La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos instó al Gobierno argentino a dar explicaciones sobre los recortes y retrocesos en políticas de género y de acceso a la salud sexual y (no) reproductiva en Argentina. "El Estado negó la existencia de una regresión de derechos en el país", manifestaron ante la denuncia de diversas organizaciones que alertaron sobre el incumplimiento de leyes del orden nacional e internacional, y la consecuente puesta en jaque de los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.
La intimación por parte del organismo se dio durante el 191 período de sesiones que se llevó este jueves en Washington, Estados Unidos. La denuncia, en tanto, la llevaron adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional (AI), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), que solicitaron la audiencia para exponer evidencia sobre el retroceso en materia de derechos que comenzó durante el Gobierno de Javier Milei y la desinstitucionalización total de este tipo de políticas.
En ese sentido, detallaron eliminación de instancias y recortes de presupuesto y solicitaron que la Comisión pueda hacer una visita al país.
Las organizaciones difundieron un comunicado en el que la catalogaron como "histórica" porque el encuentro se convirtió "en un llamado urgente a la acción". Ello, sobre todo, luego de que en esta misma semana el Gobierno haya decidido votar -en total soledad- en contra de la protección de los derechos humanos de mujeres y diversidades en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).
En el comunicado que difundió la CIDH, en tanto, señalaron que "el Estado negó la existencia de una regresión de derechos en el país" e indicaron que se trataban de "cambios en la estructura de las instituciones gubernamentales y medidas financieras para recortar el gasto público", una mirada economicista que las autoridades de la CIDH no aceptaron, según dijeron las organizaciones.
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El Gobierno argentino también explicó las facultades de la Secretaría de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos para atender a mujeres víctimas de violencia.
Ante esas respuestas, la CIDH subrayó la necesidad de "identificar y nombrar las violencias que viven mujeres, niñas y adolescentes, producto de una situación de vulneración histórica", también solicitó información ampliada sobre el enfoque actual de las políticas de protección a víctimas de violencia y enfatizó en "la obligación del Estado de proteger a niñas de la violencia sexual", apuntaron.
En la audiencia, las organizaciones aportaron datos duros a una situación que catalogaron de "alarmante". "Sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia", precisaron.
Mientras que en lo que refiere a salud sexual y (no) reproductiva, la directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, Lucila Galkin, apuntó al desmantelamiento para el acceso a estos derechos. Dijo que por primera vez. desde 2002, "el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad”. Esa política, hasta ahora, estaba en manos del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional.
Desde Fundeps y desde el CELS, en tanto, hicieron énfasis en la contraposición de las actuales políticas del Gobierno con los tratados y principios internacionales y que, además, podría significar un precedente para otros países de la región. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, sentenció Juliana Miranda del Centro de Estudios Legales y Sociales.
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