Para los feminismos y el movimiento de mujeres y diversidad el 2021 fue un año paradigmático. En principio, referencia obligada, es el período que inauguró la efectiva implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del embarazo. Pero además porque el Gobierno Nacional, ya en otra etapa de la pandemia, comienza a abrir el juego a los ejes centrales de la agenda de género. Por ejemplo con la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género se logró trascender los límites del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y ampliar los criterios y demandas a toda la gestión. Por primera vez en la historia el Estado Nacional piensa, desarrolla y articula con una mirada de género integral e inclusiva.
El que hemos emprendido es un camino largo y complejo. A veces no llegan a observarse los resultados urgentes y necesarios que la realidad exige. Las estructuras enquistadas del patriarcado se organizan en capas, y trastocar los cimientos de un sistema que ha funcionado históricamente requiere de más que un período presidencial, y depende de un trabajo minucioso y sostenido. Los objetivos para la construcción de una sociedad más equitativa son la lucha contra los femicidios y los diferentes tipos de violencia, el cambio de un modelo económico que profundiza la feminización de la pobreza, y la construcción de un poder Judicial con mirada de género.
En este marco debemos comprender que las políticas implementadas trabajan en diferentes niveles de profundidad. Así como se producen movimientos casi imperceptibles que apuestan a grandes transformaciones a futuro, hay otras políticas que sirven para mejorar el día a día de las personas y funcionan como un primer acercamiento hacia un modelo social más igualitario. Es la coexistencia de esos niveles en las políticas públicas y el trabajo programático lo que caracteriza a esta gestión.
El balance 2021 en materia de género
Inversión y obra pública
El Presupuesto 2021 fue el primer Presupuesto de la historia con Perspectiva de Género y Diversidad. Los gastos destinados a políticas de género representaron el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo es un presupuesto fuertemente descentralizado, que va muchos más allá del Ministerio de Mujeres: se ha repartido en 55 políticas de género provenientes de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios.
Con respecto al presupuesto del Ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta hay que decir recibió tres ampliaciones que elevaron su crédito de 6,2 mil millones a 17, 582 mil millones de pesos, lo que implicó un aumento de la partida inicial de 183 %. De ese monto, al cierre del período la ejecución superaba el 90%. Además, se evidenció una inversión nominal 64 veces mayor a la de el Ex Instituto Nacional de las Mujeres, que funcionó durante el Gobierno anterior, y 33 veces mayor si se tiene en cuenta la inflación.
Para garantizar la llegada de las políticas a nivel federal y la presencia en el territorio se fortaleció el trabajo en provincias y municipios a través del Programa Generar, con una inversión de $73.663.000, y se inició la construcción de Centros Territoriales de Género y Diversidad en todas las provincias, para lo que se invirtieron más de 2.400 millones de pesos. En la actualidad se encuentran en proceso de licitación los centros de La Plata, Morón, San Fernando del Valle de Catamarca, Posadas, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Santiago del Estero, Río Gallegos, Paraná, San Luis, Gral. Roca, Santa Rosa, y San Miguel de Tucumán. Además se financiaron mejoras de infraestructura en 16 hogares, refugios y casas de medio camino provinciales y municipales con una inversión de $38.500.000.
Un año del Aborto Legal: avances y deficiencias
El Ministerio de Salud de la Nación publicó algunas cifras en el marco del primer aniversario de la sanción de la IVE: a noviembre de 2021 se realizaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras en el sistema público; la línea de Salud Sexual recibió 19 mil consultas, incluso superado el total de comunicaciones de la última década; las prácticas se realizaron en 1243 hospitales y centros de salud de todo el país, lo que muestra un aumento del 30% con respecto a 2020; 46.283 tratamientos de misoprostol fueron distribuidos, un 250% más que 2020; y se capacitó a 904 profesionales en contenidos técnicos y legales de la ley.
Además son varias las provincias que adquirieran protocolos propios de actuación. La primera fue la provincia de Buenos Aires, el 18 de enero, y ya cuenta con 496 equipos de salud que atienden IVE/ILE, frente a los 350 de 2020. De los 135 municipios, hay equipos de salud efectores en 125. Foto claramente positiva si se compara con los 55 a diciembre de 2019. Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Santa Fe tienen son las otras provincias que han creado sus procedimientos.
No obstante todavía existen múltiples obstáculos materiales y simbólicos. En principio el avance sostenido de los sectores anti derechos con complicidad del poder judicial, profesionales de la salud objetores de conciencia y grupos religiosos. Según un informe de Amnistía Internacional (AI) a lo largo del 2021, se iniciaron más de 37 demandas judiciales en distintas provincias en contra de la norma, 32 directamente cuestionan su legitimidad, aunque ninguna prosperó, y 5 siguen en trámite. Otra de las mayores falencias es la falta de acceso a información y campañas oficiales de Difusión, cuestión que se hace más urgente si analizamos las desigualdades entre regiones y provincias con respecto a la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones por cada mil personas en edad fértil: mientras en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6. Quebrar esas barreras será sin dudas uno de los objetivos para 2022.
Violencia de género y línea 144
Otro de los puntos clave fue el trabajo de la línea 144, que es la línea de Atención Integral a las Víctimas de Violencia por Motivos de Género. El espacio funciona los 365 días del año las 24hs del día, con un equipo interdisciplinario, y líneas de atención adicionales por WhatsApp o correo electrónico. Según cifras oficiales este año se recibieron 102.859 comunicaciones, a un promedio de 308 por día. Dicha labor fue la continuación de la tarea de acompañamiento y contención encabezada como consecuencia del aumento de los casos de Violencia doméstica por la pandemia: entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre de 2020 el promedio diario de llamadas aumentó 18% con respecto al año anterior. En este sentido según el 19 Global Gender Response Tracker, un “rastreador” de políticas públicas con perspectiva de género que publicó ONU Mujeres junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Argentina lideró el ranking de países que implementaron políticas con mirada de género para enfrentar la crisis del COVID-19.
El lado B es que ninguna política pareciera alcanzar para frenar los niveles de violencia de género en Argentina sin una verdadera transformación social en la matriz de sentido patriarcal y una justicia de corte popular y feminista. Por eso, en paralelo a los programas de contención, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se impulsó el proceso de reforma de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de un proceso participativo , político, territorial y federal que permita adecuar la normativa a las necesidades y demandas actuales. Como con la Ley de Medios, miles de mujeres y diversidades debatirán junto a actores institucionales, comunitarios, expertxs, organizaciones y público en general en pos de construir herramientas legislativas y respuestas efectivas a la violencia de género.
Femicidios
Según el informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre enero y noviembre de 2021 se cometieron un total de 251 femicidios y 10 travesticidios. Además 300 hijxs quedaron sin madre. Los datos oficiales serán elaborados y difundidos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia a principio de 2022.
En este contexto desde el Ministerio de Mujeres se implementaron varias medidas vinculadas a acciones de prevención y abordaje: se creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para el que se promovió la adhesión de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires; se puso en marcha el Sistema Integrado de casos de Violencia de Género del MMGyD (SICVG); y se impulsó el Programa de apoyo Urgente a familiares de víctimas a partir del cual se otorgó un apoyo económico a 191 personas y grupos familiares.
Además de una matriz social, cultural y política que promueve la impunidad de las violencias machistas, el punto clave y el más difícil de modificar sigue siendo el sistema penal que no solo produce fallos judiciales sin perspectiva de género, sino que además reproduce en cada una de sus instancias una mirada jerarquizada de los discursos masculinos y clasistas. En 2021 fuimos testigos nuevamente de cómo las mujeres son sometidas sistemáticamente a procesos largos, difíciles, costosos y revictimizadores , en los que quienes deberían garantizar justicia e integridad suelen cuestionar sus conductas o relatos. Esto es resultado de la falta de voluntad política e inversión del poder judicial.
Lucha contra la violencia económica y políticas de empleo
En Argentina siete de cada diez personas de bajos recursos son mujeres. Durante los últimos años se consolidó un proceso de feminización de la pobreza y violencia económica, que evidencia la necesidad de una reactivación con inclusión de mujeres y diversidades. Para abarcar esta problemática desde la cartera se pusieron en en marcha el Programa de Acceso a Derechos (PAD), con el que se asistió a más de 8 mil personas, y el Programa AcompañAR, la primera iniciativa de apoyo económico para mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ en situación de violencia que benefició a 104.423 personas. Esta última incluye un monto mensual de 32 mil pesos y el acceso a asistencia psicológica.
La segunda columna vertebral fue la capacitación en oficios y el acompañamiento de emprendimientos comerciales. A partir de la firma de un acuerdo entre la ministra de las Mujeres y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se firmaron 618 convenios con provincias y municipios, se crearon ámbitos de capacitación y formación específicos, y se incluyó a 11.640 personas en el Programa Potenciar Trabajo. Por otro lado se fortaleció la actividad de más de 300 organizaciones sociales y comunitarias para desarrollar proyectos de capacitación y emprendimientos productivos donde participen mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género: el programa Producir incluyó 183 organizaciones, y una inversión de $76.393.015; el Programa de Escuelas Populares estuvo activo en 70 instituciones, con un presupuesto de $25.660.758 pesos; y el Programa Articular abarcó 125organizaciones, y $35.960.190.
Cupo Laboral Trans y políticas de Diversidad
El 24 de junio 2021 se aprobó la Ley de Cupo laboral Travesti Trans que constituye una herramienta fundamental para la inserción laboral de un colectivo híper vulnerabilizado: según estadísticas oficiales en un 88% de los casos nunca tuvo acceso al empleo formal, y en un 70% jamás fue a una entrevista de trabajo. La Ley 27.636 Diana Sacayán - Lohana Berkins establece un cupo no inferior al 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en los tres poderes del Estado Nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado. Las cifras oficiales indican que hoy 235 travestis y trans están trabajando en el Sector Público Nacional, y el registro de aspirantes a ingresar ya tiene 5.454 personas registradas.
A través del Programa Acceso a derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, lanzado en mayo de 2021, se realizaron 6.956 intervenciones con el objetivo de acompañar y asistir a este colectivo en situación de extrema vulnerabilidad y promover su acceso a: la educación a partir de la inclusión en instituciones educativas y becas para la finalización de estudios; a la salud pública abarcando una mirada inclusiva, la cobertura de tratamientos hormonales y el derecho a la información; y el acceso al empleo, desde espacios de capacitación laboral, programas de empleo, cooperativas y microcréditos, y herramientas digitales. Para ello el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad trabajó de forma mancomunada junto a otros organismos a nivel nacional, provincial, municipal y con organizaciones.
Otra gran conquista del 2021 fue, sin lugar a dudas, el DNI no binario, a partir del Decreto presidencial N°476/21, y la incorporación de la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción posible. Esta política, que se enmarcó a en la Ley de Identidad de Género, es un paso histórico hacia el total reconocimiento a la Identidad de las personas en los sistemas de registro e identificación. Argentina de esta manera se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías impuestas de varón y mujer.
Política integral y reconocimiento del valor de la tarea de cuidados
Desde su llegada al Gobierno Nacional y sobre todo con el advenimiento de la pandemia, el presidente Alberto Fernández tomó como bandera y se propuso fortalecer la dimensión política, social y económica del cuidado en términos de derechos y desde la mirada de género. La emergencia sanitaria por el Covid dejó en evidencia la centralidad de los cuidados, sector altamente feminizado y precarizado, en nuestra vida, en la sociedad y la economía. Para ello en 2021 se implementaron una serie de políticas y acciones con el objetivo de que dichas tareas sean reconocidos como valor económico y como trabajo fundamental para el desarrollo de nuestro país.
El planteo es parte de un plan de reactivación económica con bases igualitarias y a largo plazo que implica la jerarquización de las tareas de cuidado, el reconocimiento y formalización de lxs trabajadorxs, y la acreditación de dichos saberes. En esta dirección se creo la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado donde 15 organismos del Poder Ejecutivo Nacional participan del debate y la planificación de políticas que aporten a una organización social del cuidado más justa, una mejor redistribución familiar y social de la tarea, así como mejor redistribución entre los géneros.
El Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado fue otra gran ejecutada por la directora de la Anses, Fernanda Raverta. En el informe de evaluación de la gestión se informa que más de 85.000 madres argentinas mayores de 60 años pudieron jubilarse este año. La medida apunta a reparar una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado. Para eso reconoce : 1 año de aportes por cada hijx; 2 años de aportes por hijx adoptadx; de forma adicional 1 año por hijx con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la AUH por al menos 12 meses; los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijxs.
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se puso en marcha el Programa Registradas para promover el empleo formal de las trabajadoras de casas particulares, que representó una de las políticas más trascendentales de los últimos meses. Para ello se han implementado dos líneas de acción complementarias: el Incentivo a la formalización y permanencia en el empleo a partir de que el Estado Nacional le pague una parte del sueldo de entre el 30% y 50% del salario durante seis meses; y en segundo lugar la bancarización de las trabajadoras de casas particulares, es decir la apertura de una cuenta gratuita en Banco Nación y el acceso a beneficios bancarios. Desde su lanzamiento a fines de octubre Se crearon más de 42 mil puestos de trabajo formales en el sector de casas particulares.
Desde la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad , liderada por Lucía Cirmi Obón, en articulación con la Mesa, se lanzó el Mapa Federal del Cuidado, que es un portal web interactivo para localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, personas mayores y con discapacidad. Para su elaboración se estableció un acuerdo de colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el marco del programa Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados, del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El sitio incluye más de 32 mil puntos seleccionados, instituciones educativas, servicios, y espacios de formación, información que es actualizada con frecuencia.
Además se impulsó la Campaña “Cuidar en Igualdad”, desde un abordaje integral y federal, que recorre toda la Argentina para identificar y visibilizar las conceptualizaciones, costumbres, saberes, conocimientos y dinámicas organizativas preexistentes en relación al quehacer del cuidado como un trabajo, una necesidad y un derecho; promover una mayor conciencia y corresponsabilidad colectiva sobre el derecho a cuidar y a recibir cuidados; y detectar necesidades y prioridades que den forma y contenido a las políticas públicas.
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