Que el aborto sea legal significa autonomía y dignidad

A más de dos años del primer tratamiento legislativo por la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión política de abrir la posibilidad de que el derecho al aborto sea una realidad. Es que, al tratarse de un tema que involucra la justicia social y los derechos humanos, ¿puede el  Estado mirar hacia otro lado?

Los debates que tuvieron lugar en el Congreso de la Nación entre marzo y agosto de 2018, la gran marea verde revolucionando las calles y los quince años de estrategia y organización por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sirvieron para que nuestra sociedad deje de lado las hipocresías y comprenda que el derecho al aborto es, ante todo, una cuestión de salud pública.

No hay ningún otro debate que no sea el de la salud pública y el derecho de las mujeres y personas gestantes a poder elegir qué proyecto de vida quieren tener en un contexto cultural que hace que tengan menos posibilidades. No se promueve la práctica. Nadie está queriendo obligar a nadie a hacer algo que no quiera. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a practicarse abortos, pero la prohibición sí obliga a las personas que desean abortar a recurrir a prácticas sumamente peligrosas y clandestinas. Lo que estamos diciendo es que, así como cuando las mujeres decidimos ser madres el Estado nos acompaña, cuando decidimos no serlo también deberíamos contar con su presencia.

Según un cálculo realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos anuales. Esto significa entre 42 y 59 abortos por hora. El aborto es una práctica que atraviesa todas las clases sociales. Las personas con capacidad de gestar más ricas abortan y las más pobres también. Pero son las de menos recursos económicos y culturales quienes pagan con su cuerpo y con su vida las consecuencias de la clandestinidad.

No, el Estado no puede mirar para otro lado y debe responder con una política pública a esta situación. Quienes tienen la enorme responsabilidad de legislar no pueden seguir cavilando entre creencias religiosas y posturas personales. Las mujeres y personas gestantes del territorio argentino merecemos que esta vez el debate se aborde de una manera integral, sin lugar para dobles morales. Hoy en día el aborto ya está despenalizado socialmente y la lucha por su legalización y despenalización es transversal a los distintos feminismos de nuestro país.

Necesitamos representantes que estén a la altura del histórico momento que estamos atravesando: llegó el momento de comenzar a reparar. Que el aborto sea legal significa autonomía y dignidad, y es tarea del Estado y de un gobierno peronista garantizar igualdad de oportunidades para todos, todas y todes. Será ley.