El gobierno nacional decretó que los trabajadores ya no tendrán la obligación de aportar a las obras sociales del sector en que son empleados para que luego esos ingresos sean derivados a las Prepagas en caso de que así lo quieran. La decisión es un duro golpe para los sindicatos que perderán buena parte de su financiación y un beneficio para las prepagas que aumentarán su recaudación.
El aporte a las obras sociales se compone por un aporte del 3% del salario de los trabajadores y con un 6% por parte de los empleadores. La intermediación de las obras sociales permitían a los gremios quedarse con un 2% del aporte de cada trabajador.
"Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia, del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, a la entidad contratada oportunamente por el beneficiario a través del procedimiento de derivación de aportes", establece el decreto firmado por el Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud Roberto Luis Olivieri Pinto.
En un comunicado, la Superintendencia de Servicios de Salud argumentó la medida como parte del "reordenamiento del sistema" con el objetivo de que "todos los aportes" de los beneficiarios que actualmente se "triangulan" lleguen "de manera directa" a las empresas de medicina prepaga que eligen. "Esta medida pone fin a un sistema perverso diseñado para sacarle el dinero a los beneficiarios y alimentar cajas negras", indicó la Superintendencia, dependiente del Ministerio de Salud.
Para el Gobierno hay obras sociales "fantasma" y "sellos de goma"
Según la cartera de Salud, esta decisión provocará que "más de 1.300.000 titulares enviarán de manera directa sus aportes a su Agente del Seguro de Salud" y afectará a presuntos "sellos de goma" que "solo subsistían producto de la intermediación". "No podrán continuar con un negocio de más de 30 mil millones de pesos por mes", apuntaron.
De esta manera, el Poder Ejecutivo asegura haber puesto "fin a décadas de irregularidades y negociados en las triangulaciones entre Obras Sociales fantasmas y las Empresas de Medicina Prepaga, generando al beneficiario un ahorro ya que dejará de financiar el costo de la intermediación".
Para el caso de los beneficiarios que decidan permanecer en la Obra Social de origen, se detalló que tendrán "60 días para realizar el trámite en el sitio de la Superintendencia" y será la obra social elegida "quien deberá brindar las prestaciones de salud". "Esta medida histórica transparenta el sistema para siempre, permite que cada beneficiario sepa con claridad dónde destina sus aportes y deje de financiar cajas millonarias que no aportan valor y representaban el negocio de unos pocos", se indicó.
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