Durante su gestión al frente de la Secretaría de Comercio (2006-2013) Guillermo Moreno estableció una distinción informal de precios de productos que comunicó a las principales industrias y canales de comercialización de la Argentina: básicos, selectivos y premium. Los dos primeros, sometidos a controles rigurosos por parte del entonces funcionario y cuyos aumentos debía autorizar previamente, y el tercero sujeto al arbitrio de los privados. Fue uno de los mecanismos que ideó Moreno para controlar una inflación que comenzaba a ser un problema para el kirchnerismo y que signó integralmente esas gestiones. El esquema parece reeditarse en la administración libertaria pero con otro precio de la economía, los salarios.
Tal como anticipó la semana pasada El Destape, el equipo económico y de Capital Humano tomó la decisión de fijar como tope para los aumentos salariales de 2025 la variación inflacionaria. Esa pauta, que ya abrió conflictos en gremios insignia como el de Camioneros y Sanidad, está acompañada por un instructivo a los empleadores envueltos en paritarias: el Gobierno sólo autorizará subas de sueldos por encima de ese límite en caso de garantizarse que no habrá traslado a precios de esos ajustes. Como exigía Moreno pero bajo la premisa de que en este caso son los salarios los responsables de apuntalar o mantener a raya los precios de la canasta básica.
Al igual que con el exsecretario de Comercio kirchnerista la medida no reviste formalidad. Sin embargo la iniciativa tiene un anclaje administrativo que le augura mayor cumplimiento al momento de la revisión de los acuerdos paritarios. Se trata de la homologación, que consiste en la firma en la Secretaría de Trabajo que termina de darle fuerza de ley a un entendimiento entre partes. Sin ese paso cualquier acuerdo salarial puede ser impugnado por un empleador.
El mensaje que los funcionarios transmitieron a hombres de negocios y sindicalistas y confirmaron a este medio es que no habrá homologación para ningún acuerdo salarial por encima de la expectativa inflacionaria y en cambio se estimularán entendimientos superadores sólo por empresas o por regiones, sin obligatoriedad de cumplimiento para todos los empleadores de una misma actividad. Como excepción, sólo podrían validarse ajustes de sueldos por arriba de la inflación con un compromiso explícito de los empresarios de no trasladarlo a los precios de sus productos o servicios. Una distinción asimilable a la de "básico" o "selectivo" versus "premium", de Moreno.
El criterio alegado para homologar o no un aumento salarial se basa en una interpretación libertaria de la norma vigente para las convenciones colectivas de trabajo que establece, como "presupuesto esencial" para esa validación, que un acuerdo "no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general". Para la administración de Javier Milei, una suba de salarios podría, en ese sentido, comprometer el "interés general" si genera una suba de precios de bienes o servicios para compensarlo del lado patronal.
La rigidez gubernamental en esta premisa dinamitó la constitución de la demorada mesa tripartita de diálogo con la CGT y las cámaras empresarias reunidas en el G6. Esa convocatoria surgió del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entusiasmado por la resolución de la crisis interna de la central obrera derivada de la renuncia de Pablo Moyano y su reemplazo por Octavio Argüello en representación de Camioneros, tal como dispuso Hugo Moyano. De hecho la amenaza de no homologar paritarias terminó por juntar a dos habituales antagonistas de la CGT como Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano, ambos receptores de la misma advertencia por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El caso de Sanidad es el más ilustrativo: con un acuerdo salarial ya firmado con las cámaras que agrupan a clínicas y sanatorios y que ya se pagó en sus dos primeros meses de ejecución (se pactó una suba de 4% para octubre, de 3,8% para noviembre y 3,6% para diciembre, siempre sobre la base de los ingresos de septiembre) Trabajo denegó la homologación. La cartera laboral le brindó así un argumento a las empresas de salud renuentes a pagar las subas firmadas. Entre ellas, una clínica del sindicato de Petroleros de Neuquén en uno de esos episodios que integran el folclore de las internas de la CGT.
En Camioneros la negociación todavía está pendiente pero un principio de acuerdo con una de las dos cámaras de transportistas de cargas fue suficiente para que desde Economía y Trabajo se le comunicara al gremio que los parámetros expuestos no contarían con el aval oficial. Este jueves el sindicato anunció la realización de asambleas informativas en los lugares de trabajo para anoticiar a los afiliados del freno a las discusiones y al día siguiente la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria.
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