En nuestro país, muchas personas con discapacidad, en especial mujeres, son esterilizadas de manera forzada a través de procedimientos en los cuales no se les indica adecuadamente en qué consisten y cuya decisión queda en manos de otras personas, ya sea algún familiar, representante legal, o incluso la justicia.
Cuando la regla, para todas las mujeres, es el consentimiento informado, para las mujeres con discapacidad esto no rige y es por esto que muchas veces aceptan la esterilización en base a información sesgada.
Con el objetivo de visibilizar esta vulneración de derechos, esta semana se lanzó la campaña #BastaDeFertilizacionesForzadas que busca la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130, promulgada en 2006, que habilitan la realización de estas prácticas.
Según denuncia la campaña, es una ley violatoria de los derechos de las personas con discapacidad y contraria a lo que establece la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, un tratado ratificado por Argentina en 2008 y con jerarquía constitucional desde 2014.
Después de haber ratificado este compromiso, el Estado Argentino tendría que haber modificado la legislación. Como no lo hizo, en el 2012, el comité sobre Derechos para Personas Con Discapacidad le recomendó a Argentina la modificación de esta norma.
El debate por la modificación de estos artículos ya se inició en la Comisión de Salud de Cámara de Diputados de la Nación. Por eso, el lanzamiento de la campaña busca que continúe su tratamiento en las próximas semanas y se obtenga un dictamen, para que el proyecto pueda avanzar en el recinto y así convertirse en ley.
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La campaña es impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión.
“Esta iniciativa surgió de la movilización de las mujeres con discapacidad por sus derechos, en particular de una serie de espacios de intercambios de conocimientos y experiencias y movilización que fueron coordinados por REDI en 2018. Allí, las mujeres con discapacidad identificaron a las esterilizaciones forzadas como un punto de especial preocupación y como una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos”, describió Sofía Minieri, coordinadora de proyectos sobre derechos de las mujeres con discapacidad en REDI.
Estas prácticas sistemáticas e históricas ocurren particularmente en los colectivos de personas sordas, con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. “Lo peor es que muchas veces dicen que es para prevenir abusos, algo que lógicamente no se puede evitar con estas prácticas. Por eso la gente que alega esto básicamente lo que está haciendo es evadir una respuesta concreta porque lo que existe es un disca-odio”, aseguró Laura Alcaide, activista femiDisca y miembro de Orgullo Disca y periodismo femiDisca.
“Estas prácticas son básicamente la constatación de que ni tu deseo ni tu cuerpo te pertenecen. Que cualquier persona puede decidir por vos y eso es algo que ocurrió por los siglos de los siglos en la discapacidad”, añadió.
“El hecho de pensar que las personas con discapacidad no podemos ejercer el cuidado de un hije es discriminatorio y es parte de lo que llamamos el disca-odio”, sintetizó.
Para Zoe Verón, responsable del área jurídica de ELA, es importante abordar esta problemática desde la interseccionalidad: “Cuando hablamos de esterilizaciones forzadas, es importante poder leer las normas vinculadas a salud sexual y reproductiva desde una perspectiva interseccional, es decir, analizando otros factores que pueden combinarse generando más barreras en el acceso a ciertos derechos, como pueden ser ser mujer y tener una discapacidad”.
La influencia de un modelo médico “capacitista”
Para Celeste Fernández, Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, estas prácticas tienen que ver con el modelo médico que se funda en una visión “capacitista”, que considera que existen personas que tienen todas sus habilidades y que hay otras personas que no las tienen, y que ve a las personas con discapacidad como sujetos enfermos.
“Es un modelo médico que arraigó una mirada muy paternalista y proteccionista de las personas con discapacidad. Pero luego, las personas con discapacidad comenzaron a militar por sus derechos y se fue gestando lo que se llama Modelo Social de la Discapacidad que consagra la Convención Internacional de las personas con Discapacidad. Esta convención plantea que la discapacidad no es un problema individual o una enfermedad, sino que es producto de una característica que tiene la persona y de un entorno rígido que no se adapta para responder”, describió.
Un colectivo con una larga lista de derechos vulnerados
El fortalecimiento del movimiento de mujeres tuvo un rol central a la hora de visibilizar estas prácticas ya que también enalteció al movimiento de mujeres con discapacidad, quienes identificaron a las esterilizaciones forzadas como violatorias de los derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, estas prácticas se ubican dentro de una extensa lista de reivindicaciones. “En lo relativo la interrupción legal del embarazo, al revés de lo que pasa con las otras mujeres, muchas veces a las mujeres con discapacidad se las fuerza a abortar. Existen también barreras a la hora de acceso al sistema de salud: los mamógrafos no son accesibles para personas con discapacidad física, no hay intérpretes en lengua de señas, no hay información disponible en formato braile, no se ponen a disposición apoyos para la comprensión de ciertas prácticas para personas con discapacidad intelectual, etc. Además, se enfrentan con un montón de barreras actitudinales por parte del personal del sistema de la salud. Por ejemplo, los profesionales de la salud no miran a la persona con discapacidad sino que miran a la persona que las está acompañando”, describió Fernández.
La influencia de los esterotipos
Hoy en día, no existen cifras oficiales ni estadísticas sobre las esterilizaciones en personas con discapacidad. En ese sentido, Minieri se refirió a este tema como una consecuencia del impacto que tienen los estereotipos alrededor de las personas con discapacidad, a las que se las ve como “asexuadas” o “niñas eternas”. En base a estas ideas se considera que no demandan servicios de salud sexual y reproductiva, y por ende no es necesario producir información sobre el acceso de estas personas a estos servicios.
Sobre este punto también coincidió Zoe Verón, que sostuvo que existe otro estereotipo alrededor de las personas con discapacidad que es el de una sexualidad desenfrenada que debe ser “controlada” de alguna manera.
Alcaida brindó ejemplos concretos sobre este aspecto, ya que afirmó que en toda discapacidad, pero en particular en la psicosocial e intelectual, se da por sentado que no pueden hacerse cargo de hijxs. “A compañeras con movilidad reducida les han dicho, ‘si te tenés que bañar sentada, cómo vas a hacer para cuidar a un hije’”.
“Otros estereotipos que se manifiestan es que si vos tenés una discapacidad, la misma puede proliferse. Entonces, para evitar que nazcan otres niñes con discapacidad, lo que hacen es evitar directamente esa reproducción”, añadió.
En el último tiempo, el Estado comenzó a incorporar la perspectiva de discapacidad en los últimos años, y esto fue considerado un avance por parte de varias organizaciones. “Esperamos que eso se traduzca en la producción de información sobre estos temas porque es fundamental tener un diagnóstico correcto para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad”, concluyó Mineri.
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