Etiquetado: una ley clave en el momento justo

La ley de Etiquetado tiene como principal objetivo brindar la información nutricional de manera simple y rápida en los envases de alimentos y bebidas, sobre todo, de aquellos componentes críticos que pueden afectar la salud. El miércoles se tratará en el Senado

Este miércoles tuvo dictamen de comisión en el Senado el proyecto de ley de Etiquetado frontal de alimentos y va camino a tratarse en la Cámara Alta el próximo miércoles. Se trata de una iniciativa unificada (se presentaron 15 proyectos en total) impulsada principalmente por la senadora mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, pero que cuenta con el aval de distintos bloques.

Objetivos de la ley de Etiquetados

La ley tiene como principal objetivo brindar la información nutricional de manera simple y rápida en los envases de alimentos y bebidas para así advertir a lxs consumidorxs sobre aquello que se va a consumir. Principalmente, acerca de los componentes críticos que, en cantidades elevadas, afectan negativamente nuestra salud.

El proyecto busca, por un lado, el rotulado en forma de octógono de color negro sobre el frente de los envases, que deberá informar a los usuarios si el alimento contiene exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, promueve la alimentación saludable y establece que el Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del país.

“Lo que hoy tenemos como primera impresión es la publicidad. La idea es que esa publicidad sea intervenida en los casos en los que los productos tienen excesos de azúcar, grasas, sal, calorías, edulcorantes y/o cafeína con un sello negro que sea de fácil identificación y que les permita a las personas rechazar esos productos que son los que más problemas están trayendo a la salud”, aseguró la periodista Soledad Barruti.

Por su parte, la nutricionista y autora del libro Pese Lo Que Pese, Jesica Lavia, afirmó: “La mayoría de los comestibles procesados y ultraprocesados contienen cantidades elevadas de al menos un nutriente crítico, sino más. Este etiquetado octogonal deberá estar acompañado de políticas públicas de educación nutricional que contemplen no solo información nutricional y alimentaria para tener más y mejores recursos a la hora de elegir qué consumimos sino también educación nutricional con respecto a la imagen corporal, a los trastornos alimentarios, al bullying, etc”.

Argentina no sólo es un país rezagado en el debate de este tema, sino que se ha resistido en las negociaciones del Mercosur a las legislaciones de otros países como Uruguay y Brasil. “Argentina es un país atravesado en todas sus instancias por el lobby de la industria alimentaria”, añadió Barruti.

Otra de las claves del proyecto está en la publicidad dirigida a la población infantil. Existen alimentos ultraprocesados y muy poco saludables que contienen diseños que buscan ser atractivos para los niñxs. “Además, la ley contempla sumar al etiquetado de advertencias aquellos agregados que no son recomendables para el consumo en niños, como por ejemplo los edulcorantes”, detalló Lavia.

Sobre este punto, el senador Julio Cobos, otro de los impulsores de esta ley, argumentó que esta norma ayudará a abordar trastornos como, por ejemplo, el sobrepreso y la obesidad infantil. El senador mendocino no fue el único que mencionó este tema y, de alguna forma, se instaló que la norma apunta a una cuestión de peso y no al derecho de acceder una alimentación saludable.

Al respecto, Lavia sostuvo: “No entiendo la necesidad de justificar la ley hablando del sobrepeso y la obesidad. El daño del consumo frecuente de ultra procesados y de niveles elevados de grasas, azúcares, sodio, etc., aplica a todas las personas, más allá de nuestro peso. Es una ley que necesitamos todas las corporalidades”.

Barruti coincidió sobre este aspecto y resaltó “En Argentina podemos aprovechar que otros países de la región hace muchos años tienen estas leyes y tener una ley superadora que revierta el desastre de salud pública que sólo pareciera estar enfocado en la obesidad y en el sobrepeso. Es toda una sociedad, pero sobre todo los niños y niñas de nuestro país los que están siendo sometidos a un experimento que es el consumo cada vez más desaforado de comestibles que no son comida. Hay chicos con problemas cardiovasculares e hipertensión, sin importar su peso, y un montón de chicos a los que se los ve delgados y después el cuerpo les pasa factura a los 20 o 30 años. La situación es preocupante, así como el reduccionismo de algunos sectores que no vienen debatiendo esto y que lo toman como si fuera una ley solamente para la obesidad y el sobrepeso”.

Si bien la ley aún no se debatió en la Cámara, el lobby de las grandes empresas ya quedó a la vista a través de los argumentos por la negativa de las senadoras tucumanas Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez. Esta última, durante el debate en comisión dijo que con esta norma se estaba "demonizando" el azúcar.

“Claramente es una ley que económicamente no les conviene a muchos empresarios de la industria y se esperaba que pongan palos en la rueda, que se agarren de lo que sea para evitar que se apruebe. La realidad es que el consumo excesivo de azúcar no es saludable, y la mayoría de los comestibles del mercado tienen exceso de azúcar. Si la ley se aprueba, las empresas tienen dos caminos: vender menos o adaptarse a las nuevas reglas de mercado con la nueva demanda, que es una demanda hacia productos más saludables”, subrayó Lavia.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra también celebró el avance de este proyecto al que calificaron como “fundamental”.

“Lo que está en juego en torno a la alimentación tiene que ver con la disputa de sentido y material de concebir el alimento como un derecho o como cualquier otro producto del mercado. Detrás de esta segunda opción están las grandes empresas distribuidoras de alimentos. En las condiciones actuales, de grandes concentraciones económicas, esto termina siendo un gran negocio que se basa en bajar el costo de los productos. Esto puede ocurrir si se utilizan insumos de menor valor, insumos que permiten mejorar algún rendimiento generando que ese costo lo pague la salud. Cuando se agregan insumos por encima de lo permitido lo paga la salud humana porque estas decisiones están muy poco reguladas”, expresó Pablo Blank, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.

En ese sentido, Blank destacó las innumerables experiencias que existen por parte de las organizaciones de agricultura familiar y/o de economías regionales que producen alimentos y las pocas posibilidades que tienen de participar en los mercados concentrados de alimentos.

Por otra parte, señaló que “faltan escenarios reales” que permitan un acceso de la población más directa a esos alimentos. “Que esos alimentos de la agricultura familiar campesina y/o indígena lleguen a las instituciones públicas, a las escuelas, que se sostengan ferias de la agricultura familiar, la posibilidad de generar nuevas experiencias en el mercado virtual que permitan que la mercadería de las economías familiares sea accesible a la población”, explicó.

“La Pandemia pone en evidencia la crisis profunda ambiental, cultural, económica, civilizatoria que está atravesando la humanidad y la limitante que está teniendo el modelo de producción y consumo de alimentos que venimos desarrollando como humanidad. Es momento de preguntarnos profundamente qué estamos consumiendo, de dónde viene eso que consumimos, cómo se produce y sobre todo qué otras alternativas tenemos para poder acceder a un alimento saludable para cada uno pero también ambientalmente, culturalmente y que permita desarrollar en la diversidad cultural que tenemos en nuestro país y saludable socialmente”, concluyó.