Eva Analía de Jesús, conocida como Higui, estuvo 9 meses detenida por matar a un hombre cuando se defendía de un intento de violación grupal. Finalmente, fue absuelta. Ivana Rosales sufrió un intento de femicidio por parte de Mario Garoglio, su pareja. Él fue condenado pero se fugó y mientras ella se recuperaba en el hospital abusó de sus hijas. Una de ellas, Mayka, se suicidó; Ivana murió en 2017 por las secuelas del ataque y sin una reparación por la revictimización que sufrió por parte del Poder Judicial; su otra hija, Abril, siguió con los reclamos de su madre y logró que el Estado le pidiera perdón. Tarde. A Lucía Pérez la violaron y mataron en 2016 en Mar del Plata, pero los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Urso condenaron a dos de los tres acusados por tenencia de drogas y los absolvieron por femicidio y abuso sexual. Dijeron que Lucía se puso en riesgo al consumir drogas con ellos. El juicio finalmente fue anulado. Olga Díaz fue apuñalada por su marido, a quien había denunciado por violencia reiteradas veces pero sin lograr ninguna medida judicial de protección. El Estado tuvo que reconocer su responsabilidad por más de 15 años sin respuestas. El juez Rodolfo Mangarini fue destituido luego de que le otorgara libertad condicional a un denunciado por abuso sexual con el argumento de que usó preservativo. Los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi Anzoátegui calificaron como "sicarios" y "asesinos a sueldo" a los médicos que hicieron una interrupción legal de embarazo a una niña violada por su hermanastro y en un reciente fallo se opusieron a aplicar la “ideología de género” en un caso de femicidio. Micaela García tenía 21 años cuando fue víctima de femicidio en 2017. La mató Sebastián Wagner, condenado previamente a 9 años de cárcel por 2 casos de abuso sexual pero que estaba en libertad condicional. Hoy, 3 de junio, Milagro Sala cumple 2330 días de presa política.
Estos casos son apenas una muestra. Son los que tuvieron repercusión mediática y aún así conforman un vademecum de las situaciones que atraviesan mujeres, mujeres trans y travestis en el Poder Judicial.
A 7 años de la primera movilización del "Ni una menos" el poder más arcaico, patriarcal, autoritario y sin control apenas tuvo cambios. El silencio es regla y la complicidad con la violencia machista es ley. Los jueces y fiscales no incorporan los agravantes de violencia y odio de género en las causas de femicidios y transfemicidios, las juezas y fiscalas son minoría en los tribunales y casi ausentes en las jerarquías más altas, las capacitaciones de la Ley Micaela aún están incompletas y hay un femicidio cada 35 horas.
"La demanda específica por una Reforma Judicial Feminista -o con perspectiva de género- se fue definiendo con mayor claridad en estos últimos tiempos. Es importante distinguir que la justicia va más allá del Poder Judicial y debe estar presente en todas las instituciones y en todas las áreas de la vida. En lo que respecta al Poder Judicial, decididamente podemos decir que como institución está, en muchos casos, por detrás de la agenda de género y de los derechos conquistados", plantea Vilma Ibarra, actualmente a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación pero que tuvo mucho que ver con el trabajo legislativo para lograr la sanción de las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario.
“La agenda del Ni una menos se ha ido actualizando y profundizando durante estos 7 años. Concentrada en el Poder Judicial, podría sintetizarlo con un interesante pasaje de pensar un Poder Judicial con perspectiva de género a una Reforma Judicial feminista que encierra una agenda más compleja, rupturista y crítica del Poder Judicial actual, absolutamente patriarcal, verticalista, elitista, conservador y con lógicas muy poco democráticas”, plantea por otro lado Marisa Herrera, abogada y docente universitaria.
Es evidente que la violencia de género excede al Poder Judicial. Que un componente importante de esa violencia es la desigualdad cotidiana tanto económica como cultural. Pero es también evidente que el Poder Judicial es un nicho de resistencia frente a los cambios que impulsa el feminismo. Las historias y los datos lo confirman.
Cosa de hombres
“Al hablar de género no estamos en presencia de un colectivo minoritario, sino que las mujeres (niñas, jóvenes y adultas) conformamos la mayoría de nuestra sociedad como lo demuestra el censo reciente. De manera que cuando se discrimina, menoscaba, vulnera los derechos de género se incumple con los derechos de más de la mitad del cuerpo social y las bases mismas del sistema democrático”, plantea la jueza Ana María Figueroa, consultada por El Destape. La jueza Figueroa es una de las pocas mujeres en las altas jerarquías judiciales del país. Integra la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país. Allí sólo hay 2 mujeres (ella y Ángela Ledesma) entre 12 jueces.
El 8 de marzo de 2021, el día de la Mujer Trabajadora, Figueroa y Ledesma recibieron un mensaje en el grupo de Whatsapp de la Cámara de Casación. Era del juez Juan Carlos Gemignani y decía: “Feliz día para todas!!! Especialmente para las delincuentes!!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas!!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia!!! Gran abrazo!!!! Hasta que la igualdad no sea solo relato!!!”. Tanto la jueza Ledesma como otro integrante del tribunal, Alejandro Slokar, pidieron intervención del entonces presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos. Pero no hizo nada.
Gemignani tiene un largo prontuario de violencia de género, incluida la detención de Maria Amelia Expucci, secretaria del tribunal, por negarse a cumplir una orden suya. Fue denunciado en el Consejo de la Magistratura al igual que Hornos y Mariano Borinsky, estos últimos por sus reiteradas reuniones con Mauricio Macri en la quinta de Olivos. En el Consejo daban por hecho que no se investigaría a Hornos y Borinsky pero que el caso de Gemignani, al tratarse de violencia de género, sí avanzaría ya que es una cuestión sensible y transversal a todas las fuerzas políticas. Pero los tres siguen en sus cargos. En el Consejo de la Magistratura de 13 miembros había apenas 30% de mujeres. Hoy, tras su toma por asalto por la Corte, trepó al 40%, aún en minoría.
Que haya más mujeres en cargos de relevancia en el Poder Judicial no es garantía de que desaparezcan las prácticas patriarcales ya que tienen que tener además perspectiva de género. Pero que los hombres tengan absoluta primacía en los estamentos jerárquicos de los tribunales seguro que no mejorará la situación.
En todo el país, tanto entre juzgados como en fiscalías, se repite el mismo esquema: mayoría de varones en las altas esferas, mayoría de mujeres entre el funcionariado judicial. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema elabora desde 2010 un mapa de género en la Justicia. También incluye al Ministerio Público Fiscal, que no está bajo su órbita pero ni esa independencia de poderes respetan. La conclusión es que en una década ha variado poco y nada el “techo de cristal” en los tribunales, y en algunos casos hasta empeoró.
“Hay un déficit muy grande en la integración del sistema de administración de justicia en donde hay una subrepresentación de mujeres y nula representación de LGBTI+. En consecuencia, hay déficit en los procesos históricos de selección de magistrados y magistradas que efectivamente terminan promoviendo más funcionarios varones”, afirma la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. Los números le dan la razón.
La Corte Suprema la integran cuatro varones. "Eso es un claro ejemplo del estado de situación respecto de la perspectiva de género", afirma Vilma Ibarra. Tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco quedó vacante la conducción de la Oficina de la Mujer. Al Gobierno ya se le venció el plazo para proponer una candidata a la Corte, que debe ser mujer y con perspectiva de género. No la anuncia porque sostiene que no tiene los votos en el Senado para designarla. En su línea de no dar batallas que cree que no puede ganar, el presidente Alberto Fernández resigna dar un mensaje de qué perfil quiere para la mujer que integre la Corte.
En 2010, a nivel país, el 55% del total del personal judicial eran mujeres, pero ya entonces se notaba una relación inversa en las máximas autoridades. En la Corte eran el 43% y en la Procuración, el 48%. En los juzgados el porcentaje de mujeres bajaba hasta el 29% y en las fiscalías al 26%.
En 2021, último mapa de género disponible, la cosa no cambió mucho y revela la persistencia del “techo de cristal”, ese límite concreto para el acceso de mujeres a cargos de mayor jerarquía.
Sobre el total del personal judicial las mujeres pasaron del 55 al 57%. Pero el número baja al 31% en promedio cuando se toma los cargos de jueces, fiscales y defensores. En la Corte involucionó: en 2011 había dos mujeres entre siete (28%) y ahora hay cero. Las mujeres sí son mayoría en el funcionariado y el personal administrativo, con el 61%.
Entre 2011 y 2021, la brecha entre mujeres y varones en los cargos de jueces y fiscales se achicó 6%. Era de 61% a 39% y ahora de 55% a 45%. Pero en el detalle la cuestión cambia.
No obstante, en el mismo período apenas se modificó la cantidad de mujeres con cargo de camarista, más alto que el de juez. La relación entre hombres y mujeres era 76% a 24% en 2011 y ahora es de 75% y 25%. En las las jurisdicciones de General Roca, La Plata y Mar del Plata no hay ninguna mujer jueza ni camarista; hay apenas una en las de Rosario (8%), Bahía Blanca (9%) y Tucumán (12,5%). De jueces en general, incluyendo camaristas, de tribunal y de primera instancia, la relación tampoco varió. En 2011 era 70% hombres y 30% mujeres y en 2021 de 69% hombres y 31% mujeres. Y esto es clave: en un sistema judicial que aún gira en torno al juez la ausencia de mujeres en esos cargos se vuelve fundamental.
En la Procuración se pasó de Alejandra Gils Carbó, la primera mujer en ocupar el cargo, al interino Eduardo Casal, secundado por Juan Olima Espel y Juan Casasnovas, que tuvo una causa por violencia de género contra su ex mujer. Entre los 265 procuradores y fiscales hay apenas 75 mujeres, el 28%. En 2011 era del 26%, apenas se movió. En la Defensoría General la cabeza es una mujer, Stella Maris Martínez, pero de los 202 defensores apenas 79 son mujeres, el 39%. En 2011 eran el 43%, involucionó.
La falta de juezas, fiscales y defensoras tiene varias causas. Una son los concursos, que durante años no tuvieron en cuenta la paridad de género. Pero hay otro escollo, y es que aún si se envían ternas con mujeres al Poder Ejecutivo luego puede ser designado un hombre. No hay legislación vigente para promover la paridad de género, solo intenciones. Y con eso es claro que no basta.
A nivel de las Cortes provinciales el promedio de mujeres es del 33%. Pero hay provincias como Corrientes, Formosa, la Rioja y Chubut donde no hay mujeres en sus máximas instancias. Entre 2011 y 2021 el porcentaje de mujeres en las cortes provinciales pasó del 21% al 33%. En el total las juezas pasaron del 39% al 45% en las provincias.
No hay ninguna mujer como jefa de los fiscales en ninguna provincia. Entre todos los cargos de fiscales provinciales, el 41% son mujeres. En los Consejos de la Magistratura, los organismos que seleccionan y sancionan jueces tanto de Nación como provinciales, apenas el 35% de sus integrantes son mujeres.
Consultada por El Destape, la abogada Marisa Herrera reflexionó: “No se trata solo de denunciar el conocido techo y laberinto de cristal, de alcanzar la paridad de género como una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa; que en lugares de decisión haya más mujeres e identidades no hegemónicas feministas, con una formación, concepción y militancia -en lo más profundo del término, de la lucha por las ideas- diferente, opuesta a los perfiles clásicos que son los que siguen primando en el Poder Judicial y que no han demostrado ninguna vocación transformadora, todo lo contrario”.
Ley Micaela
El femicidio de Micaela García no terminó con la condena a cadena perpetua a Sebastián Wagner. Generó un debate que culminó en enero de 2019, cuando fue promulgada la ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todos los empleados públicos de los 3 poderes. La ley establece que el Ministerio de Mujeres capacitará a las máximas autoridades del Congreso, del Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema, y que luego cada poder tiene que implementar las capacitaciones hacia abajo con una certificación del mismo Ministerio de Mujeres.
La Corte Suprema, sin embargo, se negó a cumplir la ley. Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda firmaron una acordada donde dijeron que se habían capacitado a través de la Oficina de la Mujer de la propia Corte y rechazaron la citación de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Eso viola el artículo 6 de la ley Micaela. Gómez Alcorta les contestó enseguida, les reiteró la invitación y detalló que estaban violando la ley. Nunca le contestaron.
Para la ministra Gómez Alcorta, consultada por El Destape, la actitud de la Corte es “una mala señal hacia el resto de los poderes judiciales” que además aún no tomaron “la agenda vinculada a las violencias por motivos de género ni a las desigualdades de género hacia adentro de este ámbito”.
La Secretaria Legal y Técnica Ibarra explica que "existen fallos que dan cuenta del desfasaje de ciertos actores del Poder Judicial respecto de los derechos de las mujeres y las diversidades; por ejemplo el caso de la niña de 11 años que en Tucumán fue obligada a parir y cuyos ginecólogos -quienes le practicaron una cesárea- fueron acusados de homicidio; el caso de Miranda Ruiz, presa en Salta por haber practicado una I.V.E. en el marco de la Ley 27610 y las muchas mujeres que fueron presas por urgencias obstétricas, algo que desde ya no es delito". Y agrega que "necesitamos un compromiso pleno de las máximas autoridades judiciales, de fiscales y defensores, de los Consejos de la Magistratura, nacional y provinciales, y de los poderes ejecutivos, cuando promueven designaciones, para impulsar estos cambios".
Así las cosas, la Corte hizo (como sí marca la ley) una capacitación que fue certificada por el Ministerio de Mujeres en junio de 2021. Reportaron 27.091 personas capacitadas, el 26% del total de los funcionarios judiciales.
En el caso de los fiscales, el Ministerio Público también certificó su capacitación en agosto de 2021 e informaron 3.325 personas capacitadas, el 66,5% del total. El Ministerio Público de la Defensa capacitó a 389 personas, el 23% del total, pero hace 10 años que cuenta con una capacitación propia por la que pasaron 6.536 personas. El Consejo de la Magistratura no presentó un informe de avance en las capacitaciones de la Ley Micaela.
Registros
Otra cuestión en el Poder Judicial es el tratamiento de los femicidios en el expediente. La falta de perspectiva de género en muchas investigaciones hace que un porcentaje de casos queden por fuera de los radares, tanto en las sentencias como en los registros.
No es solo un problema de registro, sino que todavía muchos jueces y fiscales no incorporan la figura del femicidio al investigar e incluso condenar homicidios de mujeres que entran en esa categoría. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), creada por la ex procurador Gils Carbó a los pocos días de la primera movilización de "Ni una menos", hizo un relevamiento de muertes violentas de mujeres cis, trans y travestis en CABA entre 2015 y 2020. Encontró 133 casos de los cuales catalogó 82 (el 62%) como femicidios o transfemicidios. Sin embargo, dice el informe de UFEM, apenas “el 53,4% de los femicidios, transfemicidios/travesticidios categorizados como tales por UFEM para el período 2015-2020 fueron calificados con el agravante específico de género en las sentencias judiciales”. En síntesis: en el 46,6% de los casos los jueces no condenan a los femicidios como femicidios; no ven los elementos de género en esos crímenes. Y entonces quedan afuera de las estadísticas.
El último informe de femicidios de la Corte es de 2021. Muestra 231 femicidios, el número más bajo de los últimos 5 años. Pero la Corte no revisa todos los casos de homicidios dolosos de mujeres cis, trans y travestis sino que tiene un filtro en cada provincia que determina cuáles de ellos son femicidios y cuáles son muertes violentas de mujeres sin motivos de género. Solo esos entran en la estadística. El informe 2021 detalla que fueron asesinadas 226 mujeres cis y 5 mujeres trans/travestis. Las víctimas tenían 182 niños o adolescentes a cargo. En 19 casos la víctima era niña o adolescente. En el 62% de los casos el asesino era la pareja o ex pareja y en el 88% la víctima conocía al hombre. Al menos en 42 casos la víctima había denunciado al hombre y 22 tenían medidas de protección vigentes.
El 10% de las víctimas de femicidio tenían medidas de protección vigentes. Algo no funcionó.
Trans y travesticidios
Pasaron 10 años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género y de la modificación del Código Penal para incluir la categoría de femicidios y crímenes por odio de género. La ministra Gómez Alcorta plantea que “hay que modificar los procesos judiciales que están pensados centralmente para otro tipo de hechos que no son las violencias por motivos de género”. Vilma Ibarra sostiene que "hay que comprender que cuando hablamos de reforma judicial feminista no se trata de generar mecanismos de control y persecución sino de que se cumplan efectivamente las leyes y los tratados internacionales vigentes. No es posible que leyes como la de Identidad de Género, que ya tiene 10 años, no sean respetadas en sus fallos por determinados juzgados".
Un relevamiento de la UFEM encontró apenas 12 sentencias condenatorias en casos de asesinatos de mujeres trans y travestis entre 2015 y 2021. Un dato importante es que en apenas la mitad de las sentencias se utilizaron los agravantes de género que marca el artículo 80 del Código Penal. Y sólo en una se aplicaron 3 agravantes concurrentes, el vínculo, odio y violencia de género. En los demás fueron condenados por el vínculo, como homicidio simple (se considera que mataron a un hombre), por alevosía o en ocasión de robo.
“El bajo nivel de significación jurídico-penal con perspectiva de género en estas condenas, lejos de ser un nudo problemático exclusivo de la instancia de enjuiciamiento, da cuenta de un proceso quese inicia en la etapa de investigación, donde la instrucción fiscal no siempre parte de la posible existencia de estos motivos como línea de investigación, en especial en la actividad de construcción y valoración probatoria. La acusación fiscal tampoco incluyó, en su pedido, calificaciones específicas de género en 5 de las 6 sentencias que concluyeron sin agravantes de esa naturaleza (aunque utilizaron otros agravantes como alevosía y ensañamiento, vínculo de pareja, etc.)”, explica el informe de UFEM.
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