A principios de septiembre, un preso que estaba alojado en el complejo carcelario de Bouwer, en las afueras de esta Capital, compartió celda con dos presos positivos de Covid-19, por lo que se le permitió ir a su casa en barrio Ciudad de los Cuartetos para tener cobertura sanitaria preventiva. Para festejar el regreso a casa, sus familiares organizaron una reunión a la que asistieron un centenar de vecinos. El pasado lunes 14, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ordenó cerrar el barrio Ciudad de los Cuartetos, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Córdoba y montar un cordón sanitario hasta el domingo 20 ante la aparición de 19 casos positivos de Covid-19. La mayoría de los pacientes había asistido a la fiesta organizada en honor al preso.
El caso de este detenido derivado preventivamente a su domicilio y su fiesta que derivó en el brote extramuros en el barrio Ciudad de los Cuartetos revela lo que sucede en las prisiones cordobesas, donde el Covid-19 ya ingresó y amenaza con contagios masivos.
El martes de esta semana hubo reclamos de presos y familiares en distintos pabellones de la cárcel de Bouwer y los abogados volvieron a pedirle al Gobierno que agilice las prisiones domiciliarias y excarcelaciones. Allí, en la mayor cárcel del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) se detectaron cuatro casos positivos de Covid-19 –dos habían estado junto al preso de Ciudad de los Cuartetos-, internos que se encuentran en grave estado y que fueron trasladados y alojados en el Hospital San Roque; mientras que se realizaron hisopados a otros cuatro contactos estrechos y dieron resultado negativo.
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En este complejo carcelario también se les realizó testeo serológico a otros 20 internos, quienes se encuentran en aislamiento, cumpliendo por prevención la cuarentena correspondiente, todos se encuentran en buen estado de salud.
La cárcel de Bouwer, construida a fines de los 90, aloja a presos varones de mediana y alta peligrosidad y a mujeres de las cuáles el 70% están procesadas o condenadas por el delito de narcomenudeo. Tiene capacidad para alojar a 2.600 internos pero su población carcelaria se duplica con más de 5.000 presos.
“Con un grupo de abogados penalistas vamos a insistir en la solicitud de prisiones domiciliarias, porque el argumento de la Cámara de Acusación de que no había casos de Covid en Bouwer ya se ha quebrado, en consecuencia se han quedado sin el argumento que antes tenían. Este sistema cordobés hace un abuso de la prisión preventiva. Quieren agilidad en las causas, que se aplique la Constitución y que rija el principio de inocencia para aquellos presos sin sentencia firme”, explicó el penalista Gustavo Núñez, ex fiscal General adjunto de la Provincia.
Mientras que Claudio Juárez Centeno, coincidió que "la pandemia profundizó el abuso de la prisión preventiva" y sumó: "No tenemos posibilidad de solicitar el cese de la prisión de nuestros clientes, ni el recupero de su libertad o promover algún incidente que posibilite seguir el curso de la causa en libertad". frente a este panorama, señaló que "el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso un mecanismo de atención remota que permite el acceso limitado a los expedientes y la atención presencial es con turnos", pero advirtió que "ambos mecanismos son restrictivos para la libertad de ejercicio de defensa del imputado y por ende es restrictivo para la libertad del imputado”.
A fines de marzo pasado, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso la cuarentena preventiva y obligatoria, las cárceles eran lugares seguros y su población interna se encontraba a resguardo porque la única posibilidad de contagio sería a través de contactos externos como los propios guardias del SPC o los proveedores. Pero si a esos posibles vectores se los sometía a estudios preventivos, no había posibilidad de que el COVID-19 ingresara a las prisiones. Pero el sistema falló.
Por caso, la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en barrio Cáceres, en las afueras del macrocentro de la ciudad de Córdoba, es una cárcel para internos que cometen delitos menores o aquellos que son alojados transitoriamente allí hasta ser derivados a otros establecimientos penitenciarios como las cárceles de Bouwer; Río Cuarto, Villa María o Cruz del Eje. En la UCA se detectaron ocho casos de internos infectados con coronavirus, quienes fueron derivados al Hospital San Roque para su control y evolución.
Antes de ese monitoreo, desde la UCA fueron ingresados a Bouwer dos internos asintomáticos, quienes habrían producido el contagio a los otros presos ya alojados en la prisión del sur capitalino.
Con las visitas de familiares canceladas por prevención, los abogados y los familiares de los presos acusan que los propios guardias penitenciarios son los agentes vectores de contagio, además de los propios detenidos trasladados como ya ocurrió.
El caso más grave se da en el penal de Río Cuarto, la segunda ciudad en importancia de la provincia, a 220 kilómetros al sur de la Capital y que volvió a Fase 1 por la gran cantidad de contagios. En la cárcel riocuartense se detectaron 50 casos positivos de COVID-19 en un pabellón que aloja a 83 internos. Los presos afectados se encuentran en aislamiento, en buen estado de salud y con control médico permanente. De los 33 internos restantes, 16 dieron negativo y 17 aún esperan el resultado de los estudios.
También se detectaron dos menores contagiados con COVID-19 –son casos asintomáticos-, que se encuentran aislados en Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) del Complejo Esperanza, un centro penitenciario juvenil para menores de edad ubicado en el Camino a 60 Cuadras, en el sur de la Capital. En este centro juvenil el director de uno de los módulos dio positivo y su esposa que es médica, también. Desde que el funcionario supo del resultado positivo por COVID-19 no fue a trabajar, pero sí lo hizo en días anteriores.
Pese a que no hay información oficial, en la cárcel de Villa María –ciudad ubicada a 150 kilómetros al sudeste de la Capital- aparecieron los dos primeros casos de COVID-19. Los internos, que habían sido derivados desde Bouwer, están aislados. Lejos de atender la situación de los presos –el abuso de las prisiones preventivas y la cuestión sanitaria por el hacinamiento-, desde la Fiscalía General se dispuso que el fiscal Raúl Garzón investigue las protestas de los internos del penal de Bouwer.
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