“El programa de achicamiento del Estado y de reducción de muchas de sus capacidades no implica necesariamente la idea de un estado ausente o bobo”, dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el organismo histórico de defensa y promoción de Derechos Humanos que acaba de sacar el informe Milei.1año en el que se caracteriza a un gobierno del Estado como el que pone, en la pérdida de derechos, uno de sus objetivos.
“La destrucción, achicamiento, recorte, de gran parte de las funciones del Estado se produce al mismo tiempo que se fortalece todo lo que tiene que ver con la defensa de la propiedad y la libertad de mercado”, cierra Litvachky la idea sustentada en los seis capítulos que componen el informe y son una alerta para el segundo año de gobierno que empieza, entre otras cosas, con validación social a la baja de la inflación, pero también a la violencia estatal desplegada.
¿En qué sectores se ve la idea de un Estado fuerte, tal como se apunta en el anuario del gobierno de Javier Milei?
--Todo el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, se ha visto fortalecido no sólo en el sentido de la represión callejera, sino de todo lo que tiene que ver con la capacidad de aplicación de la ley. La reforma del sistema de inteligencia por DNU, la intención de refinanciar el sistema inteligencia con los fondos reservados o el aumento, en el presupuesto 2025, de los fondos que se le destinan, además de las capacidades específicas y estructuras de gobierno nuevas adjudicadas.
Por el otro lado, la desregulación y la eliminación de lo que ellos llaman “los obstáculos estatales para la libertad de mercado”, implica también una presencia del Estado en otros aspectos. Por ejemplo, el armado de estas Unidades de Protección Productiva que el Ministerio de Seguridad está adaptando para proteger lo que ellos llaman las Áreas Económicas Estratégicas. Hay una complejidad entre estado ausente débil y estado presente pero sólo para defender la libertad de mercado y para defender la propiedad, sobre todo.
Se configura un Estado fuerte y dedicado a la vigilancia social y la represión de la protesta.
--Y no solo eso, también fuerte en la definición de las nuevas reglas. ¿De qué manera el gobierno está implementando su programa? Bueno, lo está implementando a través de dos o tres herramientas muy claras, las que le dio el mega DNU -el 70/23- que cambió de un montón de regímenes normativos y le permitió declarar las emergencias -económica, cambiaria, seguridad etc-, a través de la Ley Bases -que delegó al presidente facultades extraordinarias-, y a través de decretos reglamentarios y decisiones ministeriales.
Con eso están desarrollando una reforma muy estructural del Estado, cambiando las reglas de juego de la economía, de la relación de las personas entre sí y del de las relaciones de las personas con el Estado. Esta redefinición de las reglas, que desde nuestro punto de vista son contrarias con las reglas constitucionales, la vienen haciendo a través de decisiones del Poder Ejecutivo. Hay una profundización del presidencialismo que implica un estado y un gobierno fuerte y un decisionismo fuerte. Y lo hacen porque pueden, porque hasta ahora no tuvieron obstáculos institucionales ni del Congreso ni del Poder Judicial, las únicas resistencias que aparecieron, algunas más eficaces que otras, fueron resistencias sociales
El ensanchamiento de la estructura de Presidencia llama la atención y además se gobierna, es algo que surge del informe del CELS también, con instrumentos que no son leyes discutidas y consensuadas sino protocolos o decretos ¿Podemos decir que la democracia está en riesgo o es la democracia la que habilita este autoritarismo?
--Yo prefiero no etiquetar tan rápido. Creo que es que es importante pensar en cuál es la posible deriva de este grado de decisionismo y la orientación de las decisiones que se están tomando, para dónde están llevando las reglas que nos van a regir, definidas, casi todas, desde el Poder Ejecutivo. Es el propio Congreso el que dio algunas facultades y otras las toma de la propia Constitución, aunque extralimitándose. Como primera opinión, podría decir: para gobernar están forzando y estirando un montón las reglas de juego de la división de poderes y del check and balance, de los controles entre los propios poderes, sin duda, y debilitando mucho los órganos de control. Todos los órganos de control estatales y regulatorios están o siendo debilitados, desfinanciados o destruidos.
¿Esto implica también al periodismo, en el sentido de operar como obsevador, como control de las acciones del Estado?
--Todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, lo que tiene que ver con la protesta social, lo que tiene que ver con la posibilidad de entrar en una conversación pública sobre las acciones de gobierno es descartado o atacado. Pero este decisionismo está teniendo apoyo social, eso es importante. Entonces, ir hacia la idea de que esto es directamente un gobierno autoritario, a mí me parece que es equivocado. Pero sí que tiene prácticas antidemocráticas, sí que tiene una perspectiva autoritaria el modelo de Estado que propone y el modelo de Estado en relación con la sociedad que propone y la forma de entender el disenso y sus posiciones absolutamente macartista y contraria a la perspectiva de derechos. El Gobierno actúa de acuerdo a la idea de que los derechos son privilegios y por lo tanto obstáculos para la libertad de mercado. Esa es una definición muy fuerte, contraria a las reglas de nuestra Constitución, con una perspectiva antidemocrática en el sentido de la construcción colectiva, pero todavía está a las reglas del sistema institucional democrático.
Una democracia formal que contradice hasta al Preámbulo de la Constitución. Y evidentemente con muy poco margen de intervención por parte de la sociedad, al menos sin sufrir represión o algún tipo de amedrentamiento.
--Claramente, y es importante caracterizarlo, es un gobierno de ultraderecha con componentes autoritarios, violentos en su retórica y en sus prácticas, y con la idea de hacer una transformación de la matriz política, social y estatal de Argentina, que pretende erradicar cualquier pretensión de componer una sociedad y un estado mínimamente igualitario. Ese es el punto de quiebre, eso está dicho con todas las letras. Parte de esa conversación es la arrastra su retórica sobre los '70 y la reivindicación de la violencia estatal.
Esa reivindicación de la dictadura, la retórica de la memoria completa, el uso de los Derechos Humanos para festejar, como hizo Victoria Villarruel en el Senado el 10 de diciembre, a "quienes luchan contra la ideología de género", ¿lo ves como algo accesorio o central en la construcción de la base social del gobierno?
--Veo una disputa simbólica en relación a la dictadura, que ocupa más a Victoria Villarruel y al Ministerio de Defensa. Me parece que ahí el planteo es más bien la reivindicación de las Fuerzas Armadas y devolverle a las víctimas del "terrorismo", en sus términos, un lugar en la historia. Es parte de la batalla cultural, una disputa ideológica a esto que llaman “el marxismo cultural” y de interés para la tradición católica religiosa. Creo que es muy importante para afianzar la base propia sobre todo. No creo que sea a todo su electorado. Creo que su afianzamiento está dado más por el factor económico, la baja de la inflación y no tanto por las posiciones más extremas en términos ideológicos. Aunque lograron conectar con un malestar y conectaron ese malestar social con planteos vinculados a la cuestión igualitaria. Y con el punitivismo, muy extendido socialemente. Hay una un apoyo social a la posición de (Patricia) Bullrich sobre todo, la posición de "el que hace las paga", es como una especie de diagonal hacia la idea de que está justificada la violencia estatal. Pero cuando hay situaciones en las que aparece una gran injusticia, las valoraciones sociales, no son tan claras.
Como pasó con las personas detenidas el 12 de junio, cuando se aprobó la Ley Bases.
--En este caso, el gobierno dijo que las personas detenidas eran terroristas y que la protesta había sido un intento de golpe de Estado. Todo el tiempo están desplegando alertas permanentes con esa narrativa y después te das cuenta que ni el caso ni las personas tenían nada que ver con una banda ni eran terroristas ni narcos. Pero se genera desde el Ministerio de Seguridad un bombardeo de noticias. La narrativa del terrorismo es muy central a este gobierno, a nivel internacional y a nivel interno.
Los pueblos originarios también son un chivo expiatorio, también acusados de terrorismo en muchos casos, y lamentablemente no hay tanta empatía social. ¿Se trata de racismo?
--Aparece esta idea de que la protección estatal de esos grupos es injusta. ¿Por qué se les dejaría a ellos la tierra? También hay racismo, claro. Pero el gobierno lo está usando porque le permite un diálogo con el ciertos sectores del staff y de los dueños de la tierra, en relación con la defensa de la propiedad privada. La derogación ahora de la ley que declaraba la emergencia y suspendía los desalojos de las comunidades indígenas hasta que se haga un relevamiento -cosa que los gobiernos anteriores no hicieron-, festejada por el Ministerio de Seguridad, dice: a partir de ahora la única ley que corre es la defensa de la propiedad y la libertad (de mercado) y esto también genera identidad identificación social. Son todas cuestiones que fortalecen reglas del Estado que defiendena los que más tienen. Volvemos al principio, no es que están planteando un estado inexistente si no un estado que pueda defender estas lógicas.
Mientras el Poder Judicial permanece bastante callado.
--Por lo menos nosotros, desde el CELS, estamos viendo una defección, te diría importante, del Poder Judicial en la forma en la que está interviniendo respecto de cómo este gobierno está tomando algunas decisiones por fuera de las reglas constitucionales. Que era una discusión que era estuvo totalmente presente durante los gobiernos anteriores. Era muy claro que la Corte Suprema y los Superiores Tribunales tenían que controlar la forma en la que los gobiernos implementaban su programa de acuerdo con las regla del juego. Bueno, esto hoy no está pasando.
¿Cuáles son las alertas del CELS para el segundo año?
--Desde el lado del Estado, la preocupación por cierta legitimación de la violencia estatal y la pregunta sobre cuáles van a ser las respuestas si la conflictividad empieza a aumentar. También me parece muy importante la reforma que se hizo del sistema de inteligencia que le permite al gobierno extender su vigilancia con normas y regulaciones que otros gobiernos no tuvieron. También la situación carcelaria y el aumento de las detenciones, si se aprueba la Ley de reiterancia, si se aprueba la ley anti mafias esto va a ser un combo muy explosivo. Obviamente la la cuestión social sobre la pobreza y la indigencia.
Después ya tenemos algunas preocupaciones más generales sobre la el aumento de la violencia social y el aumento de la violencia narco y cómo permean las lógicas estatales y sociales. Si se llega a habilitar mayor circulación de armas, esto va a ser un problema muy grande. También, desde el punto de vista simbólico, que se consolide esta idea de que los derechos son privilegios y que se pierda la perspectiva comunitaria y de solidaridad.
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