En medio de críticas, la Ciudad modificó la regulación de las apps de delivery

Los trabajadores de las apps de delivery se movilizaron a las puertas de la Legislatura porteña para manifestarse en contra de la modificación de la ley que los regula. Con la abstención del Frente de Todos, Vamos Juntos (Cambiemos en la Ciudad), sancionó el cambio de la normativa con 39 votos a favor. Sin embargo, para lograrlo debieron aceptar una serie de modificaciones que fueron contempladas como positivas pero no como resolutorias de la cuestión de fondo, que es la condición de relación de dependencia de los repartidores para con las plataformas.

Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios explicaron a El Destape que la ley vigente expresa claramente la relación de dependencia de los trabajadores con las empresas, algo que borra esta modificación. O deja un gris para que las compañías hagan lo que quieran: contratarlos o que sean monotributistas. Por eso se manifestaron. Detallaron que la Ley de Contrato del Trabajo lo contempla pero ya implica una resolución judicial, un trámite mucho más extenso y engorroso.

Por su parte, la Asociación de Personal de Plataformas cuestionó que "el proyecto aprobado habilita a las empresas de plataformas como “intermediarias de oferta y demanda” y las exime del cumplimiento de toda normativa laboral y tributaria" al tiempo que crea un permiso de trabajo para los repartidores e impone sanciones a quienes no estén habilitados.

Como puntos positivos, destacaron que se eliminaron algunos requisitos como la acreditación de la nacionalidad o residencia definitiva, y la constitución de domicilio en la ciudad de Buenos Aires, se incluyó la entrega de elementos de higiene, seguridad y se amplió la cobertura de servicios.

Santiago Roberto, legislador del Frente de Todos, aclaró que el bloque mayoritario de la oposición no compartió, desde el inicio, el proyecto de Cambiemos pero que se dispusieron a debatir para mejorarlo. “Pudimos obtener algunas modificaciones que son importantes, no son suficientes. Queríamos más cambios para proteger a aquéllos que son más vulnerables”, sostuvo en el debate.

El diputado destacó algunos de los cambios planteados, como es el límite a las comisiones que estas empresas pueden cobrarle a los comercios (hoy de hasta el 35%. El texto no es claro, habla de un retroceso a la situación del 17 de marzo, aproximadamente en un 20%. El legislador presentó un proyecto para reducirlas al 15% más IVA); que las compañías deban brindar elementos de cuidado e higiene ante la pandemia, ya que son trabajadores esenciales; así como brindar seguros de vida o ante accidentes, sin costo, en caso de sufrir algún percance durante su labor. “Ha habido avances y mejoras que entendemos que son importantes. Queremos más, queremos seguir trabajando. Las aplicaciones no son meras intermediarias, brindan un servicio y deben pagar impuestos y cumplir normas laborales”, concluyó.

En eso hizo foco Myriam Bregman, del PTS Frente de Izquierda. Aseguró que el debate se dio en el “marco de la reforma laboral que se está proponiendo de derecho y aplicando de hecho” y que “se trata de una ley absolutamente engañosa” porque se debaten cuestiones de tránsito (de esa comisión partió el proyecto) cuando en realidad se modifican cláusulas laborales. La ley de Contrato del Trabajo dice que si alguien presta un servicio para otra persona, hay una relación laboral, sostuvo la legisladora.

La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios apuntó a los trabajos del gobierno nacional, mediante el Ministerio de Trabajo, para ponerle “un límite a la voracidad de las apps, obligándolas a reconocer la relación de dependencia de sus trabajadores” y evitando generar una “zona libre de derechos laborales”. Hasta donde pudo saber El Destape, la cartera que conduce Claudio Moroni avanza en la confección de un estatuto para regular la actividad.

Cristina García, de Vamos Juntos, destacó que el proyecto recibió 35 cambios y "a veces nos quedamos cortos" porque "no alcanzó pero hicimos el intento para sumar todas las voces". Aseguró que garantiza derechos y condiciones de trabajo en base al diálogo. "Necesitamos legislar y regular esta actividad y darle garantías a los trabajadores y trabajadoras" que hoy son esenciales.

Las claves de la nueva ley

Modifica la 5526, Código de Tránsito y Transporte, del 2016 y que comenzó a aplicarse en 2018, aunque con incumplimientos. Regula el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias.

Los repartidores o mensajeros deberán recibir capacitaciones sin costo. Se deberán realizar campañas y capacitaciones vinculadas a la seguridad vial.

La autoridad de aplicación deberá tener el listado de los repartidores y/o mensajeros dados de alta para ejecutar el servicio en sus plataformas digitales.

Los repartidores deberán tener un casco homologado, indumentaria con bandas reflectivas administradas por las empresas. La entrega será por única vez, en forma de comodato o a cargo del prestador. Cualquiera sea la forma elegida, debe ser gratuita para el trabajador. Además, deberán verificar que éstos cumplan con los requisitos “siendo solidariamente responsables” en caso de que no ocurra.

Los operadores tendrán prohibido establecer sistemas de incentivos, castigos o cualquier otra imposición de medidas o pautas en relación a la forma de prestación cuando estimulen prácticas que directa o indirectamente fomenten el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o incumplimiento de otras normas de tránsito generando riesgos a la seguridad vial.

Los operadores deberán poner en funcionamiento un canal u opción dentro de la plataforma para que el repartidor declara tener la habilitación, tener un mecanismo digital para reportar quejas por parte de los usuarios y un canal de denuncias accesible.

Los distintos tipos de seguros deberán estar disponibles durante todo el tiempo necesario para ejecutar el servicio. Serán de accidentes de trabajo (ART); seguro de vida obligatorio; de responsabilidad civil; de accidentes personales.

Los trabajadores no podrán llevar pasajeros ni enviar mensajes o realizar llamados mientras estén manejando el vehículo utilizado para las tareas.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción será la autoridad de aplicación y fiscalización.