Ante el avance del COVID-19 en todo el mundo y la escasez de vacunas y medicamentos antivirales ante este virus que viene azotando el planeta hace más de un año, las medidas de restricción implementadas por los gobiernos nacionales conforman una de las decisiones claves en esta pandemia para controlar la propagación de la enfermedad.
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La mayoría de los países, incluida la Argentina, han llevado a cabo fuertes restricciones en sus territorio. En el caso de nuestro país, el presidente Alberto Fernández lanzó un paquete de medidas hasta el 30 de abril que incluyen la limitación de circulación entre las 20 y las 6; la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos.
El cierre de escuelas fue una de las medidas que más causó polémica con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que finalmente, por un fallo judicial, fue rechazada la vuelta a la presencialidad. Sin embargo, Larreta decidió desobedecer el fallo del fuero contencioso federal sobre la suspensión de clases presenciales en CABA.
Según un reciente estudio publicado por la revista Nature, se consideraron, entre ellas el cierre de escuelas, como las intervenciones gubernamentales más efectivas en respuesta al virus por ser las únicas opciones disponibles para retrasar y moderar la propagación del COVID-19 que se presenta tan cambiante.
El informe sobre la efectividad de las restricciones para mitigar la propagación del COVID-19 se realizó sobre más de 6 mil medidas jerarquizadas en 79 territorios sobre el número de efectividad sobre el avance del virus. Asimismo, para validar los hallazgos se adicionaron datos externos que registran más de 42 mil medidas extras en 226 países.
El estudio indica que es necesaria la combinación adecuada de las restricciones para frenar la propagación del virus, entre las menos disruptivas y costosas, que pueden ser tan efectivas como las más intrusivas y drásticas, como por ejemplo, un bloqueo nacional.
Según los especialistas, las intervenciones gubernamentales pueden causar costos económicos y sociales sustanciales al tiempo que afectan el comportamiento de las personas, la salud mental y la seguridad social. Por lo tanto, remarcaron que "el conocimiento de las restricciones más efectivas permitiría a los gobiernos implementar de manera juiciosa y oportuna una secuencia específica de intervenciones clave para combatir un resurgimiento de COVID-19 o cualquier otro brote respiratorio futuro".
Las restricciones más efectivas contra el COVID-19
En tanto, según el estudio, el distanciamiento social y las restricciones de viaje ocupan el primer lugar en todos los métodos, mientras que las medidas ambientales, por ejemplo, la limpieza y desinfección de superficies compartidas, se clasifican como las menos efectivas.
Entre las categorías de medidas implementadas por los Gobierno las de mayor impacto para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran: las pequeñas cancelaciones de reuniones (83%), el cierre de instituciones educativas (73%) y las restricciones fronterizas (56%). Como también las medidas que apuntan a incrementar las capacidades de atención médica y de salud pública como por ejemplo la mayor disponibilidad de equipo de protección personal, restricciones de movimiento individual y por último bloqueo nacional, incluida la orden de quedarse en casa.
Luego también determinaron que las cancelaciones de reuniones masivas, de actividades de comunicación de riesgos para informar y educar al público y asistencia del gobierno a poblaciones vulnerables también tienen gran impacto para evitar la propagación del virus.
Mientras que, las restricciones menos efectivas se encuentran: acciones gubernamentales para proporcionar o recibir ayuda internacional, medidas para mejorar la capacidad de prueba o mejorar la estrategia de detección de casos, medidas de rastreo y controles de salud fronterizos y aeroportuarios y limpieza ambiental.
Según los especialistas, existe un patrón en el que los países primero cancelan reuniones masivas antes de pasar a cancelaciones de tipos específicos de reuniones pequeñas, donde las últimas se asocian en promedio con reducciones más sustanciales del contagio de COVID-19.
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