El 7 de marzo de 2023 se inició el segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez, adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente y asesinada en Mar del Plata en octubre del 2016, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de dicha ciudad bonaerense. Los acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefaciente seguido de muerte en concurso ideal con femicidio” son Matías Farías (28) y Juan Pablo Offidani (47), ambos absueltos de dichos cargos en noviembre del 2018.
El vergonzoso fallo a favor de los imputados en el primer juicio, que se encuentran en prisión por el delito de “tenencia de drogas para ser vendidas a menores de edad”, fue apelado por la familia de Lucía y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió anularlo por “falta de perspectiva de género”, confirmando así la realización de un nuevo juicio oral.
A partir del inicio del segundo juicio, lo que buscó el fiscal Leandro Arévalo fue mostrar cómo ocurrieron los hechos -el suministrar droga con la finalidad de abusar sexualmente de la menor- y argumentar sobre por qué dichas acciones le provocaron la muerte a la joven que falleció “a razón de una asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar debido a una falla cardíaca”. Sobre esto, en la primera jornada, remarcó: “Existen claros signos de que dicho acceso carnal fue de un modo brusco y violento, sin contar con el consentimiento de aquella”.
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Farías fue señalado como el autor “penalmente responsable” mientras que sostienen que Offidani tiene una participación clave “de carácter secundario”. Luego de la presentación del caso y las hipótesis, declararon Marta Montero y Guillermo Pérez -padres de Lucía- y uno de sus hermanos. A su vez, a lo largo de la primera semana brindaron testimonio más de 25 testigos frente al Tribunal integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone.
Entre ellos figuraban dos oficiales de la policía bonaerense, un médico y un enfermero del centro de salud en el que fue atendida antes de su muerte. Todos ellos confirmaron que Lucía llegó “sin signos vitales” a la sala de salud de Mar del Plata y que uno de los acusados “la dejó tirada en la puerta y se desentendió” de lo sucedido. Por su parte, la efectiva de la bonaerense mostró una fotografía que le había sacado para tratar de identificarla y que no había exhibido en el primer proceso penal.
En la segunda semana del juicio, luego de finalizar la etapa de recepción de pruebas, testimonios y la inspección en el lugar del hecho, continuaron con los alegatos de la fiscalía, la querella y por último, los abogados defensores de los dos imputados.
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Alegatos y cierre del segundo juicio
El fiscal Arévalo, titular de la UFI 7, aseguró que el objetivo de Farías era “tener relaciones sexuales” con las menores a las cuales les suministraba estupefacientes, exigió a los magistrados la aplicación de una perspectiva de género para “reconocer la asimetría de poder” entre las partes y pidió disculpas en nombre de la Justicia por las falencias en el primer juicio.
Por otra parte, el fiscal pidió la pena de prisión perpetua para Farías, principal acusado de abusar sexualmente de Lucía, mientras que solicitó 20 años de cárcel para el presunto cómplice Offidani, argumentando que en el último debate quedó acreditada la responsabilidad de ambos por el delito del que se los acusa. Asimismo, sostuvo que "dicho abuso fue brusco y violento", de acuerdo a una serie de "lesiones constatadas en el cuerpo" de la adolescente.
La querella, por otro lado, representada por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, basó sus alegatos en la falta de consentimiento y perspectiva de género, buscando demostrar que Lucía fue víctima de abuso y de una muerte agravada. Para ambas, tanto Farías como Offidani deben ser condenados a la misma pena: prisión perpetua, ya que ambos hombres fueron indispensables para que el femicidio ocurriese.
Un día más tarde fue el turno del alegato de la defensa, que intentó poner en tela de juicio el asesinato y solicitó la absolución de los dos imputados. Además calificaron como “inconstitucional” el pedido de prisión perpetua ya que consideran que “no existió” el delito por el que se los acusa y que cumplir 50 años de encierro va “contra los derechos humanos”. Mientras que concluyen: “La Justicia cancela la venganza pero lo que aquí parece perseguirse es una condena emocional”. Por último Farías y Offidani se expresaron de manera virtual desde sus lugares de detención, asegurando que son inocentes.
"Entendemos que este Tribunal ha sido equitativo, ecuánime, respetuoso con todas las partes. Las decisiones no han sido arbitrarias. Observamos un cambio total con respecto al primer juicio", señalaron las dos abogadas. “La única manera de tenerlas y poseerlas como ellos hacen, es esa. Eso debe ser castigado con todo el peso de la ley, las dos personas fueron cómplices del hecho, debe haber una perpetua. Si la perpetua es la máxima, debe ser la máxima condena. Eso sería lo correcto para lo que hicieron con Lucía y espero que así sea”, concluyó su mamá Marta en diálogo con El Destape.
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