Más de 2000 científicos denunciaron ante el BID la falta de ejecución de los presupuestos y los recortes sin precedente a la ciencia 

La comunidad científica denunció ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los recortes en la ejecución de fondos destinados a proyectos de investigación científica y tecnológica a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que era un organismo autárquico, pero en estos momentos se encuentra dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. 

“La denuncia es presentada por más de 2000 científicos afectados por estos recortes –afirma Martín Rumbo, investigador principal del Conicet en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, y docente de la Universidad Nacional de La Plata–. La Agencia I+D+i se financia en gran medida con préstamos del BID destinados a la promoción de la ciencia; sin embargo, en 2024 hubo una caída drástica en la transferencia de fondos a proyectos que estaban en ejecución, lo que afectó seriamente el funcionamiento del sistema científico. Este proceso, junto con los recortes en números de becas, nombramientos en carreras científicas y otras restricciones resultan en un fuerte achicamiento de un sector clave para el crecimiento del país”.

La iniciativa es promovida por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), que nuclea a directores de  unidades de investigación de todo el pais y viene siguiendo con gran precupación el ataque que está soportando el sector científico. La firman más de 2000 investigadores e investigadoras, entre los cuales figuran Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Diego Golombek, profesor e investigador de la Universidad de San Andrés y el Conicet, Juliana Cassataro, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la UBA e investigador superior del Conicet, Ana Belén Elgoyhen, investigadora superior del Conicet en el Instituto de Genética y Biología Molecular, Fernando Pitossi, investigador del Conicet en la Fundación Instituto Leloir, Guillermo Durán, decano de Exactas/UBA, y muchas de las personalidades más destacadas de la ciencia local.

El BID, como organismo financiador, tiene mecanismos para supervisar el destino de los fondos prestados a los países ya que, dado que son de aplicación especifica en el sector, no pueden usarse para otros fines.

Los proyectos fueron evaluados y están en ejecución desde hace varios años. “Para centenares de grupos de investigación, la línea de proyectos PICT es la única manera de financiarse y hoy se encuentra prácticamente suspendida –explica el inmunólogo Jorge Geffner, investigador del Conicet y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA, y uno de los coordinadores de la Raicyt–. Los proyectos aprobados en 2021 se pagan a cuentagotas sin aplicar la cláusula de ‘mejor presupuesto vigente’ (ajuste por inflación)… por lo tanto se recibe menos de la tercera parte de lo acordado originalmente. Los PICTs 2022, ya evaluados, que deberían haberse acreditado en los primeros meses de  2025, no fueron otorgados. Y la convocatoria 2023 sigue ‘abierta’ ya que su fecha de presentación fue prorrogada en seis ocasiones sucesivas. Esta línea PICT fue tradicionalmente financiada con fondos aportados por el BID. Teniendo en cuenta que está todo parado y que las autoridades no dan ninguna respuesta, decidimos acudir a la entidad financiadora, el BID, y presentamos una denuncia que, hasta el momento, fue apoyada por más de 2000 investigadores”.

Las consecuencias de esta suspensión del financiamiento, del congelamiento en los ingresos a la CIC del CONICET (hay 800 en espera de la convocatoria 2022 y en un mes se sumarán otros 800) y de los magros salarios del sector son la parálisis, el desmembramiento de grupos de investigación y el creciente éxodo de investigadores, subraya Geffner. 

Las personas denunciadas ante el BID son Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y Natalia Irene Avendaño, presidenta de la Agencia I+D+i.

Entre los hechos que la motivan, los científicos puntualizan que “A lo largo de los 14 meses de gestión transcurridos desde la asunción del actual gobierno nacional” se observan numerosas  irregularidades, todas ellas documentadas en sitios de acceso público. 

Por ejemplo, la Agencia I+D+i permaneció acéfala, sin presidente, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 14 de marzo de 2024. En abril de 2024 renunciaron la totalidad de los vocales del Directorio (https://intequi-unsl.conicet.gov.ar/renuncia-total-del-cuerpo-de-vocales-del-directorio-de-la-agencia-idi/) y hasta hoy no se designaron sus reemplazantes. Por lo tanto, carece de Directorio constituido, lo que afecta la supervisión y ejecución del préstamo [del BID] e impide la formalización de nuevas convocatorias y adjudicaciones.

Entre diciembre del 2022 y abril del 2023 permaneció abierta la convocatoria PICT 2022 (https://www.argentina.gob.ar/servicio/presentar-pict-2022), la evaluación se completó en diciembre del 2023, se aprobó la adjudicación de 1584 proyectos recomendados por las comisiones evaluadoras y los resultados fueron publicados en febrero de 2024 (https://web.archive.org/web/20240420152346/http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/513). Sin embargo, hasta hoy los proyectos no fueron adjudicados.

Más adelante, el documento al que tuvo acceso El Destape consigna: “No contamos con registro de ningún instrumento adjudicado por la Agencia I+D+i durante el ejercicio 2024, ya que el organismo no publicó ninguna resolución de proyectos adjudicados. A modo de comparación, se consignan más de 2000 adjudicaciones cada año, para los años 2021 y 2022 (https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/ueac-informes-y-publicaciones/adjudicaciones): 1893 del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt), 447 Fondo Tecnológico Argentino (Fontar), 42 del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), en 2022; y 1926 Foncyt, 177 Fontar, 30 Fonarsec, en 2021”.

Además, sigue, “según datos públicos de la Oficina Nacional del Presupuesto actualizados al 31 de diciembre de 2024 se observa lo siguiente: el presupuesto de la Agencia I+D+i vigente para 2023 y 2024 proveniente de financiamiento externo fue idéntico: 20.586,55 millones de pesos, pese a una inflación interanual mayor al 170%.

En este mismo ítem, el financiamiento vigente para el año 2025 es de 9.940,06 millones de pesos. Esto implica una reducción de más del 50%, que es mucho mayor si se considera la inflación interanual”.

Como conclusión, la Raicyt pide la “intervención inmediata para garantizar la normal ejecución de fondos”, la “revisión y auditoría externa de los desembolsos y su trazabilidad” y la “evaluación de sanciones por mal uso de los fondos otorgados bajo contrato”.

Y finaliza: “El desfinanciamiento de la ciencia no es una cuestión de política interna: es una violación de derechos humanos y de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el marco del derecho internacional”.