El presunto iraní detenido en Entre Ríos enciende las alarmas en los organismos de DDHH

Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos elevaron en las últimas horas una nota al juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, manifestando su preocupación por el procesamiento con prisión preventiva de un joven de 28 años, supuestamente iraní, que fue detenido en una primera instancia queriendo trasladarse con un DNI ajeno. Las entidades, nucleadas en la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), creen que es una detención arbitraria y consideran que la situación excede los límites del Estado de Derecho. Todo sucede en medio del fogoneo constante de un sector de Juntos por el Cambio que agita el fantasma de la presencia de terroristas en nuestro país.  

Este martes, la Rodher elevó una carta destinada al magistrado interviniente, pidiéndole que explique los fundamentos de su decisión de procesar y enviar al muchacho a la Unidad Penal 4. No sólo ello, sino que también le expresaron su "honda preocupación" por la detención de "una persona de presunto origen iraní a la que por ese solo hecho se la pretende estigmatizar desde sectores políticos y mediaticos vicnulandolo con el terrorismo internacional". 

En la misiva, a la cual tuvo acceso El Destape, se le pide al magistrado que informe el delito atribuido, el plazo de detención dispuesto y los motivos que llevaron a tomar la determinación de privar al joven de su libertad por un "delito menor". Solicitan además conocer si el sospechoso pudo conocer el hecho que le endilgan de acuerdo a lo que indica el fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso "Tiu Tojin". Esto es, si hubo intervención de un traductor oficial y si su labor fue lo suficientemente técnica para que el muchacho conozca de qué lo acusan.  

Para finalizar, la Rodher puso de manifiesto su preocupación por el hecho y le pidió a Seró "resolver en el menor plazo posible" la situación procesal del acusado: "Solicitamos se garanticen todas las garantías del debido proceso, reforzando en particular el derecho efectivo de defensa; se respeten el principio de inocencia, el principio de congruencia entre el delito que se le enrostra y cualquier otra vinculación externa que nada tenga que ver con el delito primigenio, y solicitamos que la medida preventiva privativa de la libertad sea lo más breve posible y fije un plazo razonable para la misma".  

"Estamos claramente ante una detención ilegal", manifestó a El Destape, Marcelo Boeykens, abogado especialista en Derechos Humanos y activo militante en la materia. Y agregó: "En Argentina está lleno de personas sin documento, sin embargo no son detenidas y encarceladas, sino las unidades penales estarían repletas. Por ende, esta persona no está arrestada por eso sino que porque pesa sobre él la sospecha de su procedencia, en medio de la presión constante de dirigentes de Juntos por el Cambio. Es un prejuicio, una aprehensión política, basada en la sola hipótesis de que por ser, o decir ser, de un país, ya es terrorista".  

Boeykens insistió en el hecho de que, en Argentina, se calcula que alrededor de un millón de personas viven indocumentadas. "Sin embargo, no vemos que esas personas sean detenidas, procesadas y encarceladas. Es más, todos los fines de semana sabemos que miles de jóvenes intentar vulnerar los sistemas de seguridad de boliches y fiestas con documentos de terceros, y tampoco son retenidos. Con lo cual estamos claramente en un arresto basado en un preconcepto". Acotó luego: "En todo caso, si pasan dos semanas sin que sea identificado, debería ser el propio Estado el que tendría que colaborar a que se documente, a que adopte una nacionalidad".  

Qué se investiga

El sábado 25 de junio se detuvo en Concepción del Uruguay a un sujeto que intentaba comprar un pasaje con el documento de otra persona. Al personal de la boletería le llamó la atención su forma de expresarse y que portara el DNI de otra persona, con lo cual dio lugar a la intervención de las autoridades. En un confuso episodio, se optó por retenerlo y alojarlo en la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad, para investigar su procedencia. Él, en tanto, aseguró ser Asan Azad, tener 28 años, ser iraní, mochilero y estar en Sudamérica desde 2016. Dijo haber viajado por Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, para entrar luego ilegalmente a nuestro país por el norte, el año pasado. Nada de ello, hasta el día de hoy, ha podido ser corroborado. En Migraciones no hay ninguna información al respecto, pero trascendió que hace un año fue retenido en La Rioja por un episodio similar. Allí, al ser interrogado, habló castellano. Acá, al ser indagado, dijo no conocer nuestro idioma.   

En su haber, el joven tenía la licencia de conducir de un hombre de Talar (Buenos Aires), el DNI de un sujeto de Santo Tomé (Santa Fe); $14 mil; un celular Samsung en funcionamiento con dos contactos de trabajos marginales y la foto en blanco y negro de una nena, en mal estado. También un escrito en farsí, la lengua iraní, también hablada en Irak. Por orden del fiscal en turno, Juan Pablo Gile, intervino personal de Criminalística y de la División Toxicología, antes de darle el pase al juez Federal de Concepción del Uruguay, Juan Pablo Seró.  

El magistrado tuvo su primer encuentro con el presunto iraní el lunes 27 de junio. Salió de la audiencia -donde no pudo rescatar demasiado, especialmente por el impedimento para hacerse entender- con más dudas que certezas. "Estamos caminando en el aire", manifestó a los medios, mientras ratificaba que no se sabía ni la identidad ni la nacionalidad del aprehendido. Y agregó: "Es muy complejo para él entender. Es complejo un hecho sencillo, mucho más algo técnico. Tuvimos que hacer un cuarto intermedio, él se abstuvo de declarar por el hecho que se le imputa, que es llevar documentos ajenos. Mañana vamos a continuar para ver si relata algo en relación a cualquier otro hecho. En principio estamos trabajando exhaustivamente para identificarlo. Necesariamente debemos probar que él es quien dice ser". 

Luego de un encuentro fallido por falta de traductor el martes 28 de junio, finalmente el muchacho pudo declarar el miércoles 29 de junio. Durante tres horas, contestó las preguntas de Seró. Del cara a cara, no trascendió nada, ni oficial ni extraoficialmente. Sí se supo que la Justicia solicitó información sobre Azad a la Embajada de Irán, que reportó no tener datos del sospechado. Lo hizo a través de Julieta Elizalde, la defensora oficial. Más allá de la gravedad de la situación, la sede diplomática, encabezada por Amir Houshang Karimi y ubicada en Figueroa Alcorta al 3.200 de Buenos Aires, no se mostró especialmente preocupada por el arresto. 

Se supo además, de la mano del colega Juan Bracco, de Infobae, que Interpol no registró datos del joven. Además, que dos oficiales de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería, el comandante Juan Rizutto y el sargento Ariel Vallejos, tomaron los datos biométricos de Azad (huellas, iris y fotos del rostro) tras su detención. Utilizaron equipamiento con tecnología estadounidense para iniciar el cotejo de información con bases de datos internacionales. El primer resultado fue que no aparecían datos filiatorios del detenido. 

En síntesis: no se sabe quién es, no se sabe de dónde es, no se tiene información de dónde vive, ni cómo llegó al país -si, en efecto, es extranjero-, ni cómo arribó a Entre Ríos. Se sabe que, en principio, no tiene antecedentes, no pesan sobre él sospechas de vínculos con organizaciones terroristas, no iba armado, no estaba en contacto con nadie presuntamente ligado a actividades ilícitas ni pesan sobre él alertas a nivel internacional. Se duda, en este contexto, de su salud mental. Pese a ello, Seró determinó procesarlo y enviarlo a la Unidad Penal N° 4, donde quedó preventivamente preso. La decisión despertó la alarma de organizaciones de Derechos Humanos, que objetan que una persona que no tiene antecedentes peligrosos ni presenta riesgos procesales -no puede entorpecer la investigación y difícilmente se pueda fugar con el poco dinero que llevaba encima- sea retenido en una unidad carcelaria.  

El episodio se emparenta con el avión venezolano de origen iraní retenido en Ezeiza. Pese a los intentos desesperados de legisladores de la oposición -liderados por Gerardo Milman y Cristian Ritondo, alfiles en el Congreso de Patricia Bullrich- de demostrar conexiones con organizaciones terroristas, lo cierto es que la tripulación no tenía antecedentes, dentro de la aeronave no se halló nada sospechoso y no pesaba ninguna alerta roja, más allá de una sanción de Estados Unidos. Asimismo, el hecho de que haya habido venezolanos e iraníes encendió alarmas y habilitó una serie de conjeturas más basadas en el prejuicio que en la realidad, que grandes exponentes de la hegemonía mediática se encargaron de propagar. Desde supuestas armas hasta un "terrorismo híbrido", las hipótesis no pararon de multiplicarse, en un nuevo trabajo acompasado entre determinadas figuras de la política opositora y operadores dispuestos a perder cualquier reflejo periodístico con el solo objeto de asestarle un golpe al Gobierno Nacional. A la par, reflotaron la supuesta polémica por el memorándum con Irán y no tuvieron pruritos en hablar de la posibilidad de un nuevo atentado como el de la AMIA o la Embajada de Israel, independientemente de la escasez total de pruebas que pudieran habilitar a semejante idea.  

El Destape intentó, en reiteradas ocasiones y sin éxito, comunicarse con el juez Federal, Pablo Seró; con la fiscal Josefina Minatta; y con la defensora oficial Julieta Elizalde. Hasta el momento, los tres funcionarios judiciales han preferido el silencio.