Fue un martes negro para la Justicia de Córdoba. La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, a pedido del fiscal Julio Rivero, absolvió a Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, por el crimen de su esposa, cometido la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006. El médico vivía en barrio Villa Golf y según la acusación del fiscal de Instrucción Luis Pizarro, quién elevó la causa a juicio en un dictamen de 192 fojas firmado el 23 de septiembre de 2019, había decidido asesinar a su esposa Nora Dalmasso cuando esta quiso divorciarse. La imputación contra el viudo, basada en indicios pero sin ninguna prueba, documento o testimonio en su contra, fue por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.
Siguiendo ese libreto, el fiscal de la Cámara Primera del Crimen, Julio Rivero, solicitó la absolución del viudo, sellando así 15 años de impunidad: “Realmente sería un acto de irresponsabilidad funcional, de oportunismo y de cobardía, sustentar una acusación en contra de Macarrón ni como autor material ni como cómplice primario o partícipe necesario o como coautor de homicidio por precio o promesa remuneratoria”, expuso el fiscal al justificar por qué no acusaba al imputado, consagrando la impunidad del homicidio que estremeció a Río Cuarto, Córdoba, y el país por sus implicancias políticas.
Técnicamente, el alegato del fiscal Rivero fue impecable, ya que respeta la regla básica del Derecho que dice, que ante la duda, debe beneficiarse al acusado, porque rige el principio de inocencia: “No solamente no se encuentra acreditado con el grado de certeza, sino que la probabilidad se acerca a la verdad, pero no la alcanza; es decir que esta situación ondulante, pendulante, oscilante, que eventualmente se llama duda, activa las derivaciones de la presunción de inocencia que es el indubio pro reo”.
Pero Rivero no se quedó solo en lo técnico, sino que le envió señales a los jerarcas del Poder Judicial de Córdoba, responsables de que el homicidio de Nora Dalmasso no fuera investigado y no se llegara a la verdad histórica: “El mejor Poder Judicial del país está en Córdoba”, aseguró el fiscal, aplaudiendo el sistema de jurados populares que funciona en esta provincia desde 2005 y debería ser modelo de transparencia a la hora de dictar Justicia.
Precisamente, el Manual Instructivo para Jurados Populares, establecido por la Ley Provincial 9.182 Poder Judicial de Córdoba, sostiene que “si el fiscal de Cámara, durante su alegato final, no mantiene la acusación y pide la absolución del imputado, el Tribunal no puede condenar, salvo que intervenga en el juicio el querellante particular y que este, en su alegato, haya pedido la condena”. Al evitar acusar al viudo, Rivero echó por la borda la participación popular a través de los ocho jurados legos, quienes no pudieron discernir si Macarrón era culpable o inocente, porqué él decidió por ellos: “¿Ha quedado debidamente acreditado entonces, con el grado de certeza que este estado de proceso requiere, que Marcelo Macarrón en acuerdo criminal con otra persona, que Pizarro nunca identificó, participó del homicidio de Nora Dalmasso, contratando a un sicario?. No”.
Revictimizar a la víctima
En septiembre de 2006, aproximadamente, cuando Nora Dalmasso estaba viva, se echó a correr el rumor de que la esposa del médico traumatólogo Marcelo Macarrón tenía un amorío extramatrimonial con Rafael Magnasco, un abogado y funcionario de tercera línea de la Secretaría de Seguridad que comandaba el también riocuartense Alberto Bertea.
Dos meses después, cuando Macarrón jugaba golf en Punta del Este con otros amigos de la Peña 36 y con el abogado y exfuncionario menemista y municipal Daniel Lacase –no pertenecía a la peña-, Nora fue hallada asesinada y desnuda con una soga de bata en su cuello: horas después, se instaló el rumor malicioso que la muerte fue producto de un juego sexual con Magnasco. Una operación que ya comenzaba a tomar vuelo.
El primer fiscal del caso, Javier Di Santo, imputó inmediatamente por sospecha leve a Magnasco; en febrero de 2007, junto al fiscal Fernado Moine y a Marcelo Hidalgo enviado desde Córdoba, los tres imputaron al pintor Gastón Zárate y en junio del mismo año al propio hijo de la víctima, Facundo Macarrón. Los forenses Virginia Ferreyra, Martín Subirachs y Guillermo Mazzuchelli y el bioquímico policial Daniel Zabala habían hecho un trabajo de campo en la escena del crimen que puso al viudo Marcelo Macarrón en el lugar en el mismo momento en que Nora era asesinada. Pero como había viajado a Punta del Este, lo salvó la coartada.
El FBI, que analizó las muestras de los peritos riocuartenses, les dio la razón: los rastros genéticos pertenecían a Marcelo Macarrón, aunque dijera haber estado en Uruguay ese fin de semana. Fue el cuarto fiscal de la causa, Daniel Miralles, quién en marzo de 2016 imputó al viudo como autor material del homicidio en base a los rastros genéticos. Los mismos rastros genéticos colectados por los forenses Ferreyra, Subirachs y Mazzuchelli y analizados por el bioquímico Zabala, que sirvieron para sobreseer a Facundo Macarrón. El viudo Macarrón llegó al juicio en libertad, porque en marzo de 2016 pagó una fianza de $3 millones.
Pero al fiscal Julio Rivero nada de eso le importó. Y durante las 39 audiencias del este juicio que comenzó el lunes 14 de marzo pasado, no hizo nada para torcer la pobre acusación del quinto fiscal de la causa, Luis Pizarro. Rivero se dedicó a cuestionar a sus predecesores, cuestionó a la Policía y puso en un pedestal a la Policía Judicial con base en Córdoba, que paradójicamente no encontró nada en los restos colectados en la cama y en el cuerpo de la víctima. El mismo fiscal que bastardeó en su alegato al bioquímico Daniel Zabala, tratándolo de “policía Zabala”, pero que en 2012 lo felicitó por haber resuelto científicamente un caso de violación en Río Cuarto, utilizando la misma metodología utilizada seis años antes para esclarecer el homicidio de Nora Dalmasso.
En su extenso alegato, el fiscal Rivero insinuó que la acusación del fiscal instructor Pizarro debió incluir a Daniel Lacase y su pareja de entonces Silvia Magallanes como autores intelectuales del homicidio de Nora, y que Macarrón ocupó el rol de partícipe necesario. Pero no torció la endeble acusación original a lo largo de tres meses de audiencia, cuando lo podría haber hecho y cambiado el curso del proceso judicial más importante de los últimos 15 años en la historia delictiva de Río Cuarto.
Cadena de complicidades
El alegato de Julio Rivero solicitando la absolución del viudo confirmó una cadena de complicidades urdidas desde que Nora Dalmasso estaba viva, hasta ayer: nadie explicó nunca por qué el jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, comisario mayor Sergio Comugnaro, fue sacado de la ciudad y enviado a Córdoba a tomar exámenes de ascensos el mismo lunes 27 de noviembre, menos de 24 horas después de que apareciera el cadáver de Nora. En su reemplazo llegaron los policías de Homicidios comandados por el jefe comisario Rafael Sosa, quienes se alojaron en el hotel Opera a cuenta de Daniel Lacase, vocero del viudo Macarrón. En esa causa, en 2008, el fiscal Rivero –era instructor- no acusó y absolvió a los policías acusados del delito de recepción de dádivas, por la “duda insuperable”. Lo mismo que hizo ahora como fiscal de Cámara con Macarrón.
“Si la Policía Judicial hubiera estado en Villa Golf a las siete de la tarde del mismo domingo, los asesinos de Nora estarían condenados”, batió el fiscal en su alegato, en una clara operación para desprestigiar el trabajo local. La Policía Judicial a través de sus peritos Nidia Modesti del CEPROCOR y el bioquímico Néstor Gutiérrez no pudieron determinar la presencia de semen, ni identificar los donantes del material genético, como lo hicieron los peritos de Río Cuarto y lo confirmó el FBI.
También le pegó un empellón al primer policía que llegó a la casa de Villa Golf, el agente Sergio Liendo, del destacamento de barrio Abilene: “No tenía experiencia en homicidios”, lo bastardeó Rivero. Quizá el fiscal olvidó que en todas las fuerzas de seguridad hay divisiones investigativas y una de esas divisiones se encarga de resolver homicidios. Liendo no tenía por qué saber resolver un crimen, no era su función.
La falta de abogado querellante también colaboró para lograr la impunidad, ya que un representante de la familia podría haber insistido en otra línea investigativa: querella y la fiscalía no necesariamente deben tener la misma línea acusatoria, como quedó demostrado en el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, finalizado días atrás en los Tribunales de Cruz del Eje.
En el caso de Nora Dalmasso, días antes de iniciar el juicio, los hermanos de la víctima, Juan y Susana Dalmasso y los hijos del viudo y de la víctima, Valentina y Facundo Macarrón, decidieron desistir de la querella, debido a que la única querellante, Delia “Nené” Grassi, tiene 93 años, sufrió un ACV que la mantiene postrada y con afasia.
En un principio, los padres de Nora, Enrique Dalmasso y su esposa “Nené” nombraron a Diego Estévez como su representante pero luego de una fallida participación, fue despedido. Los padres de Nora se enteraron que su abogado se había reunido con el agroempresario Miguel Rohrer. Los hijos de Nora, quienes nunca reclamaron Justicia por su madre, en el juicio le apuntaron la responsabilidad del asesinato a Rohrer, a quien algunos en los círculos de la alta sociedad riocuartense lo apodaban “Michel” o “El Francés”.
Las complicidades para asegurar impunidad también incluyen el paso del tiempo. El juicio oral y público se inició el 14 de marzo de este año, tres meses y medio después de que la causa por homicidio calificado contra el autor material había prescripto el 26 de noviembre del año pasado; pese a que el fiscal Pizarro la había elevado a juicio el 23 de septiembre de 2019, dos años y tres meses antes de que prescribiera ¿Quién ordenó freezar el juicio hasta que prescriba la causa para evitar juzgar al autor material?
Otra muestra de impunidad y Justicia clasista fue que el imputado Macarrón, acusado de haber ordenado asesinar a su esposa, durante todo el juicio estacionó su pick up VW Amarok en la playa de estacionamiento del Polo Judicial, un lugar exclusivo para funcionarios judiciales, lo que motivó la queja del juez Emilio Andruet; medida que fue avalada desde las autoridades judiciales de Río Cuarto. También, por orden de las máximas autoridades judiciales de Río Cuarto, se cortó el tránsito en la calle Corrientes, una de las laterales de los Tribunales, desde el lunes 14 de marzo, cuando se inició el juicio, medida que se mantuvo de lunes a domingo, no sólo los días de audiencia.
Este martes, cuando se cerró el juicio con la absolución de Marcelo Macarrón, llegaron a Polo Judicial de Río Cuarto un móvil de la División Explosivos y otro de la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba, como si se estuviera ante un peligro inminente de rescate de un delincuente de peso en las bandas criminales.
"Soy inocente", dijo el viudo tras escuchar el alegato del fiscal, exculpándolo de toda responsabilidad penal. La absolución de Macarrón no implica que el caso se haya resuelto, ya que luego de 15 años, no se sabe quién y por qué fue asesinada Nora Dalmasso la lluviosa madrugada del 25 de noviembre de 2006 en su chalé de barrio Villa Golf, en las afueras de Río Cuarto.
Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba, Luis Rubio, uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaró que “la demora en tramitar la causa y el Ministerio Público Fiscal favorecieron a que no se resuelva el crimen”, pasando por alto la íntima relación entre allegados al clan Macarrón, el defensor Marcelo Brito, policías y funcionarios judiciales con el poder político cordobés.
Dentro de un mes, el 5 de agosto, los jueces Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Echenique Esteve darán a conocer los fundamentos de la sentencia que selló la impunidad en el homicidio de Nora Dalmasso.
Cerrar sesión