Más despidos en la Secretaría de DDHH: les prohibieron el ingreso con policías

La mecánica fue, una vez más, similar a las anteriores: efectivos de la Policía Federal apostados en la puerta del ex centro clandestino de detención ESMA los esperaban con listas en sus manos a las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí, les informaron quiénes podían ingresar y quiénes no. Entre ellos, hay al menos, dos delegados y otras 71 personas las afectadas, que ayer habían recibido una notificación informal vía WhatsApp por parte del titular del organismo, Alberto Baños, en la que les informaron que ya no debían asistir a su trabajo desde este viernes. “Esto es parte del hostigamiento que venimos recibiendo desde el 10 de diciembre del año pasado, por nuestra actividad sindical, y del vaciamiento de las políticas públicas”, denunció ante El Destape el delegado de ATE, Octavio “Pilo” Rampoldi.

Según contó Rampoldi, la notificación fue enviada también vía mail y fuera del horario laboral. Además, hasta donde pudieron constatar, no está publicada en ningún sitio oficial, pese a que estaría firmada por el secretario de Derechos Humanos, Baños. El texto, al que accedió El Destape, sostiene que a través de la RESOL-2024-331-APN-MJ “del Señor Ministro de Justicia de la Nación (N de R: de la que depende la Secretaría), con fecha 18 de octubre de 2024, se dispuso la convocatoria a un plan de retiro voluntario tarea que demando un ingente esfuerzo por parte de distintas áreas de la Secretaría y que culminó el 31 de diciembre de 2024”. A continuación determina que "quedan licenciados de concurrir a sus lugares de trabajo a partir del día de la fecha" todas aquellas personas cuyos contratos supuestamente finalizan el 31 de marzo.

Ese retiro voluntario “entre comillas”, aclaró Rampoldi, fue ofrecido sólo a algunas personas, mientras que a otras les dieron la posibilidad de continuar bajo una contratación irregular que es conocida como “artículo 9” -que implica una drástica reducción del salario- y, otras, a quienes no les ofrecieron nada. Todas con distintos tipos de contratación. Algunas están contratadas a través del ente cooperador Cámara de Concesionarios de Automóviles (CCA) y, otras, se encuentran en designación transitoria en planta permanente. En tanto, vale aclarar que "no hay ningún contrato que finalice formalmente el 31 de marzo, como alegan las autoridades ni nadie recibió un telegrama de despido. Sin embargo, es probable que todas estas personas sean despedidas", explicó ante este medio el miembro de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia, Hernán Coll.

La situación de los delegados Coll y su compañero Fernando Almejún, en tanto, es diferente: están protegidos por ley, por lo que el despido de ellos sería ilegal.

"No se bancan que los trabajadores levanten la voz, reclamen por despidos, que mantengan los pedidos de reincorporación. Nuestra mejor forma de resistencia es hacer nuestro trabajo, mantener los juicios, los informes de riesgo, asistir a las víctimas del terrorismo de Estado", sostuvo Almejún ante este medio. Él además de ser delegado, es el último abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad que queda en la Secretaría y su puesto laboral ahora está en riesgo porque hoy le prohibieron el ingreso.

Los sitios de memoria, archivistas, de señalizaciones, investigaciones históricas y de asuntos jurídicos son algunas de las áreas que vuelven a verse afectadas por los despidos que el Gobierno nacional viene llevando adelante desde que comenzó su gestión, que cuenta en su haber más de 30 mil despidos en todo el Estado. Mientras, en la Secretaría, para dar una idea, en diciembre de 2023 eran 1050 trabajadores y trabajadoras y hasta ayer sólo contabilizaban 540, sin restar estas últimas desafecciones.

“El lunes la policía había irrumpido en una asamblea de trabajadores para sacar fotos y filmarlos”, denunciaron en un comunicado. A continuación, relataron el miércoles que un equipo de presidencia llegó –“aparentemente para filmar un spot de cara al 24 de marzo”, dijo Rampoldi- y fue el mismo Baños junto con otros funcionarios el que “arrancó carteles, violando la libertad de expresión sindical”, denunciaron. 

Sin trabajadores no hay memoria 

En la nómina más de 70 personas de la Policía Federal había dos delegados sindicales: Almejún y Coll. El primero, abogado laboralista, delegado de ATE y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El segundo, también es abogado, integrante de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia, diplomado en derechos sociales y culturales y maestrando en derechos humanos por la Universidad de Lanús. El trabajo de ambos en lo que era el Programa Verdad y Justicia, como el del resto de sus compañeros, es fundamental en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El acompañamiento a víctimas y testigos 

Coll hasta hoy era parte de la Coordinación de Asistencia Testigos-Víctimas allí trabajaba desde 2009 junto con un equipo de sociólogos, abogados, psicólogos e historiadores que sufrió feroces recortes en los últimos meses: en donde había cuatro personas, hoy sólo quedan dos. Se ocuparon a lo largo de los años de llevar adelante tareas de investigación, asistencia a testigos-víctimas a la hora de ir a declarar -así como del suministro de información para generar nuevas investigaciones a los juzgados orales federales- y de notificación a testigos-víctimas.

En su labor específica, Hernán se ocupaba de "proteger a las víctimas-testigos del sistema judicial, para que no fueran revictimizadas ni deshumanizadas", dijo. Desde 2010 hasta este año participó en la intervención de unas 250 causas que llevaron al debate oral en tribunales federales. Sólo en 2024, participó de la realización de 22 informes, es decir, del acompañamiento de unos 1500 testigos a lo largo y ancho de todo el país. 

En los últimos meses sus tareas se abocaron a tres causas: 1. Ingenio La Fronterita, de Tucumán, cuyo debate oral previsto para febrero fue suspendido, que cuenta con un cuerpo de 230 testigos; 2. Rodríguez Alcántara, en La Rioja, sin fecha de inicio, con 20 testigos; 3. Causa Fazio por encubrimiento de vuelos de la muerte en la Costa, sin fecha de inicio, con un cuerpo de 10 imputados y una cantidad al momento indefinida de testigos. "Lo que va a pasar (si se desmantela todo el equipo) es que no vamos a tener la capacidad de generar los informes, a los testigos los van a volver a notificar las fuerzas de seguridad, les van a mandar a la policía y se va a perder el enfoque para no ser deshumanizadas. Lo que buscamos es que no perdieran su calidad de humanos en el proceso judicial", dijo.     

El último abogado en la mega causa Campo de Mayo 

Almejún participaba hasta ahora en un equipo con otros dos abogados querellantes en representación del Estado nacional en la Mega Causa Campo de Mayo, en donde se presume que hubo cinco mil personas detenidas-desaparecidas de forma ilegal. Él era el último. "A uno le bajaron el sueldo a la mitad y se tuvo que conseguir otro trabajo en enero. El otro, fue despedido en febrero", contó. Además de ser delegado, su contrato es por tiempo indeterminado, sin embargo, esta mañana no lo dejaron ingresar a su trabajo en el predio de la ex ESMA. Ingresó en la Secretaría en 2021, cuando se creó la Unidad de Investigación de Delitos Económicos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

Su área de expertise es la investigación sobre la responsabilidad empresarial en el secuestro de obreros en los hechos ocurridos durante ese oscuro periodo del terrorismo de Estado. 

Pese a los despidos, los recortes y el negacionismo del Gobierno de Javier Milei, Almejún siguió trabajando. Cada 15 días se presentó a las audiencias de los casos que estaba siguiendo y continuó con los procesos de investigación y de instrucción correspondientes. Tanto así, que estaba cerca el inicio del juicio inédito contra el exgerente de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut, acusado como "partícipe necesario" de delitos de lesa humanidad.

En tanto, hace tan sólo una semana lograron el procesamiento de dos gerentes de Astilleros Astarsa. "A las 6 de la mañana del mismo 24 de marzo de 1976 cayeron tanques militares y señalaron a los trabajadores que sabían que eran activistas, los metieron en un camión y desaparecieron a la gran mayoría. Son unos 19 secuestros que logramos imputar y unos 13 que están desaparecidos en diferentes partes del periodo", relató Almejún. 

A  su entender, "no es casualidad" que su probable despido -aún no recibió ninguna notificación formal- y la continuidad del desmantelamiento de las áreas y de políticas de derechos humanos sea a diez días del 24 de marzo para cuando se espera una masiva movilización para levantar, una vez más, las consignas de memoria, verdad y justicia.