen superior a lo que se acumuló entre 2010 y 2020. Las cifras oficiales sobre la implementación de esta política son realmente alentadoras. Sin embargo se pueden identificar una serie de obstáculos tanto simbólicos como institucionales para su efectivo cumplimiento.
El primero y más complejo de todos tiene que ver con los avances judiciales contra la la Ley. Según un relevamiento de Amnistía Internacional (AI) a lo largo del 2021 se presentaron más de 37 demandas en diversas provincias. Aunque ninguna prosperó y solo 5 siguieron su trámite en el Poder Judicial, estas acciones tienen el fin de dilatar los procesos e inscribir las huellas de la molesta “burocracia estatal” en lo que debería ser un procedimiento de fácil acceso en cualquier hospital público. Aunque exista la Ley, las trabas, los imaginarios sociales, la imposibilidad de una comunicación fluida y certera, y la falta de acompañamiento terminan funcionando como dispositivos disciplinadores del comportamiento y los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, y también de lxs profesionales de la salud que intervienen.
Un caso paradigmático fue el de la médica salteña Miranda Ruiz, que trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y en septiembre último fue detenida por practicar una ILE. La interrupción Legal del Embarazo había sido solicitada por una joven de 21 años que estaba cursando la semana 22 de gestación. La causal en este caso, contemplada en el artículo 86 del Código Penal, fue la salud integral de la mujer constatada por un equipo interdisciplinario y el director (gerente) de la Institución. Ruiz es de hecho la única médica no objetora de la región. La jugada judicial y mediática fue iniciada por otros médicos objetores que incumplieron el código de privacidad, se comunicaron con los familiares de la joven, brindaron información falaz y confusa, y operaron junto a la justicia de la provincia y medios conservadores locales para para armar una puesta en escena de una detención orquestada y disciplinante.
Objetivo N’2: Educación sexual integral y acceso a información
En este sentido el informe de Amnistía Internacional también hace hincapié en que el segundo gran obstáculo en el camino hacia un verdadero cumplimento de la política sanitaria es la garantía del acceso a la información simple, clara y accesible. “Durante el primer año de vigencia de la ley, no se realizaron campañas de difusión sobre el derecho al aborto y que aún existen muchos rincones del país en donde las mujeres desconocen a qué hay derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, su gratuidad, quiénes están obligados a garantizarlo y en dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso al aborto”, indica el documento.
En nuestro país el acceso a la información se presenta de forma desigual según la región, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales de la población. En general en las provincias del interior y zonas alejadas de centros urbanos no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva o personal de salud capacitado para brindar la información correcta y necesaria. En muchos sectores sociales hablar de aborto o sexualidad es todavía un tema tabú fuertemente estigmatizado. La complicidad de algunxs profesionales de la salud objetores con los sectores anti derechos hace que desde las propias instituciones se niegue la entrega de información o se brinden indicaciones incompletas para generar miedo, dudas o dilaciones en las personas gestantes.
Un objetivo importante en este sentido debe ser el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral que, a pesar de tener más de 15 años, aún tiene dificultades en su aplicación. Un estudio encabezado en 2021 por la fundación Huésped, que entrevistó a jóvenes y adolescentes de las 24 provincias, reveló que solo el 20% considera que la ESI se aplica de forma adecuada en sus escuelas. Lo interesante del estudio es que evidencia el nivel de conocimiento de la ley, que era casi nulo hace 5 años, y una mayor demanda de información de lxs propios jóvenes que exigen una mejor capacitación de lxs docentes. El documento identifica además tres grandes dificultades: los miedos y resistencias de las familias; las diferencias de recursos e infraestructura que existen entre regiones y provincias; y finalmente los detractores de la ESI, que son los mismos sectores conservadores que resisten a la IVE, y crecieron en relevancia luego del debate por la legalización del aborto.
Los estados, organismos y servicios de salud deben garantizar que la información sobre IVE, ILE, violencia de género, salud sexual en general, y su accesibilidad, este disponible en diferentes formatos y lenguajes (incluso braille, idioma de señas, y lenguas originarias) por medio de cartelería y folletería, e implementar instancias de difusión en el espacio público, escuelas, organizaciones sociales y contenidos en medios de comunicación. Además los espacios de información, diálogo y cuestionamiento con mirada de género no pueden estar solamente dirigidos a mujeres sino que deben incluir e interpelar a los varones en su carácter dual de víctimas y , al mismo tiempo, reproductores del machismo. Hemos llegado a un punto en el que se hace necesario y urgente que la reflexión e interpelación deje de sentirse como un ataque personal al ser identitario masculino. Resulta muy cómoda e infantil la reacción contraria ante la ofensa del Yo. El cuestionamiento no es personal ni individual, es hacia un modelo cultural que asocia la masculinidad a la fuerza, el control, la autoridad, el poder sobre los otros, y el analfabetismo emocional.
Objetivo N’ 3: Mayor participación política y representación en los espacios de poder
“Mientras el poder siga siendo masculino, es muy difícil que tomen decisiones entendiendo las necesidades de las mujeres”, dijo la ministra de mujeres, género y diversidad Elizabeth Gómez Alcorta hace unas semanas en una entrevista con el medio Infobae. Es que el techo de cristal y la ausencia de mujeres en los espacios de poder, son condicionamientos a posibles cambios urgentes, y trabas en el camino hacia una transformación en la lógica de reproducción de la estructura patriarcal. La Argentina hace décadas transita un proceso de incorporación de mujeres y disidencias en espacios históricamente masculinizados como la política, los medios de comunicación, los sindicatos, el deporte, etc. Gracias a los cupos y las legislaciones que incentivaron una mayor participación, la desigualdad se ha ido reduciendo. No obstante hay espacios como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que continúan resistiendo.
Según el índice de Participación Política desarrollado por el PNUD Argentina, ONU Mujeres Argentina, e IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio del Interior de la Nación, en Argentina la participación política de las mujeres mejoró en los últimos cinco años (pasó de 44,7 a de 55,6) pero no lo suficiente. Se remarca la presencia mínima de mujeres en la Corte Suprema de Justicia; su ausencia en la Cámara Nacional Electoral; la no existencia de un mecanismo de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales; y la falta de unidades de la mujer en los partidos políticos. En los partidos políticos el IIP fue 26,2 puntos y en el “Poder Judicial y Poder Electoral” de 13,3.
En la Administración Pública Nacional, por ejemplo, existe un muy un bajo porcentaje de mujeres ministras. En la primera línea empezó siendo 19%, pero hoy es de 9,5%, y un 37% del total de los cargos más altos. En la administración a nivel general ha crecido la participación con respecto a 2016 principalmente gracias a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La socióloga Paula Canelo en su investigación denominada “Volvimos mujeres. Participación, atributos y reclutamiento del personal político femenino en el gabinete inicial del presidente Alberto Fernández” indica que si bien se generó un cambio en las dinámicas de reclutamiento hacia una mayor igualdad de género, Fernández no modificó numerosos aspectos del ejecutivo nacional. El informe señala cinco techos de cristal: “las mujeres siguen siendo una minoría, estuvieron ausentes de los cargos más altos de varias dependencias, raramente lograron ser designadas ministras, en su mayoría fueron reclutadas para desempeñarse en áreas de gestión de tipo social y se les exigieron credenciales educativas significativamente más altas que a los funcionarios hombres para ocupar los mismos cargos”.
Las conclusiones generales indican que en los espacios donde el poder y la toma de decisión esta más concentradas y no hay legislación o regulación formal sobre cupos, los avances hacia la paridad son mucho más lentos y no se trabaja en la promoción de entornos igualitarios y libres de violencias. Por ejemplo, como dice el análisis del IPP, en el sector legislativo no hubo mujeres integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el porcentaje de mujeres jefas de bancadas descendió notablemente. En el sector empresario el panorama es el mismo: solo el 5 por ciento de las mil compañías que más facturan en el país tienen una presidenta mujer. Este mismo fenómeno se reproduce en Clubes, gremios, asociaciones civiles, y todo tipo de organizaciones.
Objetivo N’ 4: Prevención de femicidios y reducción de violencia de género
En 2021 en Argentina, según diferentes observatorios, se registraron entre 318 y 335 femicidios y travesticidios. De acuerdo al informe de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) hubo 335 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. En el 64 % de los casos el femicidio lo cometió la pareja o expareja, y el 21 % de las víctimas habían denunciado a su agresor. Además las tasas más altas se dieron en Santiago del Estero (2,8), Formosa (2,2), Tucumán (2), Salta (1,8), Chaco (1,6) y Jujuy (1,3), región que coincide con los mayores volúmenes de detractores a la ESI y sectores que intentan obstaculizar la efectiva implementación de la IVE.
A pesar de los programas y políticas implementadas desde el Estado, los números no muestran una mejoría real. El fenómeno debe ser analizado en capas y en toda su complejidad, y el foco debe ser la prevención de la violencia y los femicidios desde la erradicación de los imaginarios e ideas que los legitiman y permiten su reproducción. Desde esa mirada multidimensional el Gobierno debe comenzar a introducir iniciativas y un plan a largo plazo para lograr un verdadero cambio en dos momentos claves del proceso social que reproduce la violencia. En primer lugar un trabajo sostenido de concientización sobre la violencia de género, su origen sociocultural, y un cambio en el paradigma de construcción de los modelos de masculinidad hegemónica desde los espacios de socialización primaria y las instituciones que crean sentido común como las familias, escuelas, universidades, clubes, medios de comunicación, etc.
Y en segundo lugar la aplicación real de una perspectiva de género en el sistema penal y judicial, la incorporación de mujeres con dicha perspectiva en las diferentes instancias, y la exigencia de mayores niveles de formación obligatoria a partir de la Ley Micaela. A la hora de hacer una denuncia por violencia de género o iniciar un acercamiento a la justicia las mujeres y disidencias enfrentan múltiples situaciones inaceptables: su palabra no es tomada en cuenta; se las hace repetir compulsivamente sus relatos para confundirlas o que se contradigan; se las revictimiza; no se actúa de inmediato frente a los riesgos ni se toman medidas eficaces; la policía termina siendo cómplice del varón violento; no se procede a la detención de sus agresores; no se garantizan herramientas preventivas como el botón anti-pánico o las órdenes de restricción.
Mientras tratamos de cambiar la cultura machista y patriarcal, proceso que llevará décadas y no tiene garantía de éxito, la pata judicial es la que sí puede hacer una diferencia real, efectiva y concreta en el tratamiento de las denuncias y los casos. Al día de hoy no existe compromiso ni responsabilidad alguna de gran parte del poder para modificar la forma en que funcionan las cosas. Por el contrario, cuando se les exige mayor severidad responden con la misma lógica autonómica que les permite tener privilegios y ser una casta social superior al resto.
Objetivo N’5: cuota alimentaria y erradicación de la violencia económica
La económica es uno de los tipos de violencia de género más comunes en el mundo y al mismo tiempo una violencia prácticamente invisibilizada. Es un hecho social que atraviesa casi todas las estructuras institucionales y está inscripto en la mayoría de los espacios ordinarios y los comportamientos de la vida cotidiana. Las mujeres somos más pobres y ganamos menos que los varones (incluso para los mismos puestos de trabajo), por eso tenemos menos control de la economía de hogar, no tenemos acceso a la información financiera, sacamos menos créditos, tarjetas y herramientas de inversión, y eso se traduce en obstáculos a la hora de pensar en la independencia económica y la autonomía.
En este marco adverso uno de los principales problemas para muchas mujeres es el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. Un informe presentado recientemente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) hizo un acercamiento a la problemática: en Argentina el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive con al menos un hijo/a, y el 97% de los niños, niñas y adolescentes conviven con sus madres. Además 3 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos/as, y de esas mujeres separadas o divorciadas, sólo una de cada cuatro cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.
La ley establece que ambos progenitorxs son responsables de brindar alimento y cubrir las necesidades básicas de lxs hijxs. Dichas obligaciones y los montos a pagar se determinan de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación (Art. 658 y 659) y al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo no hay criterios unificados y terminan siendo las madres las que deben negociar o encabezar un reclamo judicial que suele ser lento, costoso, humillante y revictimizante, impactando en la calidad de vida de la mujer y lxs hijos. En una entrevista con la agencia Telam la abogada Sabrina Cartabia afirma que el sistema de cuotas “se fijó alrededor de la judicialización, basado en un esquema antiguo o diferente a la economía que existía en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligación de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen”.
La realidad de miles de mujeres y familias necesita de una reforma judicial con perspectiva de género. Para ello se presentaron algunos proyectos sobre Cuota alimentaria en el Congreso de la Nación que sería urgente y necesario que sean tratados y puestos en agenda. La diputada del Frente de Todos Jimena López impulsa un proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, público, y permitirá, a partir del entrecruzamiento de datos, proceder a la retención automática de las sumas debidas. Hoy ya existen registros en diferentes provincias y lo que plantea esta propuesta es uno unificado. Incluirá datos impositivos, bancarios, laborales y otros que visibilicen movimientos de dinero por parte del incumplidor. Propone, además, una actualización de la cuota alimentaria que considera la variación de la Canasta Básica Total (CBT) ".
El segundo proyecto en la Cámara de Diputados fue presentada por el diputado Marcelo Koenig (FDT), junto con la abogada María Pía Dómin, y plantea la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) para quienes se encuentren "incurso en mora por falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, debidamente intimidadas, que no hubiese demostrado de forma fehaciente su cumplimiento o justificado el incumplimiento". El texto propone que la persona que no pague no podrá solicitar la “apertura de cuentas bancarias; otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito; expedición o renovación de pasaporte; concesiones, permisos o licitaciones; expedición o renovación de licencias de conducir; salir del país sin autorización judicial, asistir a eventos deportivos y establecimientos de juegos de azar o contraer matrimonio.
Cerrar sesión