La caída de las plataformas propiedad de Facebook (Instagram, WhatsApp y Facebook), que para muchos de sus 2800 millones de usuarios mundiales equivalen a conectarse a Internet, el pasado lunes agudizó los problemas de una semana crítica para el conglomerado de Mark Zuckerberg. Sobre la caída, que según la empresa obedeció a problemas técnicos, se ha escrito bastante, así como los efectos del nivel de concentración alcanzado a fuerza de compras como las de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. Pero la caída no es el único tropezón que magulla la reputación de la dominante entre las redes sociales digitales.
El domingo, la ex empleada de Facebook Frances Haugen se presentó en las pantallas del programa televisivo “60 minutos” (CBS) como la fuente de una serie de artículos que viene publicando The Wall Street Journal (del grupo News Corp) y que acusan a Facebook de promover desinformación y contenido extremista en lo político y dañino para adolescentes en lo social, priorizando las ganancias por sobre la seguridad de los usuarios.
Haugen denunció el martes 5 ante el Senado de EEUU las malas prácticas de "engaño repetido" sobre los efectos nocivos de sus plataformas y acusó a Facebook de aumentar la polarización en línea y el odio, socavando la convivencia democrática e incentivando asesinatos masivos en Myanmar o la toma del Capitolio en Washington.
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Facebook contraatacó señalando que se tergiversa la información sobre sus empresas y que es un chivo expiatorio muy conveniente para que instituciones como la política y los medios tradicionales descarguen sus propias responsabilidades en la diseminación de desinformación. Con la información que la compañía y sus acusadores han publicado, el laborioso ejercicio de despejar las consignas de los hechos permite avanzar en algunas conclusiones preliminares.
Facebook sí tenía información acerca de la escalada radicalizada del activismo ultraderechista que instaba a tomar el Capitolio el 6 de enero de este año: había advertencias internas documentadas por personal de la compañía que fueron ignoradas por la conducción. En particular, el crecimiento de la comunidad conspirativa QAnon y grupos afines fue consentido por decisión de Facebook a pesar de las propuestas de moderación elevadas en sucesivos informes internos que hubiesen atenuado la influencia extremista (como por ejemplo, limitar la cantidad de invitaciones a estos grupos del mismo modo que Facebook, tras la manipulación de WhatsApp en las elecciones brasileñas de 2018, limitó reenvíos y reprogramó el funcionamiento de los grupos en el servicio de mensajería).
Facebook también tuvo conocimiento directo de cuentas antivacunas que pusieron y ponen en riesgo la salud pública y la vida de millones de personas en plena pandemia Covid_19: esa documentación le fue provista a la compañía de Zuckerberg por parte del gobierno estadounidense, pese a lo cual su respuesta fue indolente. En palabras del presidente Joe Biden, “las plataformas como Facebook están matando a la gente” por diseminar campañas de desinformación sobre la efectividad de las vacunas como prevención del coronavirus.
Aunque en el último año y medio Facebook fue reforzando la moderación de contenidos para atenuar la diseminación de operaciones de desinformación sobre la pandemia al tiempo que promovió su herramienta de búsqueda de vacunas y mejoró la visualización de fuentes auténticas y oficiales sobre COVID_19, para el gobierno estadounidense esos esfuerzos son insuficientes.
En cambio, las acusaciones acerca de la pasividad de Facebook respecto de contenido dañino para adolescentes en su plataforma Instagram merecen discutirse largamente. Emanadas desde el interior del conglomerado de Zuckerberg, las acusaciones son graves porque aluden a la salud mental de menores de edad, relacionando la exposición a Instagram con problemas de ansiedad, depresión y hasta pensamientos suicidas.
Las imputaciones se basan en una investigación que la compañía realizó con 40 (cuarenta) adolescentes entrevistados en grupos focales y con 2600 adolescentes de EEUU y el Reino Unido que quisieron responder una encuesta. Los resultados del estudio fueron difundidos por The Wall Street Journal. Pero las acusaciones sobre los efectos tóxicos de Instagram en un grupo etario vulnerable se apoyan en una evidencia dudosa, metodológicamente discutible y conceptualmente problemática.
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La evidencia es dudosa porque toma como referencia preguntas a adolescentes acerca de cómo perciben que Instagram afecta su bienestar, y además porque la mayoría de las respuestas arroja resultados positivos o neutros, es decir que si hubiese que presentar de manera simplificada y maniquea la tendencia mayoritaria, habría que decir que según el estudio Instagram no afecta mayormente a las/os adolescentes. Claro que eso sería falso por razones metodológicas y conceptuales;
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es metodológicamente discutible porque no es representativa del universo en cuestión (la adolescencia), sino que sólo recoge opiniones y percepciones en profundidad de 40 adolescentes y una encuesta online con 2600 personas de sólo dos países. Instagram supera los 1000 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, de los cuales más del 37% tiene entre 13 y 24 años;
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es conceptualmente problemática porque el relevamiento no aborda el conjunto de influencias negativas (en términos de percepción o de daño real) para la adolescencia, lo que sería preciso para ponderar en qué medida Instagram u otras plataformas inciden dentro de un conjunto mayor que incluya influencias familiares, de los mmedios tradicionales en formato clásico o a través de sus cuentas en redes sociales digitales, de la escuela y un largo etcétera.
Distribución de usuarios de Instagram en el mundo por franjas etarias, 2021
Como dice el comunicado que difundió Facebook en modo control de daños, “estudiar estos grandes problemas sociales y sus impactos es complejo y matizado”. Lo anterior no significa que Facebook tenga respuestas adecuadas a las problemáticas adolescentes en el uso de Instagram, sino que la evaluación sobre la política corporativa precisa de mayores elementos de juicio que la mencionada –y limitada- investigación interna.
Será interesante conocer si la Junta de Supervisión creada por Facebook el año pasado para colaborar con algunos casos clave de su política corporativa de contenidos interviene en esta controversia que trepó ya a lo más alto de la agenda política de EEUU.
De hecho, la repercusión de este caso pone en evidencia uno de los problemas centrales del desempeño de Facebook en sus distintas redes: su opacidad, su insuficiente respeto por los datos personales de los usuarios (lo que ya había sido criticado en escándalos anteriores protagonizados por la compañía, como el de Cambridge Analytica), la falta de auditorías externas y la deficiente rendición de cuentas sobre sus algoritmos. Si esta compañía dominante en el sector de las plataformas de redes sociales implementara mecanismos de transparencia activa, de apelación por parte de sus usuarios y de investigación independiente sobre sus efectos sociales, las acusaciones infundadas carecerían de la fuerza que hoy tienen.
Sin embargo, Facebook no es responsable de la creación de contenidos sediciosos y antidemocráticos que, como es público, tuvieron como usina central al expresidente Donald Trump (cuya cuenta fue censurada por Facebook –y por otras plataformas digitales de Google y Twitter- después de la toma del Capitolio). Zuckerberg & co. tampoco son autores de las campañas de desinformación que juegan con la vida de millones al difundir contenidos antivacunas: tanto en EEUU como en la Argentina parte de esas campañas son diseminadas por conocidas/os animadoras/es de televisión y radio que usan medios tradicionales y masivos para cuestionar las campañas de prevención ante la pandemia.
Separar la paja del trigo en materia de desinformación es una tarea delicada que demanda amplitud de miras y capacidad para reconocer que, aunque masiva y dominante en los sectores donde opera, Facebook no actúa por afuera del resto de las instituciones que regulan de facto el comportamiento social. Tal vez esta semana negra pueda servir para identificar mejor dónde tiene responsabilidad y dónde no la tiene.