El próximo 31 de marzo vencerá el decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos. Ante esta situación, el Gobierno decidió implementar un protocolo para asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo.
Como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler. Por este motivo, se dispuso la suspensión de los desalojos.
A través de la Resolución 88/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.
Quiénes serán priorizados
El decreto remarcó que para la asistencia, se establecerán los criterios de priorización de las personas: se tendrá en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Cómo se llevará a cabo el protocolo
Desde el Gobierno consideran que es necesario contar con bases de datos confiables y actualizadas que coadyuven al desarrollo de las intervenciones necesarias para contribuir a la solución de problemas habitacionales en el marco de la presente resolución.
Para llevar a cabo el protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
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