Empleo en casas particulares: la pandemia laboral del coronavirus

“Tengo veinte años y trabajaba cuidando niñxs. Un día, el papá de mi pareja tuvo Covid y tuve que aislarme por contacto estrecho. No me creyó, me despidió. Mi empleador me dijo que en este país los trabajadores tienen muchos derechos, aunque no se lo merecen”

La experiencia de la joven trabajadora da cuenta apenas de un ápice de muchos otros casos atravesados por el servicio doméstico: unos más extremos, donde el abuso laboral y el ejercicio de supremacía se vieron exaltados, otros donde a la empleada -claro, casi el 100% son mujeres- directamente no se le notificó que no iba a volver más, o bien -al estar informal, como más del 70%- les recortaron el sueldo. En otros casos también es cierto que  el empleador, un empleado, gastronómico o docente tan golpeado como cualquier civil, no pudo seguir afrontando los gastos.

Como sea, según el último informe de INDEC, el sector de trabajadoras de casas particulares fue el que más puestos de trabajo perdió: a comparación de diciembre 2019, en el último mes de 2020 se registró un 22,6% de empleadas menos. Testimonio de jefas de hogar con hijos y sueldos paupérrimos en medio del año más inestable jamás vivido, la asistencia del Estado y el desafío constante de hacer cumplir derechos laborales básicos.

Excepto para la cuarta categoría de trabajo -asistencia y el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños y adultos mayores- que se declaró como servicio esencial, el resto de las trabajadoras se vio imposibilitado de realizar su labor. Es por eso que el Gobierno decretó que formaban parte del grupo de trabajadoras que, aún en aislamiento, debían seguir percibiendo sus salarios en caso de tener más de 60 años, estar embarazada, encontrarse en un grupo de riesgo, tener hijes a cargo o si alguna persona del hogar en el que trabajaba se encontraba aislado. Sin embargo, distintas variantes hicieron que el DNU no fuera respetado por buena parte de los empleadores.

SALARIOS

“El Gobierno se jacta de haber terminado el patriarcado, sin embargo el gremio más feminizado del país está en la más absoluta pobreza”, lamentó Rita Mabel Arbillaga, delegada del sindicato de Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA). Un informe del gremio, realizado en septiembre (previo a la última actualización salarial) a partir de una encuesta a 320 trabajadoras, indica que el 48% de las empleadas de casas particulares “percibe un salario inferior a la jubilación mínima”. Al respecto, fuentes oficiales mencionaron que “muchas trabajan solo por horas” y que en todo el país hay situaciones muy “disímiles” y el universo de situaciones en el sector es muy “variado y complejo”, pero que, en caso de que los salarios queden por debajo de un SMVM, “solo sea por 1 o 2 puntos”

Además, de acuerdo al gremio, solo el 53,9% de las trabajadoras del hogar percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena (el 22,6% no percibió remuneración alguna, el 13,8% cobró mensualmente sólo parte de sueldo y el 9,7% sólo algunos meses).

El Asesor Legal de UTDA, Matias Asequilla, en líneas generales afirma que la situación obedeció “a un simple e inescrupuloso incumplimiento patronal de la normativa vigente” pero cabe reconocer que en ciertas ocasiones “pudo deberse a las reales dificultades económicas por las que los propios empleadores pueden estar atravesando”

En cuanto a las actualizaciones salariales, la última negociación de la paritaria se dio en noviembre y quedó en un incremento del 28% distribuido en tres tramos: 10% en diciembre pasado, 8%, no acumulativo, a partir del 1° de febrero de 2021 y 10%, no acumulativo, a partir del 1° de abril de 2021. Así, sin retiro el salario más alto se lo lleva la primera categoría con $26.734 y el más bajo $21.755 y con retiro la escala va de $24.000 a $19.564 respectivamente. Actualmente el salario mínimo vital y móvil es de $20.587,50 y en marzo pasará a $21.600. Si bien el régimen laboral es distinto a la Ley de Contrato de Trabajo -por lo que no se aplica el SMVM- si se toma de referencia para las negociaciones. Tanto UTDA como la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) afirman no estar de acuerdo con el incremento pactado por considerarlo “insuficiente”, con la salvedad de que el primer gremio pide un incremento del 113% y el segundo un 42%.

Carlos Brasesco, apoderado legal de UPACP, explicó a El Destape que desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que el incremento total, o sea un 38% (10% otorgado en dos cuotas, 5% en marzo y 5% en mayo, más el 28%) da un aumento por encima de la inflación (36,1%). Sin embargo, consideró que es un argumento “falaz”: “El 10% corría por la pérdida de poder adquisitivo en 2019, y el porcentaje restante será distribuido en tres cuotas, dos de ellas en 2021, cuando la inflación será otra”.

Por otro lado, fuentes oficiales aseguraron a este medio que “todos en la mesa sabían que el 10% iba a cuenta del aumento del año paritario anterior” y se dio porque “no se llegó a ningún acuerdo y corría peligro el incremento”, en tanto que el 28% “se asimila al porcentaje de actualización de otros gremios”, como el de Camioneros (30%). Así mismo, advirtieron que el sector no fue considerado dentro del ATP, “pero sí del IFE, incluso para las trabajadoras registradas”, alcanzando a 300 mil de 450 mil trabajadoras formales, y que en la reactivación de la paritaria se tuvo “muy en cuenta que la parte empleadora está muy lastimada y no concentra mucho capital” entonces “se buscó la manera de no atrasar el salario, pero sin provocar el efecto contrario, que es la incursión a la informalidad por altos incrementos salariales o los despidos.” Así y todo, Clara, una trabajadora de CABA manifestó: “Necesitamos un sueldo digno,  la mayoría somos madres, no tenemos casa propia y la mitad de nuestro sueldo se va en el alquiler”. Una compañera, Delfina, complementó: “Soy madre soltera y alquilo, soy el sostén de mi casa, todo aumenta. Son una vergüenza nuestros sueldos mientras que tenemos que hacer de todo, desde limpiar el baño a limpiar las zapatillas y los barbijos de los empleadores.”

DESPIDOS

Según la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS, 2018), trabajan en Argentina al menos 1.500.000 de empleadas de casas particulares. De ese total, se estima que el 77% se encuentra cumpliendo tareas de manera informal. 

A su vez, de acuerdo a ECETSS, la actividad se concentra en el tramo etario mayor a 35 años, el 44,2% de las trabajadoras que la practican son jefas de hogar y el 9,1% son migrantes. En relación al nivel educativo máximo alcanzado, solo 35,3% completó estudios secundarios o superiores. Por otro lado, un 64,8% trabaja para un solo empleador, por lo cual si la despiden, se queda sin ningún ingreso. Además, las trabajadoras no registradas cuentan con un bajo nivel de acceso a derechos como obra social (9,4%), aguinaldo (18,8%) y seguro de accidente (3,3%).  Con respecto a las licencias, solo 13,9% dice tener vacaciones pagas, 16,4% días pagos por enfermedad y 5,2% licencia por maternidad.

Bajo esa vulnerable y quebrantable base, durante la cuarentena, según UTDA “se ha producido una importante cantidad de despidos y suspensiones sin causa justificada o por causas económicas, en especial de las empleadas que trabajan de manera informal” lo que no permitió el cobro de indemnización.

“Muchas compañeras viven lejos y al no poder viajar no les buscaban una forma alternativa de viaje, entonces no trabajaban y les pedían la renuncia o arreglaban un salario más bajo”, aseguró a El Destape María Matilde Brítez, delegada de UTDA.

“El DNU ningún empleador lo respeta, si no trabajamos no cobramos. Trabajé hasta el 14/7, y aún yendo a trabajar, siempre una excusa o maltrato para no pagarme. Ahora soy una desempleada más”, comentó Patricia, trabajadora de CABA. A sus dichos se sumó Valeria, trabajadora de PBA: “Desde que empezó el aislamiento obligatorio mi empleadora me dijo que no fuera, que íbamos ir viendo cómo se iba dando. Me pagó hasta junio solamente, cuando le envié un mensaje para ver qué posibilidad había de que me envíe dinero, me dijo que yo, como solo trabajaba tres veces a la semana, no me correspondía cobrar, que ella no me iba a pagar un año sabático y que tomó a otra persona en mi lugar.”

Por su parte, Brasesco enfatizó que en cuarentena “se sufrieron un montón de situaciones abusivas y perjudiciales, más que nada en las trabajadoras no registradas, al ser despedidas o no cobrar”, pero que, a partir de octubre, cuando se permitió al sector volver a sus tareas, la incorporación al trabajo comenzó a mejorar “muy paulatinamente” hasta la actualidad. Más aún cuando en diciembre el Gobierno permitió el uso del transporte público al sector.

Como segunda opción, muchas  trabajadoras decidieron modificar fraudulentamente la categoría a la 4ª categoría (cuidado de personas) con el objeto de expedir falsos permisos de circulación. Sin embargo, Arbillaga denunció que hay empleadores que “hacen trabajar más de la cuenta” y en vacaciones en barrios privados, cuando “la trabajadora nunca arregló eso”. Incluso, comentó, muchas terminaron “prestando ayuda a los niños para hacer la tarea por Zoom, limpiando piletas y juntando la caca del perro”. Desde el Gobierno afirman que la política más eficaz para terminar con la informalidad -la problemática de raíz-, solucionar los despidos ilegales (contrarios al DNU) y la falta de remuneración acorde a lo pactado oficialmente, es la fiscalización, reclamo tanto de UTDA, UPACP y todos los gremios que se sientan a la mesa a negociar, que será tratado en el próximo encuentro que el Ministerio de Trabajo, los Sindicatos y las Cámaras empresariales tendrán, donde también se tratará la implementación de la antigüedad. “Una de las soluciones para mejorar el salario del personal doméstico es la fiscalización. En la medida que registras a la trabajadora mejora su salario, tiene cobertura de obra social y jubilación, y lograría recuperar lo perdido en 2017,  año donde se perdió más del 20%”, explicaron a este medio.

Desde el Estado aseguran que “les preocupa mucho y no están conformes con las condiciones y salarios del sector” pero cumplir a todas las demandas “es un proceso complejo” puesto que “se trata de unir engranajes, donde hay que solucionar problemas burocráticos y mejorar la calidad de empleo del empleador, para que impacte en su poder adquisitivo y tenga mayor margen para remunerar a las trabajadoras”. Al mismo tiempo, UTDA además reclama otras medidas de recomposición como universalización del IFE, un bono extraordinario, un adicional por presentismo y viáticos, entre otros temas.