A un año del femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por Matías Martínez, su expareja y policía bonaerense, su familia pide la destitución de los dos jueces que podrían haber evitado el fatal desenlace de haber atendido correctamente las denuncias por violencia de género de la víctima y la perimetral que le habían aplicado al femicida, dado que una condena a prisión perpetua no le devuelve la vida a la adolescente. "Lo que está pasando es que no somos escuchadas", denunció Patricia Nasutti en diálogo con El Destape.
El cuerpo de Úrsula fue hallado en el paraje rural Guido Spano, a 13 kilómetros del centro urbano de Rojas. Junto al cadáver estaba Matías Martínez, el exnovio y femicida que intentó escapar de la escena. El femicidio se conoció por una llamada al 911 de un tío del ahora condenado a prisión perpetua, quien dijo que creía que su sobrino había matado a una joven al confesarle en una llamada que "se había mandado una cagada".
La familia Bahillo espera que se actúe con los jueces que, denuncian, no hicieron lugar a las advertencias previas por la violencia de género que sufría la joven por parte de su expareja: Úrsula había denunciado varias veces a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso Martínez tenía una medida de restricción perimetral que le prohibía acercarse a ella, pero que pasó por alto.
"No hay respuesta, no hay explicación. Pasan los días y esperás a que (Úrsula) venga y no viene. Es muy triste lo que nos ha pasado, pero solamente dios me lo va a poder explicar", lamentó Patricia Nasutti.
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El caso de Úrsula, como tantos otros, pone en evidencia la desprotección de las víctimas de violencia de género imperante en los tribunales en donde, al presente, actúan como si de la muerte pudiera volverse, con penas "ejemplares" que apenas pueden contarse con los dedos de una mano. Para la Justicia, el femicida no era peligroso pese a contar con reiteradas denuncias de la adolescente así como otras acusaciones por violencia de género de otra expareja y tres sumarios en Asuntos Internos de la policía.
"Voy a seguir diciendo que el sistema y el Estado mataron a mi hija y voy a seguir apuntando al juez de Mercedes, Marcelo Romero quien no actuó para detener a Martínez: el 8 de febrero libró la orden de detención y el 8 de febrero Martínez me la mató", expresó Patricia Nasutti.
"Hay muchas investigaciones porque hice 15 denuncias penales. A Úrsula le cortaron un dedo para robarle un anillo cuando estaba tirada en el medio del campo. Mientras yo preguntaba por mi hija hasta un dedo le cortaron para robarle un anillo, hice la denuncia y el anillo apareció a los 20 días totalmente pulido", relató.
"Me esposaron cuando yo estaba pidiendo por mi hija. 'Ya te vamos a llevar', decían mientras un varón dijo que tenían que esposarme y me clavó una patada, me caí sobre vidrios rotos esposada y machucada", agregó sobre el momento en el que acudió a la comisaría para dar con el paradero de su hija que, horas atrás, le avisó que llegaría a su casa para el momento de la cena.
De todos modos, Patricia apuntó: "El año que se transitó fue profundamente difícil a pesar de que a los 19 días se elevó a juicio y a los 4 meses y medio nos den la fecha para el juicio de Martínez". "Me siento bendecida porque tuve una justicia rápida, lamentablemente muchas mamás esperan fechas hace años y no las tienen todavía", aclaró dado que todos los días es noticia cómo familiares y amigos de víctima esperan algo de justicia cuando en Argentina una mujer es asesinada cada 27 horas.
"En cuatro meses y medio me dieron las fechas para el juicio por Úrsula, fue un récord pero, sinceramente, no podemos andar como anduve sin parar, sin dormir, porque así quedé, desganada y sin encontrar el sentido porque mi hija no me puede dar un abrazo. Llega el año y pregunto por qué la mató. Si lo largan mañana o en cincuenta años va a volver a hacerlo porque es un psicópata", relató.
El femicidio de Úrsula podía evitarse: la responsabilidad de la Justicia
El 9 de enero de 2021, Patricia Nasutti hizo la primera denuncia contra Matías Martínez en la Comisaría de la Mujer local, donde relató que el policía le pegaba a su hija. Ante esta situación el juez de Paz Luciano Callegari dispuso medidas de protección como un perímetro de exclusión y el cese de hostigamiento por seis meses, aunque con el correr de los días la protección pasó de ser insuficiente a inútil.
Más adelante, el 28 de enero, la madre de Úrsula había denunciado al oficial por amenaza y desobediencia. Este expediente era seguido por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín. El 1 de febrero, la mujer volvió a la Comisaría de la Mujer a declarar que se había cruzado dos veces en la calle a Martínez, cerca de su hija, pero se desestimó su testimonio.
"El auto del asesino lo tenía en la puerta de mi casa y el juez de Paz, Luciano Callegari, me decía que Martínez no era una persona peligrosa y que no estaba rompiendo una perimetral. Yo tenía a mi hija en riesgo y nunca fui escuchada, Úrsula tampoco", relató Patricia Nasutti.
Si bien para Callegari el femicida no representaba un peligro para la adolescente, Martínez tenía que presentarse ante la Justicia el 18 de febrero en el marco de un juicio por el delito de "amenazas calificadas" contra una exnovia que también lo había denunciado por violencia de género.
El 5 de febrero, días antes de ser asesinada, Úrsula denunció a quien se convertiría en su femicida en la Comisaría de la Mujer por desobediencia y amenazas e infracción a la ley 12.569 de violencia familiar, pero Martínez seguía gozando de todo tipo de libertades.
De todos modos, quizás confiando en el debido proceso, la joven volvió a presentarse en la seccional al día siguiente para dejar constancia de que se había cruzado con Martínez en un bar local. El 7 de febrero, por tercer día consecutivo, Úrsula se presentó en la comisaría para denunciar que su expareja la había interceptado en Avenida 3 de Febrero y 25 de Mayo cuando ella estaba con su moto.
Según se conoció, luego del peritaje de los teléfonos celulares de Úrsula, el femicida engañó a la víctima el día del crimen: le pidió un encuentro para aclarar algunas “cosas”. "Es tan grande la manipulación que hacen que pasamos fin de año (de 2020) con el asesino de mi hija en la mesa de mi casa. Las nenas viven atosigadas, con miedo, no hablan porque les dicen que van a ir por su mamá, por su papá o por ella como hizo él", acotó Patricia.
Después de las cinco denuncias y el terror, el 8 de febrero, un juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, dispuso que se le diera un botón antipánico a Úrsula (que no le habían entregado antes porque no había disponibles en la ciudad bonaerense) en un correo electrónico que nadie abrió durante ese día que fue, precisamente, el día en que el expolicía mató a Úrsula apuñaladas.
"El juez desechó todas las denuncias, todas las perimetrales. El Poder Judicial también la mató, la municipalidad... El autor fue Martínez pero hay una asociación de irresponsables, culpables del femicidio de mi hija", denunció Patricia. "Acá no hizo nada ni el juez de Mercedes ni el juez de Paz que desestimó una cantidad de denuncias. Ellos están denunciados y estamos esperando su destitución", insistió.
"Son el Poder Judicial y el Estado los que están ausentes porque si hacemos una marcha nos multan, nos detienen. Siempre las mujeres somos las juzgadas cuando tenemos a los poderes ausentes o diputados que no cambian las leyes de un código penal centenario", cerró.
El femicidio
Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero último cerca de las 20.30, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido tras haber intentado darse a la fuga.
El joven policía de 26 años era la expareja de Úrsula y tenía prohibido acercarse a ella ya que lo había denunciado varias veces por violencia de género. El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".
Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después de asesinarla a puñaladas se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.
"La apuñaló por la espalda, le dio treinta cuchillazos, la degolló y le quiso sacar un ojo. Ella agonizó horrores. Dijeron que el caso de Úrsula iba a ser un antes y un después cuando hubo más de 20 femicidios en enero. Lo que está pasando es que no somos escuchadas", denunció Patricia Nasutti.
El 22 de febrero de 2021 fue condenado por el juez en lo Correccional 1 de esa ciudad, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas", en perjuicio de una expareja atacada en 2017. Estos cuatro años de cárcel se unificarán con pena única de reclusión perpetua del expolicía, determinada el 14 de diciembre pasado.
La defensa del expolicía había solicitado que Martínez fuera condenado por un "homicidio en exceso de la legítima defensa", ya que afirmaban que Úrsula lo había atacado previamente. Sin embargo, la Justicia desestimó los planteos de la defensa y condenó al expolicía a prisión perpetua. El fiscal Sergio Terrón había solicitado en su alegato que sea condenado a prisión perpetua por el "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio".
"Son días muy difíciles, es pensarla, esperar a que me abra o preguntarle por qué dejó la moto en el comedor. No lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, me duele y sangra. Siento que no tengo más fuerzas y que me caigo, pero acá estoy", compartió Patricia.
"Vinieron dos veces los de Asuntos Internos por el mismo caso. ¿Qué tengo que esperar? Tienen que estudiar el semillero, con estudios psiquiátricos para ver si están capacitados para tener un arma en la cintura. Hay falencias tremendas que el sistema no cambia, fui a la comisaría a pedir por mi hija porque sentía que algo le estaba pasando, apareció Infantería y empezaron a tirar y a tirar", denunció.
"El dolor es tremendo, quiero preguntarle a Dios cara a cara por qué hizo esto porque mi hija no quería ser un ángel, quería recibirse de las tres carreras que había empezado, ser mamá. Duermo con una batita de Úrsula como la mamá de Lucas González duerme con los botines", completó.
Que se tomen medidas concretas es una urgencia así como el cambio estructural en todas las instituciones para comprender los mecanismos propios del flagelo de la violencia de género y abordarlos correctamente a fin de que las denuncias sean escuchadas y las protección de las víctimas se convierta en un derecho inalienable que no se pague con la muerte de una mujer cada 27 horas sino con la cárcel de los violentos que, tras perseguir a las mujeres, terminan cumpliendo con sus amenazas.
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