El camarista Martín “Doctrina” Irurzun anuló el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli que había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, un expediente de alto volumen político que se quiere direccionar contra el kirchnerismo. Stornelli, antes de intervenir en la causa por la excusación de su coelga Gerardo Pollicita, había pedido ser querellante por ser uno de los espiados por el sargento retirado.
Según Irurzun “el fallo se apoyó en fundamentos aparentes y carece de sustento normativo; es, por ende, nulo”. De esta forma validó la intervención de Stornelli en la causa a pesar de que poco tiempo atrás había pedido ser querellante, lo que evidencia un interés particular en la causa. Según el camarista porteño, que actuó de manera unipersonal, “la decisión –que implica definir de forma oficiosa que pese a ser designado reglamentariamente, el fiscal no puede ejercer la representación del órgano independiente que integra (art. 120, CN) y que constituye una de las partes del proceso- carece de motivación legal en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación” por eso “debe ser anulada”.
Irurzun es el creador de la doctrina que reinó durante el macrismo según la que cualquier dirigente kirchnerista que hubiere ocupado un alto cargo en el gobierno y estuviere acusado podía ser apresado porque podía obstruir investigaciones en curso. Esto habilitó una cacería judicial durante el macrismo. Irurzun y Stornelli son dos figuras del Lawfare que este jueves volvieron a demostrar el poder que ostentan en Comodoro Py.
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El apartamiento revocado
El último martes, el juez Martínez de Giorgi había decidido correr a Stornelli del caso que hace foco en el expolicía Zanchetta porque antes de ser designado como acusador público en ese expediente se había presentado como pretenso querellante. El magistrado señaló que “el rol de querellante pretendido por el Dr. Stornelli resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación como fiscal en concreto en esta causa”. Stornelli consideraba que había sido víctima del sargento retirado. Según confirmó El Destape, efectivamente existe un informe de Zanchetta sobre el fiscal con datos sobre su familia –su pareja e hijos-, sus bienes y notas publicadas por el expolicía en distintos portales que lo tuvieron por protagonista. Es evidente que hay un interés particular de Stornelli en el proceso.
Para decretar su apartamiento, Martínez de Giorgi explicó que Stornelli tuvo acceso al material que da cuenta del presunto espionaje en su contra el lunes –ya siendo fiscal del caso- y “sin efectuar mención alguna respecto al interés particular primeramente invocado, solicitó conocer la totalidad del contenido de los dispositivos secuestrados, en ejercicio de su función de representante del Ministerio Público, en reemplazo del Dr. Pollicita”. Es decir, a pesar de tener un interés personal en el caso Stornelli intentó avanzar con su rol de fiscal en la misma causa.
Además, como publicó El Destape, un planteo que realizó Stornelli a finales de octubre en la causa Operación Puf es otra evidencia de que debe apartarse de este expediente de alto impacto político en el que fue designado como acusador público en los últimos días luego de que su colega Gerardo Pollicita se excusara. En aquel caso, que armó la AFI macrista y lo tiene por querellante, pidió que se sume el material producido por Zanchetta contra su persona.
El mismo martes, Stornelli apeló el apartamiento decretado por Martínez de Giorgi, al que definió como arbitrario. El fiscal dijo que el juez “exhibe una palpable parcialidad, a la vez de una determinación totalmente invasiva de la autonomía del Ministerio Público Fiscal”. Stornelli aseguró que su objetividad no está en duda. Y dijo que su apartamiento “reviste una extrema gravedad institucional, pues avasalla –quizás como nunca antes se vio- la autonomía del Ministerio Público Fiscal, erigiéndose el juez en una suerte de alzada o superintendencia de los magistrados fiscales, decidiendo, por un imperio que se atribuyó pero que no existe, cuál es el fiscal que debe representar al órgano acusador, y cuál no”.
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El incidente escaló a la Cámara Federal porteña. Y allí intervino Irurzun, quien le dio la razón al fiscal.
En su resolución de 4 páginas, Irurzun repasó el incidente. Recordó que “el Tribunal hizo notar el avance sostenido de la instrucción, apoyado en especial en la intensa actividad investigativa de la fiscalía que intervenía, representada por el Dr. Gerardo Pollicita” y que “ el 28 de noviembre de 2023 el juez aceptó la conexidad de los expedientes n° CFP 4/23 y CFP 4540/22 con este proceso. Frente a ello, el mencionado agente se excusó, sobre la base del involucramiento de Rodolfo Tailhade en el objeto de las maniobras denunciadas, situación que lo obligaba –al igual que lo hiciera en otros sumarios- a inhibirse”. Fue luego de este acto que el Fiscal General ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe designó a Stornelli, “quien ya era el fiscal de las causas cuya conexidad había aceptado el magistrado”.
Entre otras cuestiones, Stornelli sostuvo en su apelación que no fue aceptado como querellante como si la sutil diferencia entre haber pedido ser parte interesada y habérsele confirmado esa solicitud fueradeterminante para poder ser fiscal del caso. La lógica indica que ya el haber pretendido ser querellante lo muestra como parte interesada del proceso. A lo que se suma que aún puede ser aceptado como querellante porque el juez aún no resolvió si lo acepta o no en esa calidad. Para el fiscal el no haber sido aceptado todavía vuelve “abstracto” ese argumento. Y entre otras cuestiones, resaltó que su planteo surgió de una nota periodística (que publicó el periodista Daniel Santoro en Clarín, con quien Stornelli estuvo procesado en el Caso D’Alessio). Irurzun apoyó esa postura. Se sabe, en Comodoro Py reina el Derecho creativo.
De acuerdo a Irurzun, el pedido de ser querellante que hizo Stornelli “se adoptó con fundamento en una presentación que –en forma manifiesta- se realizó sobre la base de ‘informaciones periodísticas’, en desconocimiento de ‘los motivos y la prueba’ y –como alegó el recurrente- sin expresión de razones en los términos del art. 83 del CPPN, en función de ‘la incertidumbre sobre los hechos’”. “Esa situación –agregó Irurzun-, por cierto, quedó patentizada por lo actuado por el propio juez, que no proveyó el escrito en su momento (considerando insuficiente la mera mención del fiscal –y del resto- en el informe de la DAJUDECO) y peticionó a la dependencia que le remitiera los archivos en que figurara (Stornelli). Una vez que se obtuvieron y los pudo confrontar, el agente del Ministerio Público manifestó que ‘no me considero incurso en ninguna de las causales objetivas de excusación y recusación contempladas en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni tampoco se halla afectado mi ánimo actual o mi capacidad de cumplir con objetividad mi rol en estos autos’”.
“Así las cosas, lo relatado expone con claridad que la decisión –que implica definir de forma oficiosa que pese a ser designado reglamentariamente, el fiscal no puede ejercer la representación del órgano independiente que integra (art. 120, CN) y que constituye una de las partes del proceso- carece de motivación legal en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación”, concluyó Irurzun y anuló el apartamiento de Stornelli.
Un dato relevante: en sus cuestionamientos a Martínez de Giorgi, Stornelli dijo que el juez aparece mencionado en archivos de Zanchetta. Aunque agregó que no tenía precisiones sobre cuáles eran las referencias al magistrado. Allí hay un punto destacable. No para que Stornelli siga en el caso sino para que se determine si Martínez de Giorgi debe seguir al frente del expediente. Según pudo reconstruir El Destape, Zanchetta elaboró 1.193 informes sobre dirigentes políticos, jueces, empresarios y otras víctimas. Uno de esos informes es el de Stornelli. Es decir: todo indica que puede ser considerado una víctima en este proceso. Fuentes judiciales aseguran que no hay informes sobre Martínez de Giorgi. Aunque sí está mencionado en algunos archivos, lo mismo que casi la inmensa mayoría de los integrantes de Comodoro Py. Sin ir más lejos, el propio Irurzun está nombrado y lo reconoció en la resolución de este jueves. Según cómo se interprete esa cuestión, la imparcialidad de los jueces intervinientes en esta causa puede ser analizada. Stornelli le había dicho a Martínez de Giorgi que “debería ser, en todo caso, Vuestra Señoría quien se inhiba, eventualmente, de entender en este proceso” por estar mencionado. ¿Pensará lo mismo con respecto a Irurzun, que le revocó el apartamiento?
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El caso
El espionaje masivo adjudicado a Zanchetta surgió de la causa en que se investiga un presunto espionaje a un grupo de jueces, entre los que se encuentran ministros de la Corte Suprema como el presidente supremo Horacio Rosatti y jueces de Casación y de tribunales de juicio como Mariano Borinsky o Andrés Basso, entre otros. En el marco de ese expediente, Martínez de Giorgi detuvo al expolicía Zanchetta y al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro.
A la hora de analizar los dispositivos electrónicos y telefónicos de Zanchetta, el fiscal Gerardo Pollicita dio cuenta de que había algo más que una maniobra contra jueces. Para el fiscal había una red de espionaje ilegal mucho más grande. Zanchetta tenía más de mil informes con información sobre dirigentes políticos, empresarios, deportistas, periodistas y jueces, tomadas de distintas bases de datos y mantenía contacto con tres agentes de la AFI que cumplieron funciones en La Casa desde 1987 a 2017; de 2002 a 2020; y de 1991 a 2016. Es decir, tres agentes históricos, quienes le pedían información por mail sobre diversos “objetivos”.
Pollicita también apuntó al exintegrante de la AFIP e histórico referente en cuestiones de medios de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez por un hecho puntual que lo vincula a Zanchetta y tuvo por víctima a Victoria Tolosa Paz. Llegó a pedir su detención lo que fue rechazado por Martínez de Giorgi.
Según pudo saber este medio, el expolicía, por ejemplo, también se vinculaba con periodistas de Clarín. Y en 2010, siendo policía, escribía notas en contra del kirchernismo para el Informador Público con pseudónimo. Lo que evidencia la amplitud “temática” del acusado.
Desde el entorno legal de Zanchetta rechazan la denuncia en su contra, dicen que los informes que hay en su computadora son producto de su trabajo como periodista y que no tiene ninguna relación con el hacker misionero. Dicen que no lo conoce.
Por lo pronto, Pollicita dejó el caso que involucra a Zanchetta luego de que se anexara a la causa principal un expediente abierto por una denuncia del exministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro contra Tailhade que tramitaba en otro juzgado por el “hackeo” de su celular. Pollicita se excusó porque lo hace en toda causa en que aparece involucrado el diputado kirchnerista ya que considera que Tailhade tiene animosidad en su contra y eso le hace perder su objetividad. Así fue que Stornelli pasó a sucederlo, que fue quien imputó a Tailhade en el caso de la denuncia de D’Alessandro.
Desde los medios hegemónicos de comunicación buscaron de manera incesante involucrar a Tailhade en este caso. Lo señalaron como el posible jefe de una presunta red de espionaje ilegal que integraría Zanchetta. Pero este último lunes esa operación se cayó. Martínez de Giorgi notificó a Tailhade de que Zanchetta había elaborado un informe sobre su persona: el “Informe reservado Tailhade”, de 64 páginas. Es decir, que él también fue una víctima del expolicía.
El diputado se hizo eco de ese informe en la red social X (exTwitter): “Martínez de Giorgi me permitió acceder a la data que juntó Zanchetta sobre mí, como el ‘Informe Reservado Tailhade’ de 64 páginas que escribió el 21-9-22, días después de contactarme por primera vez. Allí queda claro que yo no era su jefe. ¿A quién le envió ese informe entonces?”, se preguntó.
Tal como publicó este medio desde el momento que estalló el caso que involucra a Zanchetta, el listado de espiados que elaboró Pollicita no permite identificar una terminal política precisa. Aparecen como presuntos espiados desde Sergio Massa a Patricia Bullrich, desde Axel Kicillof hasta Javier Milei, desde Elisa Carrió a Máximo Kirchner. Hay jueces como Sebastián Casanello y Stornelli. También funcionarios macristas como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Guillermo junto a kirchneristas como Juan Martín Mena, Sergio Berni y Nicolás Kreplak. Los periodistas espiados van de Roberto Navarro a Luis Novaresio, pasando por Jorge Fontevecchia, Baby Etchecopar, Pablo Duggan y Claudio Savoia. Hay empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Tinelli y Alfredo Coto. También artistas de todas las ideologías, desde Teresa Parodi a Alfredo Casero. Fueron espiados Daniel Angelici y Juan Sebastián Verón y dirigentes sindicales. Varios de ellos se presentaron ante Martínez de Giorgi y pidieron ser querellantes. El juez resolvió que se le informe qué material había sobre cada pretenso querellante para definir si efectivamente fue espiado como considera Pollicita.
La hipótesis que trabaja el juez del caso es que Zanchetta habría sido un agente de inteligencia inorgánico que se abastecía de fuentes ilegales de información y traficaba lo que reunía con distintos clientes. Ahora que Stornelli fue respaldado en la causa es de esperar que el fiscal busque direccionar la acusación contra el kirchnerismo, una vez más.
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