El Gobierno nacional acelera los pasos para urbanizar barrios populares de todo el país. Este mes habrá dos novedades importantes en ese camino. Quedará conformado el fideicomiso exigido por ley para para administrar los recursos que se destinarán a la integración urbana de más de 4400 barrios. Y luego, además, se reabrirá el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizado entre 2016 y 2017.
La decisión política de profundizar en esa línea se da en un contexto de tensiones por las ocupaciones de tierras y desalojos con fuerzas de seguridad, que evidenció el déficit habitacional estructural que sufren millones de personas, panorama agravado de manera crítica por la crisis del coronavirus.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) estará constituido en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -por ley debe conformarse en un banco público- y cuenta con unos 8.000 millones de pesos obtenidos del Impuesto PAÍS, que se aplica a la compra de dólares para ahorro o compras del exterior. Un tercio será para la creación de lotes con servicios, y el resto para la urbanización de los barrios que ya fueron registrados.
El proceso de urbanización está en marcha, actualmente, en 46 barrios, apenas el 1 por ciento del total. El objetivo oficial es que sean 400 barrios por año, en un trabajo que llevaría, sin demoras, no menos de una década. Mientras tanto, en la urgencia, la conformación del fideicomiso libera esos fondos para incrementar la escala de obra.
El presupuesto del fondo podría incrementarse en caso de que se sancione la demorada ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas. “Si se aprueba la contribución de las grandes fortunas, el 15 por ciento de lo que se recaude va al Renabap. Nos daría la posibilidad de tener más recursos y aumentar la escala”, aseguró Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, a El Destape.
El presidente Alberto Fernández traspasó en octubre la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) del ministerio de al ministerio de Hábitat y Vivienda, a cargo de María Eugenia Bielsa, al de Desarrollo Social, luego de cuestionamientos internos y reclamos de las organizaciones sociales por la lentitud en la implementación del programa.
La SISU tendrá tres tipos de intervenciones: urbanización de los barrios; recuperación del espacio público; y mejoramiento de viviendas. Además de la creación de los lotes con servicios, donde se harán luego las viviendas, y no al revés como ocurrió hasta ahora en la mayoría de los casos.
La secretaría está a cargo de Fernanda Miño, una dirigenta con militancia en las organizaciones populares. Vive en Villa La Cava, en el municipio bonaerense de San Isidro, y conoce por su propia experiencia la realidad de esos barrios. “Tenemos los fondos y ahora creamos el fideicomiso. Tenemos que empezar a ejecutar y recuperar el tiempo perdido en estos meses de pandemia”, señala la funcionaria en diálogo con El Destape, y destaca que es necesario “recuperar la confianza y que en los barrios vean que el Estado trabaja”.
El Renabap detectó que más de 4 millones de personas viven en 4.416 barrios informales de todo el país. La Ley 27.453, aprobada en octubre de 2018 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, fue una conquista de los movimientos sociales. Declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro y suspendió los desalojos en esos barrios por cuatro años. Esto último es relevante para despejar el panorama de nuevos conflictos como el de Guernica, entre otros.
Además, las obras a realizarse en los barrios populares deberán adjudicarse según la ley, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas por los vecinos y vecinas de los barrios. De esta manera, además de generar trabajo local, se complementan los programas del ministerio al incorporar como trabajadores y trabajadores a quienes se encuentran incluidos en el Potenciar Trabajo, con el que desde el ministerio buscan reconvertir los planes sociales en trabajo genuino.
La urbanización tiene un impacto directo en la vida de las familias que viven en esos barrios, pero también modifica la dinámica de las ciudades y provincias donde se encuentran. Son recursos destinados a la construcción, que genera trabajo y moviliza dinero que reactiva el consumo y la economía local. Es por eso que ya varios gobernadores avisaron que quieren estar en la lista.
El primer convenio firmado en esta nueva etapa, desde que el programa está en Desarrollo Social, fue en Chaco. El gobernador Jorge Capitanich y Arroyo firmaron un acuerdo para avanzar en la integración de villas y asentamientos. En esa provincia hay 263 y más de 22 mil familias relevadas en esos lugares.
Ahora el Estado reabrirá el registro para inscribir a los asentamientos y villas que hayan surgido en los últimos tres años. No hay estimaciones informales de cuántos podrían ser, pero sí la seguridad de que es una misión urgente luego la crisis social generada por las políticas de exclusión durante el gobierno de Mauricio Macri y el impacto de la pandemia.
Desde el ministerio de Desarrollo Social aclararon que en el nuevo relevamiento se incluirán los barrios que tengan casas construidas, y no las ocupaciones de los últimos meses.
“En el relevamiento que hicimos en 2016 y 2017 quedaron barrios por fuera del registro, por las distancias, porque se hizo en poco tiempo. Y en estos dos años hubo otros que se conformaron. Por eso hay una necesidad enorme de resguardarlos, con todos los cuidados y criterios que tuvimos en cuenta”, explica Fernanda Miño.
Se considera “barrio popular” a los barrios vulnerables en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos, como red de agua corriente, de energía eléctrica o cloacal.
“La integración con servicios es el piso de dignidad, y también en poder tener el dominio de la tierra. Pero la integración no es tener solamente una casa y servicios, es tener una parada de colectivo cerca, una escuela o un jardín, un centro cultural, un centro de salud, asfalto, una vereda para estar tranquilos”, explica Miño.
Para evitar conflictos en el territorio, desde la secretaría explican que “la idea es llegar antes, no solamente que estén protegidos sino que podamos tener un marco de acción con la secretaría en la que tenemos como gran responsabilidad el abordaje integral de la integración”.
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